El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió ayer lunes a los poderes del Estado actuar con “mano de hierro” ante “delitos de odio” que asegura surgieron en protestas contra su cuestionada reelección, que dejaron 25 muertos y 192 heridos.
Maduro fue proclamado con 52 % de los votos para un tercer mandato de seis años. La oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, denunció fraude y reivindica su victoria en los comicios del 28 de julio, lo que el mandatario ha considerado una incitación a un “golpe de Estado” y una “guerra civil”.
“Exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio; mano de hierro y justicia severa”, dijo Maduro durante una reunión con autoridades.
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“¿Dónde están los autores intelectuales de esta violencia? ¿Dónde están los financistas de esta violencia? (...) ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor, la señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar?”, continuó.
González Urrutia, postulado en lugar de la inhabilitada Machado, apareció por última vez en público hace casi dos semanas, mientras la líder opositora se mantiene en la clandestinidad asegurando temer por su vida tras una “masiva represión” que ha dejado, según el gobierno, más de 2.200 detenidos.
Las protestas estallaron tras las denuncias opositoras de fraude. El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir a Maduro, no ha publicado hasta ahora el escrutinio detallado de la elección, alegando que su sistema fue jaqueado.
Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir “certificar” la elección, mientras Estados Unidos, países de América Latina y la Unión Europea (UE) han pedido la publicación de resultados pormenorizados.
Investigación exhaustiva
La oposición y Estados Unidos están dejando espacio a una mediación de los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia y México. Washington negó el lunes haberle ofrecido una amnistía a Maduro.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, conversó ayer lunes con el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, para agradecer sus “esfuerzos para facilitar un diálogo”, según el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel.
“Discutieron la necesidad de que las autoridades electorales en Venezuela publiquen resultados transparentes, por mesa de votación”, agregó el vocero, que destacó que la “región debe hablar con una sola voz (...), a fin de presionar a Venezuela para que regrese al camino democrático”.
Las protestas dejaron un saldo oficial de 25 muertes -incluidos dos militares- y 192 heridos, según el fiscal general, Tarek William Saab. La cifra coincide con la divulgada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que daban cuenta de 24 muertes en un contexto que denunciaban como una “escalada represiva”.
Saab responsabilizó a la oposición por las muertes, mientras mostraba fotografías de algunos de los fallecidos. La mayoría murió por impactos de bala entre el 29 y 30 de julio.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado.
Venezuela desconoce esta instancia. La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que lleva años investigando a Venezuela por denuncias de violaciones a derechos humanos, también anunció “que sigue activamente los acontecimientos actuales y recibió numerosos informes de violencia y otras denuncias tras las elecciones”.
Redes sociales
Maduro insiste ser blanco de un “golpe de Estado ciberfascista” al tiempo que el Parlamento, controlado por el chavismo, impulsa una regulación para las redes sociales.
La iniciativa forma parte de un paquete de leyes que impulsa Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, que incluye además una para regular oenegés y otra para castigar el “fascismo”, término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores.
“Venezuela necesita reglamentar el funcionamiento de las redes sociales”, expresó Rodríguez. Maduro ya suspendió por 10 días la red social X tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo. El plazo termina en principio el lunes 19 de agosto.
Fuente: AFP