La Unión Europea (UE) apoyará a Bolivia con 31 millones de euros (unos 33 millones de dólares) en la protección de sus bosques, tras la quema de 3,5 millones de hectáreas en 2023, según un acuerdo suscrito este lunes.
El convenio fue firmado en La Paz por la canciller boliviana Celinda Sosa y el comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, quien llegó a Bolivia en el marco de una gira por países sudamericanos. Su visita está orientada a explicar la nueva normativa del bloque que vetará a partir de diciembre la importación de productos procedentes de tierras deforestadas.
Esa ley se concentra en derivados de productos como el cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne de vacuno y el caucho y otras materias asociadas como el cuero, algunos muebles o el papel. Sinkevicius explicó en una conferencia de prensa que en el caso boliviano “inicialmente se ha mencionado la posibilidad” de someter a veto a algunos productos, “como el café y el cacao”. Empero, aclaró, que “esto se está conservando”.
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Según datos del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en 2022 Bolivia exportó al bloque más de 1.000 millones de dólares, aunque el mayor porcentaje son minerales. Las ventas de café en 2022 fueron de cerca de 6 millones de dólares y del cacao, en el primer semestre de ese año, de 650.000 dólares.
El acuerdo suscrito entre la UE y la administración de La Paz busca apoyar a Bolivia en la “conservación, restauración, buen gobierno, administración y uso sostenible de los recursos naturales, biodiversidad y ecosistemas”, según el acuerdo.
El año pasado 3,5 millones de hectáreas de bosques y pastizales fueron destruidas por el fuego. Las autoridades señalan como principales responsables a colonos y empresarios agropecuarios que buscan ampliar la frontera agrícola. “Europa y Bolivia comparten muchos objetivos: ambos creemos en la importancia de una recuperación económica verde exitosa y sostenible”, comentó Sinkevicius.
Además de que “estamos firmemente comprometidos con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, y los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima”, añadió. El comisario europeo, quien estuvo en Paraguay, visita Bolivia hasta el miércoles y luego se trasladará a Ecuador hasta el 22 de este mes.
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Fuente: AFP
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Mito o realidad: ¿Paraguay ganó la guerra del Chaco, pero perdió territorio?
Llegamos al noveno mes del año y se recuerdan varios hechos históricos, entre los que destacan el aniversario de las victorias paraguayas en Curupayty, el 22 de setiembre de 1866 en el marco de la guerra contra la Triple Alianza, y la recuperación del fortín Boquerón luego de una lucha de 20 días que finaliza el 29 de setiembre de 1932, siendo esta la primera gran victoria en la disputa con Bolivia por la posesión territorial del Chaco Boreal en la conocida como guerra del Chaco.
En cada aniversario, especialmente en las redes sociales, surge una polémica que siempre enfrenta a las personas en las posturas que defienden: ¿Paraguay ganó la guerra del Chaco? Y si Paraguay ganó la guerra, ¿por qué perdió territorio?
En esta nueva edición de Mito o Realidad, el historiador Eduardo Ortiz Mereles, docente diplomado en Historia Militar y especialista en historia del Paraguay, responde ambas preguntas, pero cada lector sacará sus propias conclusiones.
¿Paraguay ganó la guerra del Chaco?
No hubo una victoria como tal para ninguno de los beligerantes en los documentos firmados, porque el acuerdo entre Paraguay y Bolivia hablaba de un armisticio. Ortiz cita al investigador y conocedor de la historia de la contienda chaqueña, José Luis Martínez Peláez, para precisar que “las hostilidades cesaron por la firma del protocolo del 12 de junio de 1935, pero lo hicieron por imperio de un armisticio, no por efecto de la aniquilación del Ejército boliviano. Dice el Capítulo V del Protocolo de Paz del mes de junio de 1935: “En homenaje a los sentimientos de humanidad de los beligerantes y mediadores, quedan suspendidos los fuegos a partir del día 14 de junio a las doce horas (meridiano de Córdoba)”.
Agrega que “no hubo pues más victoria militar que la expulsión del Chaco de los bolivianos, ya que al final de la guerra su ejército estaba aún en condiciones de seguir combatiendo”. Por tanto, a decir de Martínez Peláez, “la guerra se suspendió y no hubo vencedores ni vencidos. De allí que fue necesario acudir a una negociación posterior, no solo para darle final jurídico a la guerra por un tratado de paz, sino que había que poner fronteras territoriales para ambos países”.
