Bolivia desplegó militares en estaciones de gasolina y diésel en todo el país para combatir el contrabando de esos combustibles que importa y vende a precios subsidiados. El gobierno de Luis Arce movilizó un contingente de 880 soldados para vigilar 120 puntos de distribución, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas, junto a funcionarios de la estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Según datos de la ANH, en Bolivia hay instaladas unas 700 gasolineras. La medida apunta a “establecer el control de diferentes estaciones de servicio (de gasolina y diésel) en áreas urbanas, como también en la frontera del país, con efectivos militares”, sostuvo Vargas en la ciudad de Tarija, en límites con Argentina.
Con “las Fuerzas Armadas hemos comenzado a realizar un control más estricto, principalmente con lo que se ha denominado el contrabando”, añadió. Bolivia enfrenta una escasez periódica en la provisión de combustibles, por cuenta, según las autoridades, de la excesiva demanda que desatan rumores en redes sociales sobre una supuesta insuficiencia de esos recursos.
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De acuerdo con el Viceministerio de Hidrocarburos, el país suramericano consume por día unos 7 millones de litros de diésel y unos 6 millones de gasolina. Importa un 70 % de ese primer carburante y un 50 % del segundo. Bolivia, además, subvenciona la importación de combustibles. En 2023 destinó 1.100 millones de dólares y para 2024 presupuestó 1.408 millones. Ese gasto significó una caída de sus reservas internacionales, que a mayo pasado llegó a 1.796 millones de dólares, tras trepar en 2014 a 15.122 millones.
A la par, hay en el país una escasez de dólares en el sistema bancario y las mismas empresas importadoras de combustible se quejan de dificultades para la compra de carburantes en Argentina, Paraguay y Chile. Los problemas en la distribución y falta de la moneda estadounidense provocaron el malestar de los transportistas, quienes anunciaron que el 17 de junio comenzarán protestas y bloqueos de caminos y el cierre de las vías internacionales.
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Fuente: AFP.
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Senador aboga por inmediata sanción de ley para combatir el tráfico de armas
El senador Sergio Roberto Rojas Sosa, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, requirió una profunda investigación al esquema que involucra a 46 militares y 55 policías en el tráfico de armas para grupos criminales brasileños. El legislador abogó por la inmediata sanción del proyecto de ley que regula la utilización de armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos, que ya cuenta con aprobación del Senado desde el 25 de setiembre pasado.
“Es una práctica muy común que los policiales y militares adquieran armas y después denuncian como robadas. Esto es una práctica muy común que si se investiga a profundidad pueden aparecer más nombres de otras autoridades”, comentó el congresista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a los medios de comunicación. Rojas sostuvo que la Policía Federal del Brasil manejaría informaciones sobre esta red de armatráfico destapada tras el procedimiento en un comercio en Asunción, ayer lunes.
“Espero que el Gobierno sea implacable, se debe investigar profundamente. Podemos tener más sorpresas, hay un informe de la Federal que ha llegado, tenemos que ver qué dice. Yo creo que hay más gente involucrada porque aparentemente el volumen (las armas comercializadas para criminales brasileños) es mucho mayor”, refirió el titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado.
Sosa es uno de los 22 senadores que patrocina el proyecto de ley “de armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”, presentado en julio pasado. Entre los principales requisitos para la portación de armas, el documento establece que se exigirá un certificado médico de aptitud sicofísica, debidamente legalizado por el Ministerio de Salud, y la ausencia de antecedentes policiales vinculados a violencia, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas y abigeato.
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Peña exige dureza contra el tráfico de armas al destaparse vínculo de uniformados
El presidente de la República, Santiago Peña, exigió actuar con dureza contra el tráfico de armas al ministro de Defensa, Óscar González, y al titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el general Melanio Salomón Servín Aquino, en una reunión de este martes, en que fue informado sobre los avances de la intervención a una casa comercial de Asunción, que destapó el esquema ilícito en que estarían vinculados cerca de un centenar de policías y militares.
