La Cámara de Senadores decidirá hoy miércoles aprobar o no el proyecto conocido como “Ley Bases XS”, que básicamente se trata de una iniciativa emanada al DNU 70/23 y al paquete fiscal que apunta a la reforma del Estado, según los términos del mandatario argentino Javier Milei.
EL DNU es un decreto de necesidad y urgencia, un tipo de norma existente en la República Argentina que, a pesar de ser sancionada solo por el Poder Ejecutivo, tiene validez de ley. Una vez promulgado, el Congreso tiene las atribuciones para analizarlo y determinar si continúa vigente o no.
La segunda versión del proyecto de ley ya obtuvo media sanción de Diputados el pasado 30 de abril, con 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones. Fue mediante el apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN).
Por de pronto, en estos momentos se registran graves incidentes entre manifestantes y la Policía frente al Congreso argentino en que quedaron varios heridos, entre ellos cinco diputados afectados por los gases, y autos incendiados, mientras el Senado debate un paquete de reformas crucial para el presidente ultraliberal Javier Milei. A una hora del inicio de la votación, fueron detenidos 19 manifestantes durante la intervención policial.
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Si se aprueba hoy se convertiría en el primer triunfo de la gestión de Javier Milei, que hasta ahora solo trajo ajustes drásticos, confrontaciones diplomáticas y falta de cumplimiento de sus promesas electorales.
Qué es la Ley Bases?
La “Ley Bases” en su versión XS se trata de una iniciativa hermanada al DNU 70/23 que busca la reforma estatal. Entre los cambios están la declaración de emergencia, la concesión de las facultades delegadas, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), reformas laborales y cambios previsionales.
Además, el texto incluye un anexo con las empresas públicas que podrían ser privatizadas o concedidas, como Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE e Intercargo SAU. También incluye a AySA SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE y Corredores Viales SA.
Reformas laborales
Otro punto importante es el capítulo IV, que trata sobre el empleo público. En ese aspecto se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento, según medios argentinos.
El medio Página 12 señala que también determina que a aquellos empleados que van a una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa. En tanto, establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.
El Título IV del texto está destinado a la “promoción del empleo registrado” en el sector privado, que permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones.
No obstante -agrega el medio periodístico- este capítulo viene acompañado del título V, sobre modernización laboral, que entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.