La Fiscalía de Venezuela abrió ayer lunes una investigación penal contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por presunta “instigación a la insurrección”, luego de que exhortaran a los militares a ponerse “del lado del pueblo” entre denuncias de fraude en las presidenciales.

El alto mando de la Fuerza Armada ha expresado su “apoyo incondicional” y “lealtad absoluta” al presidente Nicolás Maduro y rápido reconoció la proclamación del gobernante de izquierda para un tercer mandato de seis años.

“Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen del lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses”, señaló una carta abierta suscrita por Machado y González Urrutia, quien firmó como “presidente electo”.

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Pedían en la misiva cesar la “represión” de protestas. La Fiscalía anunció poco después la apertura de una investigación contra los dirigentes por “abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes”. Se les acusa también, entre otros delitos, de “usurpación de funciones” e “instigación a la insurrección”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al chavismo, proclamó a Maduro como presidente reelecto con 52 % de los votos frente a 43 % de González Urrutia.

Horas después del primer boletín, estallaron manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas del orden, y que dejaron al menos 11 civiles fallecidos, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos.

Maduro informó de que hay más de 2.000 detenidos, indicó que dos militares han muerto y sostiene que las protestas forman parte de un plan para derrocarlo. “Los venezolanos no somos enemigos de la FAN (Fuerza Armada)”, señalaron los opositores en su carta.

Machado anunció el jueves pasado que pasó a la clandestinidad por temor a su vida, aunque hizo una aparición sorpresiva en una manifestación el sábado en Caracas con miles de seguidores. Maduro ha pedido cárcel para ella y González, quien no ha sido visto en público desde el martes pasado.

La oposición insiste en tener las pruebas que demuestran que hubo un fraude el 28 de julio y exige al CNE que publique las actas de votación, un pedido que también hacen muchos países, que reclaman un escrutinio más transparente.

Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también de línea oficialista, para pedirle “certificar” la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente. El jefe del CNE, Elvis Amoroso, consignó ayer lunes “todo lo solicitado” por el TSJ: actas de escrutinio de las mesas electorales, el acta de totalización definitiva y copia de la proclamación de Maduro.

Minutos después, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, anunció que comenzará “el proceso de peritaje” del material consignado por un lapso de hasta 15 días que puede ser “prorrogable”. El TSJ citó a los candidatos y representantes de partidos para consignar y “responder las preguntas” con relación a la causa. González Urrutia deberá acudir el miércoles y Maduro el viernes.

El CNE no ha publicado el detalle del resultado de la elección del 28 de julio. Su web no funciona desde entonces y alega que su sistema fue jaqueado, lo que expertos desestiman.

En paralelo, centenares de seguidores de Maduro marcharon bajo la lluvia hasta el palacio presidencial de Miraflores. “O estás con la violencia o con la paz, o estás con los fascistas o con la patria”, lanzó el gobernante, que llamó a boicotear la aplicación de mensajería WhatsApp.

“La están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre”, zanjó. El mandatario ya había denunciado que las redes sociales están siendo utilizadas para promover “división” y “odio” entre los venezolanos y señaló directamente a Instagram y TikTok.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su apoyo a “la aspiración del pueblo venezolano a una elección transparente” después de una conversación telefónica con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Esta exigencia está en el corazón de cualquier democracia”, afirmó. Lula llamó luego “a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición” durante una reunión con el mandatario chileno, Gabriel Boric, en Santiago.

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Boric calificó el anuncio de una investigación contra Machado y González como “persecución penal”. Brasil, México y Colombia impulsan un acuerdo político. Estados Unidos insistió en pedir la publicación del recuento de votos e instó “a iniciar conversaciones sobre una transición pacífica de regreso a las normas democráticas”, declaró Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.

Estados Unidos no reconoce los resultados, al igual que la Unión Europea y otros países latinoamericanos. El canciller venezolano, Yván Gil, dijo que la declaración de Washington “deja en evidencia que está al frente del intento de golpe de Estado”.

Fuente: AFP