Por Yanahin Ojeda.

En Buenos Aires, al conductor de una plataforma de viajes le quitaron su motocicleta y fue multado por llevar a una pasajera alcoholizada. El caso fue la noticia de Año Nuevo en Argentina, ya que ocurrió la mañana del miércoles 1 de enero, y señaló un vacío legal para este tipo de trabajadores… mientras que su acompañante se fue tranquilamente a su casa. ¿Qué hubiera pasado en Paraguay?

El viceministro de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), Félix Hernán Jiménez Castro, comentó a La Nación/Nación Media cuáles son las leyes y procedimientos para tener en cuenta, luego de la viralización del caso que ocurrió en el barrio de Palermo y afectó a Ciro Rodrigo, un joven de 19 años que llevaba menos de un mes trabajando como chofer de una app en la capital argentina.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el límite permitido de alcohol en sangre es de 0,20 g/l (gramos por litro) para el motociclista y de 0,50 g/l para el acompañante. Ciro dio negativo al control de alcoholemia, pero su pasajera, a la que le preguntó si había bebido y le dijo que no, resultó con un nivel de alcohol en sangre de 0,90 g/l. El legislador porteño Ramiro Marra intervino para que el joven recuperara su moto y prometió actualizar la normativa.

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“La tolerancia cero al alcohol para los conductores. Las multas por conducir con 0,40 gramos de alcohol por litro de sangre van de 10 a 20 jornales mínimos. Si la lectura es mayor, el caso se traslada a la Fiscalía, pero no aplica para el acompañante; y sí, efectivamente la responsabilidad recae solo al conductor”, explicó Jiménez, citando el artículo 112 de la Ley de Tránsito, n.º 5016, vigente desde el 16 de mayo de 2014. Dichas multas van desde 1.076.270 guaraníes hasta 2.152.540 guaraníes.

Sobre el servicio de transporte por aplicativos, el viceministro dijo a LN: “En cuanto al transporte tercerizado en motocicletas no hay una reglamentación que regule específicamente este servicio, más bien se rige por lo que establece la Ley n.º 5016/2024″. En ese marco se incluyen los requisitos obligatorios para la expedición o renovación de las licencias de conducir para motociclistas, en el artículo 25, que abarcan un examen médico psicofísico, conocimientos de tránsito y de primeros auxilios.

Jiménez refirió que los municipios suelen tener, a través de ordenanzas, mayores requerimientos para los conductores de ejercicio profesional como los mototaxis o los taxis, en relación a los conductores convencionales; como, por ejemplo, los taxistas deben conducir contar con licencias de categoría superior, que no solo baste con la particular.

“En el caso de las plataformas digitales, normalmente son intermediación entre usuarios, escapa a lo que es el control del Estado. Entonces. que tengan o no seguro depende de la plataforma para habilitarlo como choferes intermediadores. La recomendación de la Agencia Nacional es que todos los vehículos cuenten con seguros, sobre todo contra terceros”, agregó el viceministro a Nación Media.

De igual manera, considera que se necesita actualizar la legislación para abordar temas particulares sobre el transporte tercerizado. “La Ley ya cumplió 10 años y creemos que es necesaria hacer una revisión, no solamente en los artículos que compete a los motociclistas, ya que el tema de la seguridad vial es tan dinámico que tenemos que ir adaptándonos a los casos”, resaltó el viceministro Jiménez.

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La Ley n.º 5016, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, dedica su capítulo II a las “Reglas para bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas”, con diez artículos, del 70 al 79. También establece en el artículo 69 que el límite de velocidad para motocicletas es de 90 kilómetros por hora en zona rural, y de 40 km/h en zona urbana; y el artículo 95 fija el seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

El inciso i del artículo 113, sobre faltas gravísimas, aplica a los motociclistas y acompañantes exigiendo que utilicen correctamente el caso y el chaleco reflectivo. Generalmente, en las calles se ven a personas andando en moto con el caso puesto en el brazo, con tres o más ocupantes, invadiendo la vereda, o transportando puertas, un TV plasma o garrafas… Todo lo que la ley dice que no debe hacerse:

Artículo 70.- Reglas generales. Los conductores de bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, además de observar las normas generales de la circulación y las establecidas para los demás vehículos, transitarán con arreglo a las disposiciones especiales contenidas en el presente capítulo.