“Comunicamos al Presidente el avance de las investigaciones, nos pidió ser implacables con el crimen organizado, esa es la directiva que nos dio siempre y nos repitió el día de hoy”, comentó González, tras el encuentro con Peña, a través de la conferencia de prensa en Mburuvicha Róga. Durante el operativo de ayer lunes en la tienda denominada Gunner, que se encuentra en Bélgica y Teniente Vera del barrio San Cristóbal, se incautaron 54 armas y 12.000 municiones.
“Uno de los modus operandi utilizado por los comerciantes de mala fe para el tráfico de armas en el Paraguay era la utilización de las personas de escasos recursos, usaban su identidad a cambio de una suma de dinero, pero este fenómeno migró lastimosamente dentro del personal uniformado ya sea militares y policías”, dijo Servín Aquino, refiriendo que desde la segunda quincena de julio pasado se detectó la entrega de 100 armas adquiridas por los uniformados, quienes luego alegaban que habían sido extraviadas, pero iban a parar en las manos de criminales brasileños.
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“Los reclutadores le convencían a estas víctimas (militares y policías) a prestarse para retirar las armas ya que siendo personal uniformado no llamarían la atención. Ellos empezaron a comprar las armas sin llamar mucho la atención, hasta que la información saltó. Estas personas involucradas ya fueron convocadas en la Dimabel, dieron su testimonio y reconocieron el hecho. No manejamos para qué facción criminal serían las armas, pero el destino era Brasil. Están involucrados 46 militares y 55 policías quienes recibían entre G. 500.000, 700.000 a 800.000”, describió el titular de Dimabel en la conferencia de prensa.
El general de División comentó: “Hay que admitir que ellos lo hicieron por sumas de dinero. Los policías y militares retiraban las armas y de esta forma eludían el control o legalizaban su procedimiento dentro de la casa comercial. La ley dispone que cuando se pierde un arma, el propietario dentro de un plazo de 24 horas debe denunciar ante la policía y en un plazo de 72 horas a la Dimabel, ya con su denuncia a mano, pero estos uniformados no cumplieron con esto para no llamar la atención, dejando pasar 15 o 20 días, incluso un mes para efectuar la denuncia”.
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Corte rechaza enjuiciar a expresidenta boliviana por “golpe” contra Evo
Un tribunal de La Paz rechazó ayer jueves enjuiciar a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez por presuntamente haber planificado un “golpe de Estado” contra Evo Morales en 2019. En el primer día de juicio, la corte tomó la decisión de apartar a la exmandataria del proceso, según su abogado Luis Guillén.
Sin embargo, Áñez seguirá cumpliendo una condena de 10 años por hechos relacionados con la violenta crisis de 2019, cuando Morales fue forzado a renunciar tras ser acusado por la oposición de haber cometido un fraude en los comicios de ese año. “No se ha restituido la libertad” de la expresidenta, “por lo tanto no la podemos considerar una victoria, sino que lo consideramos como un respeto (...) a la prohibición de un doble procesamiento”, agregó el abogado.
En 2022, la justicia ya había condenado a la exgobernante de 57 años por asumir la presidencia de manera inconstitucional en reemplazo de Evo Morales. Esta vez, la fiscalía pretendía que recibiera una condena de hasta 20 años por “terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias”. Su actuación configuró “la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno” de Morales, alegó el ministerio público.
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Más procesos
En noviembre de 2019, Áñez, senadora de la oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social. Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.
“Hemos ganado una batalla, pero no la guerra y vamos a seguir luchando por la libertad de mi madre”, dijo su hija Carolina Ribera, quien estuvo en la instalación de la audiencia a la que no tuvo acceso la prensa. Áñez todavía enfrenta ocho investigaciones por hechos relacionados con la crisis de 2019 y por presuntos casos de corrupción durante su mandato de un año.
“No fue golpe, sí fue fraude”, clamó temprano Áñez cuando era trasladada con esposas y chaleco antibalas desde una cárcel de La Paz hasta la corte donde se abrió el juicio conocido como “Golpe de Estado I”. Junto con ella fueron presentados ante el tribunal el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social. Los otros acusados continuarán respondiendo en el juicio, dijeron sus abogados.
