En el salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional se desarrolló un análisis crítico “Al poder disciplinario ejercido por la Corte Suprema de Justicia contra los abogados litigantes”, donde se contó con la presencia de renombrados disertantes. Seis de los exponentes coincidieron de que la Corte no puede sancionar a los abogados que no trabajan para ellos.

Según el profesor doctor Nicolás Gaona Irún hubo coincidencia entre los colegios de abogados de que la Corte no tiene facultades disciplinarias que está ejerciendo sobre los abogados que no dependientes o funcionarios judiciales. Sin embargo, uno de los disertantes se mostró renuente a la situación y demostró su apoyo a la Corte, afirmando que sí tiene la potestad contra los litigantes.

“La postura de seis de los exponentes es que la Corte no puede juzgar disciplinariamente a quien no es su dependiente. Cada uno dio su punto de vista y fue socializado con el auditorio”, detalló Gaona en entrevista con La Nación/Nación Media. El evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) contó con una alta participación al tratarse de una situación que compete a los abogados del territorio nacional.

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Confirmó que uno de los expositores se mostró a favor de la Corte Suprema de Justicia y se excusó ante una ley que ya fue derogada. “Excepto el colegio de abogados de Villarrica representado por el doctor David Bogado, quien dijo que cree que la Corte tiene facultades e infundo su punto de vista, pero en una Ley que está derogada que es la 879″, señaló.

Indicó que el auditorio realizó sus preguntas como puntos de vistas, en el que muchos coincidieron en que la corte se extralimita y que no tiene la facultad disciplinaria con los abogados independientes. “En todos los casos hubo coincidencia que no puede disciplinar y que son inconstitucionales las medidas aplicadas por la Corte. Además, se habló de que la colegiatura obligatoria era una salida que había fracasado”, puntualizó.

Agregó que se resolvió hacer un informe sobre la exposición realizada y que será publicada dentro de un mes en formato de libro, que tendrá una presentación en formato digital y más adelante en impreso. “Yo creo que la corte se extralimita que funda la existencia del Consejo de Superintendencia así como la Ley 609 y el mal entendido sobre la vigencia de la ley 879 que fue derogada en el año 1992, sin embargo ellos están poniendo en vigencia”, sentenció.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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• Fuente: AFP

La UE se dispone a anunciar el miércoles una estrategia para preparar a los habitantes del bloque a situaciones de crisis, inclusive guerras, con sugerencias como el acceso a suministros que permitan una autonomía personal de 72 horas.

Se trata de una “estrategia de preparación y de gestión de crisis ligadas a la guerra”, dijo la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, a AFP el lunes.

“Vamos a apoyar a los Estados miembros (del bloque) en el diseño de esto que llamamos ‘una bolsa de resiliencia’, y tener a todos los ciudadanos listos a resistir, a tener una autonomía estratégica de 72 horas”, dijo.

La iniciativa define una docena de suministros esenciales para montar esa bolsa, en un listado que incluye desde una botella de agua hasta una linterna, pasando por fósforos o barras de cereales con vitaminas.

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El paquete de propuestas incluye un “día de preparación nacional” en toda la UE, para garantizar que esa preparación sea efectiva en todos los países del bloque, agregó.

“Saber qué hacer en casos de peligro o tener listos diferentes escenarios también es evitar el pánico”, dijo Lahbib, quien recordó que durante la pandemia de coronavirus muchas personas “corrieron a las tiendas para comprar papel higiénico”.

La intención de la Comisión es “desarrollar algo más armonizado” entre los países del bloque. “Se trata de coordenar mejor, de apoyar mejor a los países en sus estrategias”, apuntó Lahbib.

La Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la UE - se inspiró en una estrategia llevada a cabo en Finlandia para preparar a la población para una posible guerra con Rusia.

En el otoño boreal de 2024, el expresidente finlandés Sauli Niinisto presentó a la Comisión Europea un informe sobre alternativas para “mejorar el estado de preparación de Europa” en materia de emergencia civil y defensa.

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La Unión Industrial Paraguaya (UIP) ejecuta un proyecto denominado Transición de empresas paraguayas hacia una producción sostenible y baja en carbono, a través del programa Al Invest Verde de la Unión Europa (UE). Cristina García de Quevedo Iñarritu, monitora técnica de Al Invest Verde, visitó el país para verificar el avance del mismo.

Durante su primer día en Paraguay mantuvo encuentros con autoridades de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), consultores ambientales y técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), además de una visita a varias empresas.

En estas reuniones, se analizaron los avances del programa, destacando la importancia del financiamiento verde y la labor de los gestores ambientales para las asistencias a las pequeñas y medianas empresas. “Este proyecto es único en Paraguay y de gran impacto para la región, desde la Unión Europea valoramos el liderazgo del país en la implementación de políticas y soluciones medioambientales “, afirmó la monitora técnica del programa.

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Uno de los puntos más relevantes que destacó fue el trabajo de los gestores ambientales, quienes brindan asistencia técnica directa a las empresas y facilitan la implementación de soluciones sustentables. A pesar de los desafíos que enfrentan algunas empresas en la recopilación de documentación, el proceso de sensibilización y acompañamiento ha sido fundamental para fomentar el cumplimiento de los requerimientos ambientales y mejorar la competitividad del sector.

En ese marco, la titular de la AFD, Stella Guillén, señaló que el financiamiento verde es clave para que más empresas paraguayas puedan dar el salto hacia la sostenibilidad. “Desde la AFD, apoyamos iniciativas como Al Invest Verde, que generan impacto real y fortalecen el crecimiento responsable del sector productivo”, indicó.

Esta iniciativa permitió que 50 empresas completen la medición de su huella de carbono, desde el 2024, mientras que otras 40 se encuentran en proceso, dando además los primeros pasos para adoptar prácticas más sostenibles.

Para la Comisión Europea, la capacitación de técnicos y la creación de alianzas entre distintos actores para fortalecer el acceso a herramientas financieras son cruciales. En ese sentido, afirman que Paraguay se posiciona como un referente en la región, con un alto grado de cumplimiento de los indicadores del programa.

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