La Justicia de Ecuador condenó ayer viernes a 34 años y ocho meses de cárcel a los líderes de la organización criminal ecuatoriana Los Lobos, Carlos Angulo y Laura Castillo, como autores del asesinato en agosto de 2023 del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio.
Tras ocho días de juicio, el Tribunal declaró por unanimidad a Angulo y Castillo culpables de un delito de “asesinato con agravantes”, por el que cada uno deberá reparar a las víctimas con una indemnización de 100.000 dólares. A este respecto, según apunta el diario ‘La Hora’, el 90 % será destinado a las acusaciones particulares y el resto a dividir entre las víctimas indirectas.
Por otra parte, los otros tres miembros de Los Lobos implicados en el caso, Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Elizabeth Chimbo, fueron condenados a doce años de prisión y a una indemnización de 33.000 dólares cada uno, como cómplices del asesinato del candidato presidencial.
No obstante, esta sentencia es de primera instancia, por lo que puede ser apelada, informó el diario. El asesinato de Villavicencio tuvo lugar el 9 de agosto de 2023, apenas diez días antes de la primera vuelta de unas elecciones que finalmente se llevaría en segunda ronda Daniel Noboa.
El pasado mayo, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, denunció ser objetivo de los asesinos de Villavicencio, que también habrían sido “contratados” para matarla, agregando que “aún tratan de cumplir ese acuerdo”.
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Fuente: Europa Press
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Existen 369 denuncias de lavado de dinero y solo un 5 % tiene condena
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, informó ayer a la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y Otros Delitos Conexos sobre la inmensa cantidad de denuncias o carpetas, 369, que existen ante el Ministerio Público con relación a lavado de dinero y resaltó que solo el 5 % tiene condena.
Así informó el senador Gustavo Leite, miembro de la comisión, tras la reunión reservada que sostuvieron con el titular del Ministerio Público.
“Creo que tenemos avanzada la película. Hay 369 carpetas fiscales que tratan de lavado de dinero. Ahora ya sabemos la magnitud del monstruo en los últimos diez años”, indicó el senador Leite.
Luego agregó que, “no hablamos de montos, estamos hablando de delitos penales, lo que sí nos dijo el fiscal general del Estado es que el ratio que ellos tienen es del 5 %, es decir, 5 % llegan a condena”.
Leite agregó que ahora falta investigar si de esas 369 causas potenciales, cuántos reportes de operaciones sospechosas hacen los bancos, cuántos se convierten en carpeta de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas llegan a la Fiscalía.
DNIT PIDE PLAZO DE 10 DÍAS
Por su parte, el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, dijo que existen 6.600 organizaciones no gubernamentales (oenegés) que mensualmente presentan su rendición de cuentas ante la DNIT. Ante la cantidad de oenegés registradas y teniendo en cuenta la reserva legal que tienen para dar algunos datos financieros, Orué manifestó que pidió a la Comisión Antilavado un plazo de 10 días para entregar los informes sobre los montos que manejan estos órganos sin fines de lucros.
Sobre las oenegés, el senador Leite dijo que llama la atención que de 12 mil organizaciones sin fines de lucro que existen en el país, solo unas 6 mil tengan sus documentaciones en regla.
“Nos llama la atención de que el Ministerio de Economía y Finanzas no haya multado a ninguna, o sea tenemos un problema de acciones correctivas. Y le dijimos a las personas responsables para que nos diga cómo podemos ayudar, si qué necesitan para un mejor control”, indicó.
La Comisión Bicameral Antilavado realizó en la mañana de ayer su segundo día de gestión y escucharon al Fiscal General, Rolón Fernández; al director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, y a la directora general de Personas Jurídicas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía, María del Carmen Benítez Alcaraz.
El senador Leite dijo que la próxima sesión de la Comisión será el próximo 23 de setiembre, donde estarían convocando al contralor general del Estado, Camilo Benítez. Sobre la continuidad del ahora cuestionado diputado Jatar Fernández como miembro de la Comisión Bicameral, manifestó que eso es competencia de la Cámara Baja designar o mantener a sus representantes.
JUNTOS POR LA EDUCACIÓN SE RESISTE A RENDIR CUENTAS
El presidente de la Comisión Antilavado, Dionisio Amarilla, dijo ayer que existen algunas oenegés que se resisten a brindar informes de su gestión. Citó a la organización Juntos para la Educación, sociedad civil integrada por empresarios para contribuir con el desarrollo de una educación pública inclusiva e integral.
“En el tema de las oenegés estamos prácticamente en la fase de cierre. Algunas son renuentes a informar, nosotros circularizamos diligencias a Juntos por la Educación a la OEI, y son renuentes, envían datos de manera parcial, sin sumatorias”, indicó el senador Amarilla.
Al ser consultado sobre los motivos, el presidente de la comisión dijo que desconoce y que deberían de dar todos los datos teniendo en cuenta el volumen de fondos que reciben.
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Fiscalía de Colombia designa a Juan Pablo Fajardo como nuevo fiscal en el caso Pecci
Este miércoles se informó que la titular del Ministerio Público de Colombia, Luz Adriana Camargo, designó al fiscal Juan Pablo Fajardo Lanza para dar continuidad a las investigaciones en torno al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, perpetrado el 10 de mayo del 2022 en la isla Barú, Cartagena.
El fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales reemplazará a su colega Mario Burgos, quien inicialmente lideraba el proceso y pasará de acuerdo a las publicaciones de los medios colombianos a cumplir funciones en la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente.
En las publicaciones periodísticas realizadas por “W Radio” también se hace referencia que Fajardo Lanza cuenta con una “amplia y exitosa” trayectoria en investigación criminal. Agrega además que la designación del nuevo agente fiscal surge en momentos en los que Adriana Camargo anunció que “se meterá el acelerador” para garantizar que los actores intelectuales del crimen sean sometidos a la justicia.