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El Protocolo de Paz firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935 establecía el cese definitivo de las hostilidades sobre la base de las posiciones de los beligerantes; se adoptaron medidas de seguridad para evitar la reanudación de la guerra y se ratificaba a su vez la Declaración del 3 de agosto de 1932, que decía que “las conquistas territoriales logradas por la violencia no serán reconocidas por los firmantes de la declaración”.
Además, una conferencia de paz debía ser convocada para resolver el diferendo entre Paraguay y Bolivia en caso de no llegar a un acuerdo por medio de un procedimiento de arbitraje. Entonces, el 14 de junio de 1935, a las 12:00 am, cesó el fuego en todo el frente de guerra, narra el historiador.
Pretensiones bolivianas
Al final de la guerra, técnica y legalmente no hubo vencedores ni vencidos por el armisticio. Pero ¿cuáles eran las pretensiones bolivianas antes del conflicto?
Bolivia sostenía que todo el Chaco era parte de su territorio, interés ya demostrado en la época de don Carlos Antonio López. Luego de la firma del Tratado del 15 de julio de 1852 entre Paraguay y Argentina, se dio la primera manifestación de protesta boliviana contra la ocupación y el dominio paraguayo sobre cierta zona ribereña del río Paraguay.
Se dan luego una serie de hechos apenas finalizada la guerra contra la Triple Alianza, empezando en el año 1878 con el laudo Hayes, en el que el presidente de los EE. UU., Rutheford B. Hayes, declaraba que Paraguay “tiene legal y justo título al territorio situado entre los ríos Pilcomayo y Verde, así como a la Villa Occidental (o Chaco)”.
Luego de concluida la guerra del Pacífico contra Chile en el año 1884, Bolivia perdía definitivamente su costa sobre el mar y a partir de ahí buscaría una salida hacia el este por el océano Atlántico.
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Acuerdos de límites
Entre Paraguay y Bolivia se firmaron cuatro acuerdos de límites: a) El Tratado Decoud – Quijarro en 1879, b) el Tratado Aceval – Tamayo en 1887, c) el Tratado Benítez – Ichazo en 1894 y, por último, el Tratado Soler – Pinilla en el año 1907.
Para mejor referencia, Ortiz adjunta croquis de las divisiones territoriales firmadas en cada acuerdo, que no fueron ratificados por el Congreso paraguayo, ya sea por diversos motivos políticos o porque el destino reivindicaría al Paraguay en cuanto a sus territorios en el Chaco Boreal, por medio de las armas y al final de la guerra.
El 9 de setiembre de 1932 comienza la batalla por la recuperación del fortín Boquerón, que estaba en poder de los bolivianos. Veinte días después, el 29 de setiembre, se da la primera gran victoria de los dirigidos por el joven teniente coronel José Félix Estigarribia.
La falta de agua fue una dura realidad, refiere Ortiz y agrega el valor de los soldados paraguayos, el valioso aporte de las enfermeras y el personal de blanco; los choferes del Chaco que siempre son olvidados, el uso de armas modernas nunca vistas en Paraguay en aquellos días (tanques, lanzallamas, ametralladoras, etc.), las batallas aéreas, el clima (calor de día, frío de noche), la conducción de los oficiales paraguayos empezando por el comandante José Félix Estigarribia, la conducción política del presidente Eusebio Ayala.
“En fin, tanto se puede contar de todo lo que pasó en tres años de dura y cruenta lucha por el control de los territorios chaqueños”, remarca.
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Conclusión
Sin ninguna duda, a criterio de Ortiz, magíster en Ciencias de la Educación y actual presidente de la Asociación Cultural Mandu’arã, se puede considerar que el Ejército paraguayo “ganó” o fue el “mayor vencedor” de la guerra, porque al finalizar la misma el Paraguay obtuvo 136.225 km2, o sea un 125 % más de todo el Chaco Boreal.
En cuanto a los 153.747 km2 obtenidos a través de las armas, el Paraguay cede en las negociaciones de paz aproximadamente un 10 % de ese territorio, que en realidad no tenía antes de la guerra.
