La Unión Europea ha señalado ayer lunes que estudiará sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por el deterioro de la situación en Venezuela y después de considerar que no es el presidente electo porque “no ha ganado las elecciones”.

En rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Exteriores de los 27, el alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado que el bloque europeo “revisará el sistema de sanciones” contra un gobierno que “no considera que haya ganado las elecciones”.

“No reconocemos su legitimidad y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha democrática”, ha afirmado el jefe de la diplomacia europea. Este paso se da en línea con la intención de aumentar la presión sobre Caracas de cara a enero de 2025, cuando se debería producir el cambio de poder en la presidencia.

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También tiene lugar después del encuentro de Borrell con el candidato opositor Edmundo González, al que ofreció el apoyo europeo a las aspiraciones democráticas de Venezuela y señaló como el ganador de los comicios “según los datos disponibles”.

Así las cosas, ha indicado que la UE “sigue unida” en su rechazo a Maduro, al que no reconoce como presidente elegido democráticamente, al no haber presentado el Consejo Nacional Electoral (CNE) las actas pormenorizadas que sustenten los resultados proclamados.

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Fuente: Europa Press

La Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), compartió los resultados del Proyecto Mipyme Compite, tras 6 años de ejecución del programa de cooperación de la Unión Europea (UE), que busca mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en Paraguay.

El desarrollo del programa fue catalogado como exitoso, y solo desde la Fecoprod, uno de los brazos ejecutores, beneficiaron a más de 100 empresas asociativas rurales con un impacto directo en la formalización, buenas prácticas de gestión y comercialización para el sector.

Un total de 103 mipymes asociativas participaron en el programa, logrando acceso a mercados formales y fortaleciendo su desarrollo. Así también 4.978 productores, de los cuales 2.661 fueron mujeres, es decir el 54 % de los beneficiarios.

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El presidente de la Fecoprod, Alfred Fast, valoró la cooperación de organismos públicos y privados para la consolidación de más de 100 mipymes en el ámbito rural, mientras que el gerente general, Marcelo Portaluppi, explicó que el proyecto se basó principalmente en el fortalecimiento institucional, la mejora del clima de negocios y la facilitación comercial.

Durante la presentación de resultados se hizo hincapié en el compromiso, esfuerzo y dedicación de los participantes del programa. Entre las principales cadenas productivas que formaron parte del proyecto figuran la yerba mate, hierbas medicinales, granos básicos y productos frutihortícolas.

Asimismo, remarcaron el aporte de todos los asesores técnicos que trabajaron junto a los productores en distintas zonas del país, entre ellas en los departamentos de Cordillera, Caaguazú, Misiones, Paraguarí, Itapúa y Caazapá.

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El pasado jueves el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (ENVI) anunció la postergación por un año de la aplicación del Reglamento 1115/2023 con la introducción de enmiendas. En ese sentido, desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) destacaron que ello permitirá consensuar y desarrollar más acabadamente el sistema de trazabilidad para la soja.

Entre los cambios, se destaca la nueva categorización para países con riesgo nulo, cuyos envíos serán excluidos de la norma de referencia, con la reducción de controles y procedimientos simplificados para los operadores de dichos países proveedores.

El Reglamento 1115 había sido aprobado el 31 de mayo del 2023 y debía ser aplicado desde el 1 de enero de 2025, pero fue postergado para el 1 de enero de 2026, según informó el gremio. En ese sentido, la Cappro consideró que esta decisión no tendría que paralizar los trabajos que se vienen realizando hasta la fecha.

“Es una oportunidad para la puesta a punto del sistema de trazabilidad de la cadena de la soja nacional, que se viene desarrollando entre los gremios del sector privado para demostrar las buenas prácticas y la sostenibilidad que caracterizan a la producción agrícola y agroindustrial del país”, mencionaron.

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Sobre la postergación, desde la Unión de Gremios de la Producción, indicaron que existen medidas inviables que constituyen una traba al comercio y no tienen un sustento científico, donde el mayor riesgo se concentra en la exclusión de la agricultura familiar, un eslabón de gran relevancia para el desarrollo socioeconómico de los países sudamericanos, principalmente en Paraguay.

Asimismo, resaltaron la importancia de analizar las distintas implicancias de la aceptación de las medidas a las que vienen calificando como unilaterales. Por eso, mencionaron que nuestro país desde un principio expuso que la normativa sería una amenaza y un freno para el desarrollo, y esto sería el “reflejo de un baño de realidad del continente europeo”.

