Un grupo de liberales, legisladores y miembros del Directorio partidario, presentaron una denuncia en contra del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas. La denuncia se basa en la crisis en que se encuentra la agrupación política y la falta de acciones de Fleitas ante este panorama y la conducción de la institución partidaria.

El diputado Pastor Vera Bejarano, cuestionó que Fleitas lleva adelante una actitud unipersonal para administrar al partido, y no está respondiendo a las exigencias de los afiliados, así como tampoco de las autoridades partidarias.

“El presidente Hugo Fleitas, que sustituyó a Efraín Alegre, tomó una postura prácticamente de manera universal del partido. El partido es un colegiado, que tiene sus estatutos, tiene sus normas que todos los afiliados y sobre todo los miembros del Directorio tienen que estar vigilando”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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El principal cuestionamiento del legislador se da en torno a las convocatorias a las sesiones ordinarias del Directorio, que fueron prácticamente nulas desde que asumió la presidencia en reemplazo de Efraín Alegre. Las sesiones ordinarias, de acuerdo al estatuto partidario, se deben convocar cada 15 días, lo que no ocurre con la presidencia de Fleitas.

“Nuestro estatuto declaró que se tiene que llamar a sesión ordinaria cada quince días, y la última sesión ordinaria que llamó el presidente en ejercicio, fue en diciembre del año 2023, después de mucho insistir, hizo un llamado la semana pasada, casi un año sin una sesión ordinaria”, criticó Vera Bejarano.

Esta falta de apertura para el debate en el PLRA, está alejando al partido, de los temas actuales, de acuerdo al diputado. “Tuvimos varias sesiones extraordinarias, pero se perdió el ritmo, el partido está desconectado de los grandes temas nacionales y de la crisis interna entre los movimientos, se le ha pedido en reiteradas ocasiones informes, que rinda cuentas de las cuestiones financieras, ha hecho caso omiso al pedid de sesiones ordinarias sobre algún punto en particular”, sentenció.

Finalmente, sostuvo que Fleitas, “tiene varias causales para apartarse del cargo de presidente, no apartarlo del partido, pero apartarlo como presidente, eso es lo que ha hecho el Directorio en su mayoría y se ha presentado esa denuncia ante el Tribunal de Conducta que tiene un tiempo para analizar y dictaminar”.

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El gobierno de Ecuador designó ayer lunes a la ministra de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina en medio de una crisis política por la suspensión por cinco meses de la titular, Verónica Abad, quien sostiene una tensa relación con el mandatario Daniel Noboa.

Moya “será la nueva vicepresidenta encargada”, señaló la sede del Ejecutivo en un comunicado, tras la suspensión de Abad ordenada el sábado por el Ministerio de Trabajo debido al “abandono injustificado” de sus funciones, que equivale a una “falta grave” a la ley de servicio público.

Damián Armijos, abogado de Abad, indicó que la defensa presentó una acción legal “impugnando” la suspensión, que en la práctica le impedirá a Abad asumir la presidencia cuando Noboa se lance en campaña por la reelección a partir de enero, como determina la ley.

Su equipo legal también acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el abogado. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta para que no se rompa el orden constitucional”, expresó Armijos a la prensa.

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El Ejecutivo sostuvo que Moya, de 36 años y a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación, fue designada de acuerdo a la Carta Magna, que establece que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia”.

“Con su experiencia y compromiso (de Moya), se mantendrán los ejes de trabajo alineados al Gobierno Nacional”, agregó el comunicado. Moya es máster en economía con experiencia en el desarrollo e implementación de la planificación estratégica y operativa de programas y proyectos públicos, según su despacho.

Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados del año pasado al ser elegidos en binomio, pero mantienen una tirante relación desde la campaña previa.

Poco después de asumir sus cargos, en noviembre de 2023, el mandatario, de 36 años y que se autodefine de centro-izquierda, nombró a su vice para que ocupe el cargo de embajadora en Israel, lo que profundizó la ruptura.

En septiembre último, ante una escalada del conflicto en Israel, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad. Para la suspensión de Abad, la cartera de Trabajo argumentó que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de septiembre, pero que llegó cinco días después.

En agosto, Abad, de 47 años, denunció a Noboa por violencia de género ante el máximo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con miras a inhabilitarlo para el cargo, una acción que aún está en trámite y que el gobernante tildó de “traición”. Abad calificó el domingo de “grosera violación” a la ley la decisión de suspenderla sin sueldo por 150 días (hasta abril).

“Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas”, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

Sostuvo que se trata de una maniobra “con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña”.

Noboa, que según las encuestas lidera la intención de voto, buscará ser reelegido en febrero para el período 2025-2029. La campaña empezará en enero y en esta ocasión su compañera de fórmula será María José Pinto, actual secretaria del programa gubernamental contra la desnutrición infantil.

Tras ser enviada a Israel, Abad pasó a ser una fuerte crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una “persecución” en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía también incluyó a la funcionaria en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.

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“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara (...) para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección”, expresó Abad el domingo. El 5 de noviembre, el TCE multó a Abad con 8.500 dólares por considerar que realizó campaña anticipada en redes sociales para los comicios de 2023.

Fuente: AFP

Aggrey Rwetsiba, delegado ugandés en la cumbre sobre biodiversidad de la ONU en Colombia, se hospeda en un alojamiento poco habitual: un motel normalmente usado para citas sexuales, con habitaciones dotadas de columpios y tubos de striptease. Como muchos delegados que llegaron a la ciudad colombiana de Cali, su reserva de hotel se frustró en el último momento y Rwetsiba tuvo que cambiar de planes.