De los 324.000 km2 que son la totalidad del Chaco Boreal, Bolivia se quedó con 76.672 km2 (23 %), mientras que el Paraguay con 247.328 km2 (77 %). Al mismo tiempo, esa superficie supone lo que hoy en día es el 60 % del territorio patrio. Lo correspondiente a Bolivia supone el 7 % de su superficie. Además, se mantuvo la soberanía sobre el río Paraguay.
“Debemos recordar siempre a los héroes y heroínas de la guerra del Chaco, ya que es un justo y más que merecido homenaje para quienes pelearon en defensa del Paraguay. Muchos de ellos nunca más regresaron a sus hogares, regando con su sangre el Chaco Boreal, que sin lugar a dudas es paraguayo y lo es gracias a ellos y ellas”, concluye.
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Mades y Senad redoblan esfuerzos para proteger áreas silvestres y combatir el narcotráfico
El Gobierno anunció que se redoblarán los esfuerzos para fortalecer el control y prevenir la degradación de los recursos naturales en las áreas silvestres protegidas, causada por los cultivos ilegales de marihuana, mediante acciones combinadas entre varias instituciones.
A tal efecto, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió en audiencia este miércoles en Mburuvicha Róga, al ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto y al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Jalil Rachid. Ambas autoridades acordaron aunar esfuerzos para fortalecer el control y prevenir la degradación de los recursos naturales en las áreas silvestres.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el ministro del Ambiente Rolando de Barros Barreto explicó que desde que inició este gobierno están trabajando en el fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas; ya que el principal enemigo de los recursos naturales, de los bosques y recursos naturales, hoy en día son los cultivos ilegales de marihuana, que por cada hectárea de cultivo ilegal, es una hectárea de pérdida de bosque natural.
El ministro enfatizó que esta situación es una gran problemática que se está viviendo no solo a nivel de medioambiente de las áreas protegidas, sino que también a nivel nacional teniendo en cuenta que la principal causa de destrucción de los recursos naturales en el Paraguay, es el crimen organizado y la plantación ilegal de marihuana.
Es por ello que se estableció trabajar de manera coordinada con la Secretaría Nacional Antidrogas, encabezada por el ministro Jalil Rachid, que sus agentes se encarguen de las acciones operativas de control y combate en las diferentes áreas silvestres protegidas privadas y públicas. Indicó que el fin es consolidar la seguridad, fortalecer las áreas y recuperar ciertos lugares que estaban prácticamente en abandono durante el gobierno anterior.
“Nuestro objetivo es aplicar políticas ambientales de conservación de la biodiversidad y protección de las áreas de influencias y de las comunidades que viven en los alrededores, que son los pueblos originarios. Entonces estamos llevando adelante diferentes acciones de intervención, monitoreo y contar con mayor presencia de las diferentes instituciones del Estado en las distintas comunidades afectadas”, explicó el ministro De Barros.
Acciones a la fecha
En otro momento, indicó que al asumir el gobierno, en las primeras acciones se habían detectado 23 pistas de aviación en el Parque Nacional Paso Bravo, ubicado al norte del departamento de Concepción, de las cuales algunas estaban inoperantes y otras estaban operativas, y que después de intervenciones conjuntas ya se anularon 5 pistas.
Mencionó además que ya se realizaron intervenciones conjuntas en Caazapá en el parque San Luis, e informó que se preparan otras nuevas intervenciones, que se llevarán a cabo con el objetivo de reducir la cantidad de plantaciones ilegales.
“Tenemos aproximadamente unas 3.900 hectáreas de plantaciones de marihuana o zonas que fueron utilizadas para el cultivo ilegal, en lo que respecta a las áreas silvestres protegidas públicas. Pero mayor cantidad de áreas privadas, como Campos Morombí y Moisés Bertoni en Mbaracayú”, acotó.
El ministro Rachid destacó además que gracias a estas intervenciones que se realizan de manera conjunta entre la Senad y el Mades en las áreas protegidas, ya se ha logrado reducir significativamente la cantidad de plantaciones ilegales, instalando igualmente el orden y seguridad en dichas áreas. Pero se siguen haciendo intervenciones de manera permanente, ya que el monitoreo es importante en estas áreas que son extensas.
Al respecto, señaló que una de las áreas de parque más afectadas dentro de toda esta problemática de plantaciones ilegales es el Parque Nacional San Rafael, que se ubica entre los departamento de Caazapá e Itapúa, con más de 1.600 hectáreas de cultivo de marihuana.