Artículo 71.- Reglas especiales. El conductor que guíe por las vías públicas ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, tendrá derecho al pleno uso del carril de circulación de la derecha.

Queda prohibido que circulen por un mismo carril más de dos bicicletas, ciclomotores o motocicletas, una al lado de otra, o sus conductores asidos de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores.

Estos vehículos no circularán entre carriles ni entre filas de vehículos, debiendo conservar la respectiva fila.

Artículo 72.- Número de ocupantes. Estos vehículos, con excepción de las motocargas, no serán utilizados para llevar más de dos personas, incluido el conductor.

Los conductores de ciclomotores, motocicletas, triciclones y cuatriciclones, no podrán llevar como acompañante un niño menor de 12 (doce) años.

Está prohibido llevar acompañante alguno en las motocargas.

Artículo 73.- Circulación por carriles especiales. Cuando circulen por los carriles especialmente demarcados para esta clase de vehículos, no podrán salir de ellos y los demás vehículos no podrán ocupar tales carriles.

Artículo 74.- Objetos transportables. No se llevarán en estos vehículos objetos o elementos que impidan al conductor mantener ambas manos en el manubrio, así como la estabilidad y el adecuado control del vehículo.

Artículo 75.- Circulación por las aceras. Queda prohibida la circulación de ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas por las aceras y paseos públicos destinados exclusivamente a los peatones.

Artículo 76.- Uso obligatorio de casco y chaleco reflectivo. Los ocupantes de ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, deberán llevar puesto el casco reglamentario y normalizado que cubra toda la cabeza, con excepción del rostro. El casco deberá contar con material reflectivo y el número de matrícula de la motocicleta grabado en la parte externa inferior. Además, deberá estar debidamente sujeto por la cinta de retención o barbijo abrochado.

Asimismo, los ocupantes llevarán puesto, en todo momento, un chaleco reflectivo homologado o certificado, según las normas de seguridad vigentes, cuya visibilidad no deberá ser obstaculizada por otra prenda u objeto.

Los ciclistas al momento de la circulación deberán utilizar un casco reglamentario y normalizado por la autoridad competente.

Artículo 77.- Escape libre. Se prohíbe circular con ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas con escape libre o desprovisto de silenciador, que controle o limite la generación de ruidos.

Artículo 78.- Material reflectivo. Los ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, deberán contar con material adhesivo reflectivo en su parte trasera, conforme a la normativa vigente.

Las bicicletas estarán equipadas con elementos reflectivos en pedales, ruedas y en su parte trasera para facilitar su detección durante la noche.

Artículo 79.- Encendido de luces. Los ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, deberán circular permanentemente con las luces encendidas.

El gobierno argentino ha aprobado por decreto la eliminación de los programas científicos “que no aporten al crecimiento del país” y redirigir estos recursos hacia sectores prioritarios como agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación en salud.

La Resolución 2025/10 establece la “eliminación de los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes” y redirigirlos hacia “áreas estratégicas”. En concreto enumera 70 programas con un coste total de 1.867.449.931 pesos (unos 1,7 millones de dólares).

“Hay un ataque claro al sistema científico argentino. No solo consideran que constituimos un gasto inútil, sino que nos tratan de delincuentes. Esto va a afectar a los investigadores, a otros organismos estatales y a las propias universidades. Paralizan todo, a través de medidas que no se entienden muy bien”, se ha lamentado Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y bioinformático del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en declaraciones al diario argentino ‘Página 12′.

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“Es muy loco: pagan salarios y el funcionamiento de los institutos, pero no habrá plata para trabajar. Te empujan a conseguir financiamiento externo, cuando no es nada fácil”, ha añadido.

El último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), la inversión del Estado en ciencia y tecnología cayó un 32,9 % en 2024. Con estos recortes, la inversión en ciencia cae hasta el 0,208 % del PIB argentino.

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El presupuesto destinado del Conicet, principal organismo de ciencia y tecnología del país, en el gobierno de Javier Milei descendió un 20 %. También han recortado gastos la Comisión Nacional de Energía Atómica (29 %) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 23,6 %). Asimismo, la inversión del Estado en Educación cayó un 43,8 % en 2024 y las universidades públicas perdieron un 25 % de su presupuesto en términos reales.

