Chile anunció ayer jueves que reforzará su frontera norte y buscará coordinarse con otros países para hacer frente a una esperada nueva ola migratoria desde Venezuela tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, que la oposición denuncia como un fraude. “Hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso ciertamente tenemos que prepararnos”, declaró a periodistas la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El nuevo flujo de migrantes “no es algo que va a pasar en las próximas horas, pero podría pasar en las próximas semanas y meses y para eso tenemos que prepararnos y no prepararnos solos, sino que coordinarnos con otros países”, agregó la ministra. Chile cuenta con una frontera de casi 1.000 km de extensión en el norte del país, donde limita con Perú y Bolivia. En febrero de 2023, el país desplegó militares en la zona en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, arribó el jueves a la ciudad de Iquique, (1.800 km al norte de la capital Santiago), para visitar la localidad altiplánica de Colchane, un pequeño poblado andino en la frontera con Bolivia que es el punto más utilizado por los extranjeros para ingresar a Chile. Monsalve anunció un refuerzo de patrullajes en toda la franja fronteriza con un aumento del personal militar desplegado en la zona y de una segunda línea de control en las carreteras que conducen a las distintas ciudades chilenas.

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“Lo primero, es dotar de mayores medios a las fuerzas que están operando en la frontera”, afirmó. También, adelantó que se anticipará la compra de equipamiento y mejorará la capacidad de vigilancia aérea con drones y nuevas cámaras. Chile y otros gobiernos de la región temen una nueva llegada masiva de venezolanos tras la reelección del presidente Maduro, cuestionada por la oposición, luego de que 7,5 millones de personas dejaran este país caribeño durante la última década, según estimaciones de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Según las estimaciones de Naciones Unidas, rechazadas por el gobierno de Maduro, los cinco países de Latinoamérica con mayor número de migrantes de Venezuela son Colombia (2,8 millones), Perú (1,5 millones), Brasil (568.000), Chile (532.000) y Ecuador (444.000).

“No se ve la luz al final del túnel. Me voy”, dice con decepción José Vásquez en Táchira, estado de Venezuela fronterizo con Colombia, tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, que la oposición denuncia como un fraude. Gobiernos de la región temen que venezolanos como él puedan integrar una nueva oleada migratoria, luego de que 7,5 millones de personas dejaran este país caribeño durante la última década para huir de una voraz crisis, según estimaciones de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

“Estoy triste, cansado, aburrido. Fue un robo descarado”, lamenta Vásquez, de 31 años, quien estudió Educación, pero es vendedor de un local comercial en San Cristóbal, capital de Táchira, por los bajos salarios de los profesores, que, sostiene, “no sirven para nada”.

“Todo el mundo sabe lo que va a pasar: la gente de mi edad y la que es más jovencita se va a ir. Va a haber una fuga migratoria gigantesca. La diáspora va a ser mayor”, comenta sentado en la céntrica plaza Bolívar de esta ciudad, área de intensa actividad comercial que la mañana del lunes pasado, horas después de la votación, estaba prácticamente desierta por el temor a disturbios en una región en la que hubo violentas protestas en 2014, 2017 y 2019.

“Hay zozobra, incertidumbre”, expresa mientras apunta con la mano hacia las rejas bajadas de los locales aledaños. Vásquez piensa en irse a España, donde familiares directos viven desde hace diez años. “Yo tenía esperanzas en este proceso electoral (...), ahora hay que pensar alternativas”, indica.

Antes de los comicios, la encuestadora ORC Consultores proyectaba que 18% de los venezolanos estaría dispuesto a migrar en un plazo de seis meses si Maduro conservaba el poder. Sobre una población de unos 30 millones -el último censo fue en 2011-, serían 5,4 millones de personas.

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A poco más de una hora por carretera de San Cristóbal está San Antonio, habitual punto de partida de los migrantes que salen a pie hacia Estados Unidos con la idea de cruzar la selva del Darién, peligroso corredor entre Colombia y Panamá. “Yo creo, ojalá me equivoque, que el flujo de venezolanos (por el Darién) va a aumentar por razones evidentes. Tenemos que adoptar las decisiones que correspondan también para salvaguardar su vida, su integridad y darle paso expedito”, dijo en rueda de prensa el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Unos 200.000 migrantes han hecho esta travesía en 2024, según cifras oficiales. Cerca de dos tercios eran venezolanos. Es un tema central en la campaña presidencial de Estados Unidos, sobre todo para Donald Trump, que busca volver a la Casa Blanca con un discurso antiinmigrantes aún más fuerte que en su primer mandato (2017-2021).

Ya el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá anunció que las medidas de seguridad serán reforzadas en la zona. El independiente Observatorio de Investigaciones Sociales en la Frontera (ODISEF), en Táchira, advierte en un informe sobre la “vulnerabilidad” de los migrantes que cruzan a pie frente a redes de tráfico humano y organizaciones criminales. 

Según las estimaciones de Naciones Unidas, que el gobierno de Maduro rechaza, los cinco países de Latinoamérica con mayor número de migrantes de Venezuela son Colombia (2,8 millones), Perú (1,5 millones), Brasil (568.000), Chile (532.000) y Ecuador (444.000).

“La ola migratoria no se ha detenido en ningún minuto”, pero “hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso tenemos que prepararnos”, dijo a la prensa este miércoles la vicepresidenta de Chile y ministra de Interior, Carolina Tohá. Perú, en tanto, anunció que reforzó sus controles migratorios.

“No podemos acoger (a migrantes) en las magnitudes del anterior éxodo”, advirtió el canciller peruano, Javier González-Olaechea, en declaraciones a la radio RPP. Estados Unidos y varios países latinoamericanos han pedido a Venezuela divulgar las actas de votación para que puedan ser verificadas frente a las denuncias de fraude de la oposición.

Fuente: AFP.