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El proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur preocupa al sector agrícola europeo, especialmente en Francia, que teme que los productos latinoamericanos inunden su mercado. Pero ¿cuáles son las cifras? Bruselas asegura que solo serán “pequeños volúmenes”, pero esto ya eleva el riesgo de desestabilización en algunos sectores.

Hay todavía tres cuestiones sobre la mesa: la UE pide compromisos a los países del Mercosur --bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque esta última no participa en el acuerdo-- sobre la deforestación y el clima, a la vez que Brasil reclama poder proteger sus industrias estratégicas, como el automóvil. La discrepancias sobre el sector agrícola siguen abiertas desde 2019.

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La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, habla de “pequeños volúmenes” comparando las cuotas de importaciones previstas a las producidas anualmente por el bloque. El tratado reducirá o eximirá de tasas aduaneras a un máximo de 99.000 toneladas de carne bovina, lo que representa un 1,6 % de la producción de la UE. El límite será de 25.000 toneladas en la carne porcina (0,1 % de la producción comunitaria), de 180.000 toneladas para las aves de corral (1,4 %) y de 190.000 toneladas para el azúcar (1,2 %).

A cambio, Bruselas asegura que el acuerdo supondrá una oportunidad de mercado para productos europeos hasta ahora frenados en América Latina como el vino (tasado actualmente a un 27 %) o los quesos, que pueden beneficiarse del “auge de una clase media” en el subcontinente. El gobierno español, que respalda el acuerdo, destaca también el caso del aceite de oliva, pero los sindicatos agrícolas del país, especialmente los ganaderos, están preocupados.

Aunque los volúmenes previstos son bajos respecto a la producción europea, ya sacuden algunos sectores. Patrick Bénézit, vicepresidente de la asociación interprofesional de carne bovina en Francia, señala que los países del Mercosur ya suministran la mayor parte de importaciones de solomillos, las piezas “nobles”. La producción de solomillos en Europa “es de 400.000 toneladas en razas bovinas, por lo que la irrupción de 99.000 toneladas ya tiene un impacto”.

Los productores de pollo también temen que sus homólogos brasileños se centren en las piezas más rentables, los filetes. Para el sector del azúcar, ya afectado por las facilidades aduaneras acordadas a Ucrania, el tope de 190.000 toneladas representa la mitad de las exportaciones a otros países de la UE de Francia, una de las naciones más contrarias al tratado.

Y los productores de etanol, de miel o de cerdo también están en riesgo, afirma Stefan Ambec, economista del instituto de investigación INRAE, que anticipa una caída de los precios pagados a los agricultores europeos. “Los costes de producción difieren y el problema es que las normas sanitarias y ambientales no son las mismas”, explica.

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La Comisión rebate que “todo producto de Mercosur deberá respetar las estrictas normas de la UE en materia de seguridad alimentaria”. El acuerdo de libre comercio CETA firmado con Canadá, por ejemplo, no alcanza desde hace seis años las cuotas de exportación de carne porque no hay suficiente producción que cumpla con las normas comunitarias, destaca un funcionario europeo. Pero Bruselas admite que “las condiciones de producción” en el Mercosur no serán necesariamente las mismas que en Europa.

Por ello, los contrarios al tratado piden “cláusulas espejo”, es decir, que las reglas impuestos a los agricultores europeos en materia social, ambiental o de bienestar animal se apliquen también a los productores del Mercosur para evitar distorsiones de competencia. “Se vende como un acuerdo de nueva generación que tienen en cuenta los aspectos ambientales y climáticos, pero los compromisos son débiles: no hay ninguna condicionalidad”, advierte Ambec.

Otra cuestión es cómo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. “En teoría, la carne tratada con antibióticos u hormonas de crecimiento no puede entrar, pero en la práctica su trazabilidad es imperfecta”, dice Ambec.

“Hay inspecciones de mataderos organizadas con la Comisión, pero no es fácil controlar al ganado antes de esa etapa. El seguimiento desde el nacimiento hasta el matadero, en el Mercosur, solo existe en Uruguay”, explica este economista.

De hecho, una auditoría de la UE acaba de revelar fallos en los controles de la carne bovina en Brasil, incapaces de garantizar la ausencia de la hormona oestradiol, prohibida en Europa. A la espera de revisar estos procesos, Brasil ha suspendido sus exportaciones.

El acuerdo incluye “una cláusula de salvaguardia”, una especie de “freno de emergencia” en caso de aumento repentino de las importaciones o de efectos perversos en el mercado, señala la Comisión Europea. Pero esta cláusula “no define” las condiciones precisas, apunta Ambec, lo que complica su activación y el restablecimiento de aranceles sin medidas de represalia.

Fuente: AFP.