Fuente: Europa Press

Este viernes arrancó el Operativo Verano 2025 en la ciudad de San Bernardino, donde se realizaron controles y para prevenir hechos punibles en la zona. Esta medida se desarrollará teniendo en cuenta que en la temporada veraniega una mayor cantidad de personas se agolpa hacia la ciudad, por lo que planean desplegar unos 500 efectivos de la Policía Nacional.

El lanzamiento oficial del operativo se realizó hoy viernes en la playa Municipal de la ciudad de San Bernardino, en el departamento de Cordillera. Se prevé que los efectivos salgan a las calles para brindar seguridad a la ciudadanía que visite la ciudad veraniega.

“Se va a hacer prevención y se tendrán 500 policías que van a estar 24 horas los siete días de la semana acá, para cubrir eventos sociales como conciertos, recorrido en las playas, en zona de supermercados, cajeros, bancos, entre otros”, explicó el ministro del Interior Enrique Riera, durante la presentación.

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Detalló que los agentes no podrán ingresar a los conciertos porque se trata de eventos privados, pero estarán en las inmediaciones para realizar patrullaje en el perímetro de los mismos. “Estas organizaciones tienen sus guardias privados, pero tenemos un plan para prevención de drogas en este tipo de encuentros con personal que estará encubierto”, apuntó.

Aseguró que el año pasado solo contaron con 300 efectivos de la policía para cubrir la zona, pero con el egreso de los 5.000 efectivos en el 2024 se pudo aumentar el personal que realizará su trabajo en San Bernardino para brindar mayor seguridad a la población.

Estos agentes de la policía realizarán patrullaje junto con la comisaría local con patrulleras y motos; policía Montada, Grupo Lince que desplegará más 80 efectivos, en pos de prevenir y evitar hechos punibles: hurtos o robos de casas, bancos, financieras, gasolineras, locales comerciales, gastronómicos, entre otros.

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Una enfermera acusada de matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino en 2022 declaró ayer martes en la segunda audiencia del juicio en su contra que “no tienen pruebas” de su responsabilidad, reportaron medios locales.

Brenda Agüero, de 29 años, compareció por primera vez en el proceso que se inició el lunes en un tribunal de Córdoba (centro) y que tiene también a otros 10 imputados, entre exfuncionarios y profesionales de la salud.

“Las muertes de los bebés existieron. No lo voy a negar. No pueden bombardearme a mí cuando no tienen pruebas. La Justicia tiene que ser justa”, dijo la imputada en uno de los pasajes de la indagatoria en la que, por consejo de su abogado, no respondió preguntas sobre la investigación.

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En cambio, durante unos 45 minutos se limitó a hacer declaraciones sobre su vida personal y su vocación, y criticó en repetidas ocasiones a los medios de comunicación por la cobertura de su rol en el caso. “Los periodistas se encargaron de hacerle creer al público una imagen de asesino serial”, señaló.

La enfermera está acusada por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado” por inyectarle “una sustancia no compatible con la vida”, como potasio o insulina, a bebés recién nacidos del hospital Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba.

En el código penal argentino, el agravante de la “insidia” se aplica en casos en que el victimario recurre un engaño o artificio para cometer el daño. De ser encontrada culpable, Agüero podría ser sentenciada a la pena de prisión perpetua.

De acuerdo con la investigación, todos los casos ocurrieron entre marzo y junio de 2022. Los bebés fallecidos habían nacido sanos y sus madres gozaban de buena salud en el momento del parto.

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El proceso judicial abarca un total 13 casos, los cinco fallecidos y ocho recién nacidos que se salvaron por el rápido accionar del equipo médico del hospital.

En el juicio, que resolverá un jurado popular y demorará al menos seis meses, los demás acusados responderán por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes.

Entre ellos, se encuentran un exministro y un exsecretario de Salud de Córdoba, además de la exdirectora del hospital.

El caso, ocurrido en el servicio de neonatología del principal centro de salud materno infantil de la provincia, conmocionó a la opinión pública.

Fuente: AFP.