Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

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“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP

El empresario Alix Didier Fils-Aimé se convirtió este lunes en el nuevo primer ministro de Haití prometiendo “paz” y “seguridad” para ese convulso país caribeño, que en la misma jornada fue escenario de un ataque armado a un avión de pasajeros que tuvo que desviarse de la capital. Fils-Aimé, de 52 años, fue investido en una ceremonia celebrada en Puerto Príncipe en lugar de Garry Conille, destituido el fin de semana por el consejo presidencial de transición apenas unos cinco meses después de llegar al cargo y tras una pugna por el control del gobierno.

En su primer discurso, el primer ministro Fils-Aimé prometió dedicar toda su energía para salvar a un país devastado por la violencia de las pandillas. “La primera tarea imprescindible y que condiciona el éxito de la transición es el restablecimiento de la seguridad”, declaró. “El pueblo haitiano merece la paz, la estabilidad y un desarrollo sostenible”.

El consejo presidencial de nueve miembros -formado en abril mediante un acuerdo entre partidos políticos y la sociedad civil- tomó las riendas del país tras la dimisión del impopular primer ministro Ariel Henry, con la promesa de frenar a las bandas criminales que azotan el país. Al asumir el liderazgo, sus integrantes se comprometieron además a conducir Haití hacia sus primeras elecciones desde 2016 y a nombrar a un primer ministro al frente de un gobierno interino.

Conille intentó evitar su destitución alegando que el consejo presidencial no tenía potestad para destituirlo y que sólo lo podía hacer un Parlamento, un órgano legislativo del que carece el país. El cambio de primer ministro abre un nuevo periodo de incertidumbre en la nación caribeña, que no ha tenido ningún dirigente electo desde el asesinato de Jovenel Moise en 2021, y que lleva décadas sufriendo la violencia pandillera, la pobreza y la inestabilidad política.

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La decisión de destituir a Conille, un médico de 58 años que ya había sido primer ministro durante seis meses entre 2011 y 2012, llegó tras semanas de conflicto entre el dirigente y el consejo de transición. El órgano deseaba cambiar los titulares de los ministerios de Justicia, Finanzas, Defensa y Salud, una decisión rechazada por el primer ministro, según el diario estadounidense Miami Herald.

Conille echó leña al fuego esta semana al enviar una carta al consejo para pedir la dimisión de tres de sus miembros implicados en un escándalo de corrupción. Mientras los dirigentes haitianos se disputaban el poder, las pandillas han seguido amenazando al estado y a la población. Varios de esos grupos armados, que controlan el 85% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe y las principales carreteras del país, se aliaron en febrero para derrocar al gobierno de Henry con una serie de ataques contra infraestructuras claves como el aeropuerto internacional, comisarías y cárceles.

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Una fuerza internacional, apoyada por la ONU y financiada en gran parte por Washington, empezó a desplegarse este verano para ayudar a la policía haitiana en su lucha contra las pandillas. Pero meses después de la llegada de sus primeros integrantes, esa misión tarda en obtener resultados visibles frente a unas bandas bien armadas y organizadas.

Según un informe reciente de la ONU, entre enero y junio de 2024, hubo más de 3.600 homicidios y 1.100 secuestros en Haití. El documento de Naciones Unidas indica, además, que las pandillas adaptaron sus acciones al despliegue de la fuerza internacional, compuesta por unos 400 policías y militares, en su mayoría kenianos.

La violencia obligó a más de 700.000 personas -la mitad de ellas niños- a abandonar sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este lunes, la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines informó que uno de sus aviones recibió disparos cuando aterrizaba en el aeropuerto de Puerto Príncipe y tuvo que ser desviado a la vecina República Dominicana. Un auxiliar de vuelo sufrió heridas leves, precisó compañía aérea en un comunicado. Ningún pasajero resultó lesionado. Un breve video difundido en la red social X, incluido el diario neoyorquino Haitian Times, muestra varios agujeros de bala en el fuselaje y la cabina del avión, un Airbus.

Tras el incidente, la terminal aérea de Puerto Príncipe suspendió todos los vuelos comerciales, según el Miami Herald, mientras que la línea estadounidense American Airlines anunció que detendrá su servicio entre Miami y la capital haitiana hasta el jueves. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) “condenó enérgicamente los últimos ataques contra la aviación civil en Haití” y “pidió al gobierno haitiano que actúe inmediatamente para dar seguridad a las compañías aéreas y restablecer la confianza”.

Fuente: AFP.

Un avión de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines recibió disparos cuando aterrizaba en la capital de Haití y fue desviado a la ciudad de Santiago, en la vecina República Dominicana, informó este lunes la compañía, que añadió que uno de sus tripulantes resultó levemente herido.

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El vuelo 951 de Spirit Airlines había partido de Fort Lauderdale, en el sureste de Florida, rumbo a Puerto Príncipe, ciudad sometida desde hace meses a una ola de violencia pandillera.

Según un comunicado de la aerolínea, después de la llegada de su avión al aeropuerto dominicano, una inspección reveló en el aparato daños compatibles con disparos.

El auxiliar de vuelo que sufrió heridas menores está siendo atendido por personal médico, añadió la compañía.

Spirit Airlines sacó de circulación el avión impactado y está preparando otro aparato para que su personal pueda regresar a Fort Lauderdale este lunes.

La línea aérea anuló sus vuelos a Cabo Haitiano, en el norte de la nación caribeña, y a Puerto Príncipe, a la espera de evaluar la situación de seguridad.

De acuerdo con el diario estadounidense Miami Herald, la autoridad aeroportuaria de Puerto Príncipe dejó todos los aviones en tierra a raíz del incidente.

La aerolínea estadounidense American Airlines también decidió suspender sus vuelos entre Miami y Puerto Príncipe hasta el jueves, según indicó en un comunicado enviado a la AFP.

Haití sufre desde hace meses una ola de violencia desatada por poderosas pandillas que controlan más del 80 % de la capital.

A finales de febrero, esos grupos armados lograron paralizar el aeropuerto internacional Toussaint Louverture tras una serie de ataques contra infraestructuras claves en Puerto Príncipe.

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Fuente: AFP

Al menos 24 personas murieron y otras cuarenta resultaron heridas este sábado en el suroeste de Haití por la explosión de un camión cisterna accidentado, informó a la AFP Protección Civil.

Según testigos, la explosión ocurrió cuando las víctimas intentaban recolectar el combustible que perdía el camión cisterna, luego de que éste se accidentara. El jefe nacional de Protección Civil, Emmanuel Pierre, informó a la AFP que el saldo de muertos aumentó en las últimas horas de 16 a 24.

Unas 19 personas con quemaduras graves serán trasladadas a hospitales especializados de Puerto Príncipe gracias a un vuelo coorganizado por el Ministerio de Salud Pública y la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), afirmó Pierre. Sin embargo, hasta la noche del sábado solo habían sido evacuados seis, precisó el funcionario.

Otras víctimas, que tuvieron el 80% del cuerpo quemado, no pueden ser transportados y deben ser atendidos en el hospital Sainte Thérèse, en Miragoâne, ciudad portuaria a unos 100 kilómetros de Puerto Príncipe. El primer ministro interino, Garry Conille, convocó a una reunión de emergencia debido a la tragedia, agregó Pierre.

El 5 de septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció una nueva partida de ayuda humanitaria por USD 45 millones para Haití y pidió a otros países contribuir financieramente.

Fuente: AFP