“Yo no desconozco los importantes avances que el caso ha tenido, pero también queremos avanzarlo un poco, porque los avances han sido muy referidos a los autores materiales y queremos avanzar hacia los determinadores (…). Es lo que yo considero es el déficit que en este momento tenemos de atención en ese caso y el que queremos cubrir a través de este equipo de investigación”, sostuvo.
Ayer martes el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, mantuvo una reunión virtual con Camargo con la finalidad de acelerar los procesos para la conformación de un equipo conjunto de investigación (ECI) y a la vez potenciar un mecanismo de lucha efectiva contra la criminalidad organizada transnacional.
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Caso Pecci: fiscales generales de Colombia y Paraguay mantuvieron una reunión virtual
El Ministerio Público informó que su titular, Emiliano Rolón, mantuvo este martes una reunión virtual con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, con el fin de acelerar los procesos para la conformación de un equipo conjunto de investigación en torno al asesinato de Marcelo Pecci Albertini, perpetrado en mayo del 2022 en la isla Barú, Colombia.
Mediante un comunicado se argumentó que se mantuvo un “constructivo diálogo de cooperación internacional entre ambos Ministerio Públicos en la iniciativa conjunta de potenciar mecanismo de lucha efectiva contra la criminalidad organizada transnacional, con el especial énfasis en las investigaciones bilaterales del crimen del exfiscal Pecci”.
La nota señala además que tanto Rolón y Camargo Garzón, acompañados por sus respectivos equipos técnicos “destacaron la importancia y la necesidad acuciante de lograr mayores avances en el desarrollo de la fase investigativa vinculada con los instigadores (determinadores o autores intelectuales) del magnicidio del fiscal paraguayo y extendieron el aval conjunto para adelantar los procesos de suscripción del acuerdo internacional constitutivo del Equipo Conjunto de Investigación (ECI)”.
Refiere además, que la operatividad del citado equipo conjunto será ajustado por una mesa de trabajo entre los equipos técnicos de ambas entidades, quienes definirán la hoja de ruta y el cronograma del proceso de negociación.
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Agrega que el desarrollo de estas actividades será impulsado y coordinado por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía paraguaya, a cargo del agente fiscal Manuel Doldán Breuer, junto con su homóloga de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana, Adriana Mercado Cruz.
“Ambos ya están programando la reunión conjunta de los fiscales que formarán parte del ECI por ambos países. Se prevé que el Cuerpo Técnico de Investigación (Policía Judicial colombiana) y el Departamento contra el Crimen Organizado (Policía Nacional paraguaya) integren el ECI”, refiere el documento.
Por otra parte, sostiene que los titulares de ambos Ministerios Públicos advirtieron la alta complejidad de la investigación del crimen de Pecci y exteriorizaron que el ECI “es de fundamental importancia para evitar la multiplicidad de libramientos de exhortos de cooperación internacional y para trabajar de manera coordinada y directa en el diseño de las mejores estrategias en las investigaciones abiertas en ambos países para lograr la identificación y enjuiciamiento de los verdaderos responsables del crimen de Barú”.
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Frustran atentado con dron bomba contra cárcel de máxima seguridad en Ecuador
Un atentado con dron bomba contra la cárcel de máxima seguridad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, en la que están mafiosos y políticos acusados de corrupción, fue frustrado el jueves sin dejar víctimas, informaron autoridades.
Un “dron de uso agrícola que tenía en su interior una carga explosiva” de 40 libras fue desactivado mediante una explosión controlada, dijo el comandante de la Policía, general Víctor Hugo Zárate, en rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo. “Se trataba de un artefacto explosivo improvisado”, agregó.
El aparato estaba posado sobre el techo rojo del reclusorio y al estallar destruyó parte del mismo, según imágenes aéreas de la AFP. Zárate señaló que antes de la desactivación, los 78 presos fueron trasladados a un sitio seguro de la misma cárcel y que “la situación se encuentra controlada”.
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El denominado Bloque de Seguridad, integrado por la Policía y Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico, informó previamente en un comunicado que impidió un “atentado” que pretendía “inhabilitar” la cárcel conocida como La Roca, con capacidad para un centenar de reclusos y que forma parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil (suroeste).
Allí se encuentran jefes de bandas criminales y políticos acusados de corrupción como el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue detenido en abril pasado mediante un asalto de policías a la embajada de México en Quito, donde estaba asilado. El hecho derivó en la ruptura de relaciones entre ambas naciones.
“Tenemos la sospecha de que la intención detrás de este atentado era el provocar el traslado de los ppl’s (personas privadas de la libertad) fuera de La Roca, hacia otros centros penitenciarios”, manifestó a su vez el ministro Loffredo. En setiembre de 2023, la fuerza pública detonó de manera controlada otro dron cargado de explosivos que aterrizó sobre La Roca, sin dejar víctimas.
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Las prisiones de Ecuador, que se transformaron en centros de operaciones del crimen, están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco y desplegó a los militares a las calles para neutralizar a una veintena de organizaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.
En esa cárcel también estuvo preso el ecuatoriano Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe del grupo criminal Los Choneros que escapó de la cárcel y continúa sin ser localizado. Macías había amenazado de muerte al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado por sicarios colombianos en agosto de 2023 cuando salía de un mitin electoral en el norte de Quito.
En 2021 ya se había producido otro ataque con dron dotado de explosivos contra el gran complejo penitenciario de Guayaquil, que ha sido escenario de cruentas masacres por enfrentamientos entre reclusos de bandas narcotraficantes con saldo de más de 460 muertos desde 2021.
Fuente: AFP.