La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró este viernes que Argentina es responsable por faltas en la prevención e investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos. 

“Argentina (es) responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado” y “no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”, señaló la sentencia de la Corte IDH, con sede en San José.

El 18 de julio de 1994, una camioneta-bomba voló el edificio de la sede de la AMIA en la capital argentina, y además de los muertos hubo más de 300 heridos, en un atentado hasta hoy impune. El Estado “conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, según la resolución de la Corte IDH, leída por su presidenta, Nancy Hernández.

Lea más: Presidenta electa de México rechaza dialogar con Ecuador tras el asalto a embajada

“Se sabía que el atentado iba a ocurrir y dejaron que ocurriera”, dijo a la AFP Diana Wassner, integrante de la Memoria Activa, asociación civil querellante en el caso. Después de 30 años “no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación”, agregó la sentencia.

El tribunal consideró al Estado como “responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas”. Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales y abogada de familiares de víctimas, comentó a la AFP que “es un fallo histórico” porque la “propia actividad” del Estado “impidió que 30 años después se obtenga verdad y justicia”.

Argentina “violó su obligación de prevención”, mencionó la sentencia, ya que hubo situaciones previas “que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA”, como el atentado en 1992 contra la embajada de Israel, que causó 29 muertos. “El terrorismo es un fenómeno que pone en peligro los derechos y libertades de las personas” y los Estados deben “adoptar aquellas medidas que resulten adecuadas, necesarias y proporcionales para prevenir ese tipo de actos”, dijo el tribunal.

Argentina ha acusado por el atentado a exdirigentes iraníes, pero nunca fueron juzgados. Se sospecha que tuvieron una poderosa conexión local, aún no identificada. En abril de 2024, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán. Días después el gobierno pidió la detención internacional del ministro de Interior de ese país, Ahmad Vahidi, uno de los señalados por el ataque, orden que fue calificada como “ilegal” por el gobierno iraní.

Lea también: Putin condiciona negociación de paz a Ucrania: retiro de tropas y renuncia a la OTAN

La Corte Interamericana alegó que en el proceso judicial inicial sucedieron “irregularidades” por parte del Estado. “Agentes estatales (...) actuaron de forma articulada con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico, lo que favoreció el encubrimiento de los verdaderos responsables”, agregó.

En 2015 comenzó una investigación de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA para revisar el proceso inicial y determinó en 2019 “encubrimiento” por parte de Argentina que derivó en penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-1999), pero sin aclarar la razón del ocultamiento.

“Con los años nos dimos cuenta de que no quisieron investigar y nos negaron la justicia” con “encubrimientos”, dijo Wassner. Otra causa por encubrimiento fue abierta en 2017 contra la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), por impulsar en el Congreso un acuerdo con Irán para juzgar a los iraníes en un país neutral. El acuerdo nunca se cumplió, Kirchner fue sobreseída en 2021 y la causa se reabrió en 2023.

El fallo señaló que Argentina “violó el derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas”. “Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, señaló el tribunal.

La Corte ordenó a Argentina como principales medidas de reparación remover los “obstáculos de facto” que mantienen “en la impunidad total” el caso; reabrir las investigaciones para “individualizar, juzgar y sancionar” a los responsables; y establecer la verdad de lo ocurrido. “Es una decisión rara”, dijo Litvachky. “Todavía no tenemos todo perdido”, agregó Wassner.

Fuente: AFP