Con los hoteles tradicionales a reventar, los moteles acudieron al rescate. Mientras enseña a la AFP su habitación en el Motel Deseos, el delegado señala la gran cama matrimonial, la ducha a ras del piso y un curioso elemento: un espejo en el techo. Algunas de sus prendas están colgadas en perchas a lo largo de la mampara de la ducha. Otras están dobladas en un pequeño pasadizo que atraviesa la pared y suele usarse para pasar discretamente bebidas a los enamorados sin molestarlos.

Las habitaciones en los moteles normalmente se alquilan por unas horas, y no suelen tener armarios. “No sé si he entendido bien lo que debe ser un motel, pero he visto algunas características únicas... Como el espejo del techo. Nunca lo había visto en un hotel”, afirma Rwetsiba. También se sorprendió con el único enchufe que había junto a la cama, en lugar de al lado de la mesa, donde necesita corriente para su portátil. “La configuración es bastante diferente”, dijo. “Nunca he visto un hotel en el que cada habitación tenga un patio de aparcamiento”, cada uno cerrado, con una puerta privada que da directamente a la habitación.

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La gerente del Motel Deseos, Diana Echeverry, mostró orgullosa a la AFP las instalaciones, con 40 habitaciones en dos plantas y un ala reservada para los 12 delegados de la COP16 que allí se hospedan. En el otro, las habitaciones cuentan con comodidades como jacuzzis, sillas “kamasutra” y tubos de baile.

“Lo que hemos hecho es adaptar un poco nuestro establecimiento para poder tener a los huéspedes de la COP16 y a los extranjeros”, aseguró Echeverry a la AFP. Contactado con poca antelación por las autoridades locales, el motel fijó rápidamente una tarifa diaria de 150.000 pesos colombianos (unos 35 dólares) por noche, e introdujo un servicio de desayuno.

Los precios suelen oscilar entre 65.000 y 100.000 pesos por tres horas, equivalentes a 15 y 23 dólares. También “retiramos los columpios del amor, las máquinas del amor, los sillones Kamasutra y dejamos las habitaciones sin esos tipos de elementos”, dijo.

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La cumbre sobre biodiversidad ha sido un buen negocio, aseguró Echeverry. Con esas reservas, ha podido “garantizar que las habitaciones estén ocupadas durante esos días”, pues las que “quedan disponibles, ahora rotan mucho más para poder suplir las demandas de nuestros huéspedes habituales”, agrega. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había dicho a la prensa esta semana que los hoteles de la ciudad estaban llenos “al 100 %”, al igual que las casas, departamentos y alojamientos en Airbnb.

Las estimaciones iniciales apuntaban a que entre 12.000 y 15.000 personas asistirían a la COP16, pero al final se acercaron más a los 23.000 delegados inscritos, dijo Eder. Según la Cámara de Comercio local, Cali es la ciudad con más moteles en Colombia, con 166 registrados. Llevan nombres como “Kama Sutra”, “Cupido” y “Éxtasis”.

Encantado con las amenidades del Motel Deseos, Rwetsiba dijo que había informado también a otros colegas, y que ahora había cinco delegados ugandeses en habitaciones “más cómodas” que las de muchos hoteles tradicionales. “Es... espacioso. Por eso estamos aquí. No nos quejamos”, dice con una gran sonrisa. “Todos estamos contentos”.

Fuente: AFP.

La pobreza, en particular la precariedad laboral, triplica la posibilidad de sufrir de trastornos mentales, alerta el relator especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU en un informe en el que culpa al consumo material y la competitividad de “poner en jaque la salud mental”. En el reporte “La economía del ‘burnout’: pobreza y salud mental” que presenta este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas el relator especial, el belga Olivier De Schutter, subraya que los “trastornos mentales que genera la pobreza constituyen a su vez un obstáculo para salir de ella”.

“Las personas con rentas más bajas tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales comunes que aquellas con rentas más altas”, dice. Más de 970 millones de personas en todo el mundo -el 11 % de la población mundial- padecen algún trastorno mental, de ellos 280 millones sufren depresión y 301 millones, ansiedad, según el reporte, que recuerda que cada año se suicidan 700.000 personas, la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

La depresión es la principal causa de enfermedad. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre un tercio y la mitad de las solicitudes de prestaciones por incapacidad se deben a motivos de salud mental, y entre los adultos jóvenes se calcula que superan el 70 %, agrega. Solo durante el primer año de la pandemia de covid-19, los trastornos mentales aumentaron un 25 %, según el informe.

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Con más de 1 billón de pérdidas anuales para la economía, “las consecuencias del aumento de los problemas de salud mental son colosales tanto para los individuos como para las sociedades en su conjunto”, alerta. Más que en el debate sobre “cómo aumentar el presupuesto” para los problemas de salud mental, De Schutter aconseja incidir en los “factores que subyacen a esta epidemia de depresión, ansiedad y agotamiento”.

En particular, la “precarización laboral”, aunque también el cambio climático, dijo a la AFP. “Se ha demostrado que el trabajo precario empeora aún más la salud mental, debido a la inseguridad, la falta de poder de negociación, los salarios injustos y los horarios de trabajo extremadamente impredecibles, que hacen imposible lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal”, dice.

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Hace un llamado a los gobiernos a establecer “protecciones legales” que garanticen un “trabajo decente y un salario digno” y “refuercen la protección social proporcionando una renta básica incondicional, desestigmaticen los trastornos de salud mental y faciliten el acceso a espacios verdes que permitan volver a conectar con la naturaleza”.

“Nuestra obsesión por el crecimiento ha creado una economía del agotamiento: una carrera para aumentar los beneficios de una pequeña élite en la que millones de personas han quedado demasiado enfermas para correr”, dice el informe. Aumentar el PIB a toda costa está creando un “maremoto de mala salud mental” en las personas en situación de pobreza, concluye.

Fuente: AFP.