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“Fantasioso”
Anticipándose a la decisión de la corte, Áñez había calificado el segundo juicio como “ilegal”, además de “fantasioso”. Ahora su defensa se centrará en el proceso por matanza de civiles en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), con saldo de 20 muertos, en la represión militar que siguió al cambio de gobierno. El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.
Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial. Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez. El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto. Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.
El líder indígena, que rechaza el proceso como “una mentira más”, acusa a Arce de orquestar su posible detención. Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos. El sistema de justicia se encuentra ahora “con un mayor nivel de manipulación política” comparado con otros de la región, remarcó.
Fuente: AFP.
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Crisis de combustible obliga a paralizar labores estatales en Cuba
Ante la “emergencia energética” que enfrenta Cuba, el gobierno decidió paralizar todas las actividades laborales estatales que no sean indispensables, informó ayer jueves el primer ministro, Manuel Marrero. “En esta situación que se ha agudizado los últimos días, se emitieron indicaciones adicionales para paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles”, dijo en una transmisión en cadena nacional de la radio y televisión, sin precisar el plazo de la medida.
El primer ministro afirmó que la disposición es para priorizar el servicio a los hogares. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo más temprano en la red social X que la isla enfrenta una “emergencia energética” por los problemas para adquirir combustible en el exterior para alimentar su sistema de energía.
“El complejo escenario por el que transitamos tiene su causa principal en el arreciamiento de la guerra económica y persecución financiera y energética de Estados Unidos, lo que dificulta la importación de combustible y otros recursos necesarios para esa industria”, dijo el mandatario, en referencia al recrudecimiento de las sanciones de Washington contra la isla.
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En Cuba, la electricidad se genera a través de sus ocho desgastadas termoeléctricas que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento, así como de siete plantas flotantes - que el gobierno renta a empresas turcas - y grupos electrógenos. Toda esta infraestructura en su mayoría requiere de combustible para funcionar.
Este jueves Cuba registró casi un 50 % de déficit en la generación de electricidad, un problema que ha provocado en algunas provincias apagones de hasta 20 horas en una jornada. Lázaro Guerra, director general de electricidad del ministerio de Energía y Minas, dijo a la televisión estatal que en “todas las horas del día” el déficit eléctrico sería de más de 1.000 megavatios y que iba a llegar a los 1.678 durante la demanda máxima de 3.300 megavatios.
“En apagón total”
Los cubanos sufren nuevamente desde hace tres meses los detestados apagones que se prolongan y son cada vez más frecuentes, con un déficit en muchas jornadas del 30 % en la cobertura nacional. Las interrupciones del servicio de cuatro horas y más al día se registran incluso en amplias zonas de La Habana.
En el municipio Plaza de la Revolución en La Habana, que alberga el centro neurálgico del poder en el país, este jueves se suspendieron “todos los servicios que no resulten vitales y que generen gastos de energía”, a excepción de centros esenciales como hospitales y de elaboración de alimentos, anunció el gobierno local en su página de Facebook.
También se suspenden las clases hasta el lunes y las discotecas y locales de diversión y esparcimiento permanecerán cerrados. Desde el miércoles, autoridades de la provincia de Camagüey, en el centro del país, anunciaron que trabajaban “para garantizar servicio por espacio de tres horas aproximadamente”, indicó en X la empresa eléctrica local.
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“Aquí estamos es en apagón total, esto no tiene nombre. Las cosas del frío se nos están echando a perder”, dijo a la AFP vía WhatsApp Eugenia Sánchez, una ama de casa de 41 años. “Antes eran de 14 y 16 horas. Ahora son de 20 y de 22 horas”, añadió.
En la provincia de La Tunas (este), las autoridades empezaron a distribuir carbón para la cocción de alimentos, especialmente en asentamientos urbanos. De acuerdo con la tolerada prensa independiente local, decenas de personas se manifestaron al principio de la semana en las provincias de Sancti Spíritus (centro) y Holguín (noreste) por los largos apagones.
En 2023, la isla se recuperó de los cotidianos cortes eléctricos que experimentó casi todo 2022. Lo más crítico ocurrió en octubre de ese año, con un apagón generalizado la noche del 27 setiembre, tras el paso del huracán Ian que azotó el oeste del país.
Fuente: AFP.