“Por eso, este tema es una problemática ambiental, de seguridad y que a la vez causa problemas sociales, por lo que también es un área crítica que se está trabajando con las diferentes instituciones del Estado para poder controlar”, concluyó.
En tanto, desde el Gobierno han resaltado que estas acciones demuestran el firme compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado, protegiendo nuestros recursos naturales y garantizando la seguridad de nuestras comunidades, anunciaron desde la Presidencia de la República.
LAS CLAVES
- El principal enemigo de los recursos naturales, de los bosques y recursos naturales, hoy en día son los cultivos ilegales de marihuana.
- Mades y Senad llevan adelante un trabajo conjunto y coordinado en la destrucción y monitoreo de las plantaciones ilegales en las áreas silvestres protegidas.
- Establecieron acciones de intervención, monitoreo y contar con mayor presencia de las diferentes instituciones del Estado.
- Preparan otras nuevas intervenciones, que se llevarán a cabo con el objetivo de reducir la cantidad de plantaciones ilegales.
- Existen unas 3.900 hectáreas de plantaciones de marihuana o zonas que fueron utilizadas para el cultivo ilegal, en lo que respecta a las áreas silvestres protegidas públicas y privadas.
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Inicia el Diplomado "El nuevo modelo de Gestión Penitenciaria del Paraguay"
El lunes 2 de septiembre se inició el Diplomado “El nuevo modelo de Gestión Penitenciaria del Paraguay: Análisis del Sistema Penitenciario y Justicia Penal desde estándares internacionales”. Esta actividad es una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), en conjunto con el Ministerio de Justicia a través del Instituto Técnico Superior Penitenciario (ITSP), con el apoyo de Haizea Educación, Universidad Americana (UA) y la Unión Europea (UE).
El diplomado busca fortalecer las habilidades de los funcionarios del Ministerio de Justicia y otros actores vinculados al Sistema Penitenciario. A través de un enfoque teórico-práctico, los participantes podrán identificar los principales desafíos del sistema penitenciario y avanzar en la implementación de un nuevo modelo de gestión, alineado con los estándares internacionales de derechos humanos.
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El programa se estructura en dos módulos: uno básico y otro avanzado. El módulo básico se centrará en los aspectos fundamentales del sistema penitenciario, mientras que el módulo avanzado abordará los problemas prácticos que sustentan este nuevo modelo de gestión.
La metodología del diplomado incluye clases magistrales, debates, discusiones dirigidas, aprendizaje basado en problemas y estudios de casos, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos en los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad. Tiene una duración de 3 meses y está dirigido a funcionarios del Ministerio de Justicia y funcionarios de instituciones claves del Sistema Penal Paraguayo.
El contexto de este Diplomado se enmarca en las nuevas políticas impulsadas por el Ministerio de Justicia que busca la incorporación de este nuevo modelo de gestión con varios enfoques clave: control riguroso de las penitenciarías, reforma de leyes, capacitación de nuevos agentes penitenciarios, apertura de cárceles de alta seguridad y el fortalecimiento de programas de reinserción social y laboral para reducir la reincidencia.
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Forjan un futuro agrícola más resiliente y sostenible
Con la premisa de apoyar de manera eficaz un futuro más resiliente y sostenible, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) forjan una alianza estratégica interinstitucional.
Se trata de un convenio marco de cooperación entre ambas instituciones, que tiene por objeto el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la mejora del sector agrícola en el país. Tales mejoras apuntan a la innovación, comercio internacional, integración regional entre otros.
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Gran paso
Los esfuerzos también apuntarán a mejorar la sanidad agropecuaria, inocuidad y calidad de alimentos, así como la digitalización de los procesos en estos ámbitos. La firma de convenio se realizó este lunes 2 de setiembre, en el marco de una charla.
El acuerdo de cooperación fue suscrito por el Representante del IICA Paraguay, Gabriel Rodríguez Marqués, y el presidente del Senave, Pastor Soria Melo. “Este es un gran paso hacia un futuro agrícola más resiliente y sostenible”, expresaron tras la firma.
El IICA es el organismo especializado en agricultura del sistema interamericano, que apoya los esfuerzos de los 34 Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural, de lo cual Paraguay es partícipe.
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