Un juez rechazó ayer miércoles la oferta del expresidente estadounidense Donald Trump de pagar una fianza de 100 millones de dólares para cubrir parcialmente la multa de más de 355 millones que un tribunal de Nueva York le impuso por fraude civil. Trump, que se ganó un perfil público como promotor inmobiliario y hombre de negocios en Nueva York antes de entrar en política, podría tener que vender algunas de sus propiedades emblemáticas para cubrir la multa si fracasa su apelación en curso.

A Trump se le pidió que fijara una fianza para hacer frente al fallo dictado el 16 de febrero, según el cual manipuló el valor de sus propiedades para obtener intereses más favorables en préstamos y seguros. La fianza es una garantía de que pagará cualquier sanción que se le imponga en caso de que fracase su recurso, y normalmente estaría suscrita por una aseguradora o una compañía de fianzas especializada.

A Trump, quien probablemente será el candidato presidencial republicano en las presidenciales de noviembre, también se le prohibió dirigir negocios en el estado de Nueva York durante tres años y solicitar préstamos a instituciones con sede allí. En lugar de presentar una garantía por el total de 355 millones de dólares, más unos intereses considerables, los abogados de Trump solicitaron a la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York “una fianza por valor de 100 millones de dólares”.

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El escrito decía que las “vastas” propiedades inmobiliarias de Trump “bastarían por sí solas para garantizar adecuadamente cualquier sentencia que se confirme”. “(La) fianza simplemente serviría como garantía adicional”, según la defensa del expresidente. Los abogados de Trump pasaron a tachar la decisión original del juez Arthur Engoron como “exorbitante y punitiva”. La “ilegal e inconstitucional prohibición total de Engoron sobre las transacciones de préstamos haría imposible asegurar y pagar una fianza completa”, dijeron.

Trump, que se enfrenta a 91 cargos penales en otros casos, ha aprovechado sus problemas legales para animar a sus partidarios y denunciar a su probable rival, el presidente Joe Biden, al afirmar que los procesos son “solo una forma” de hacerle “daño en las elecciones”. Trump atacó repetidamente al juez Engoron durante el desarrollo de este proceso, acusándolo de estar “fuera de control”.

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este miércoles examinar el tema de la inmunidad penal invocada por el expresidente Donald Trump y lo hará a finales de abril, pocos meses antes de las presidenciales de noviembre. Acusado de cuatro cargos penales, el gran favorito para la nominación presidencial republicana trata de retrasar al máximo los juicios interponiendo recursos.

El 6 de febrero un tribunal federal de apelaciones desestimó que Trump tuviera inmunidad penal, reabriendo el camino para que se le juzgue en Washington por su presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020. El tribunal de apelaciones dejó en suspenso el fallo para darle a Trump la oportunidad de apelar ante la Corte Suprema, lo que llevó a la jueza Tanya Chutkan a anunciar el aplazamiento del juicio, inicialmente previsto para el 4 de marzo.

La Corte Suprema dijo que abordaría el tema de “si un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conductas que supuestamente involucran actos oficiales durante su mandato, y, de ser así, en qué medida”. El fiscal especial Jack Smith, que investiga el caso, recomendó a la Corte Suprema que no aceptara a trámite el caso, pero, si lo hacía, que fijara un calendario acelerado.

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En su decisión del miércoles, la Corte Suprema satisfizo en parte a Donald Trump al no permitir que la decisión de apelación entre en vigor hasta que se pronuncie. Pero programando los debates para “la semana del 22 de abril” accede en cambio a la petición del fiscal especial de adelantar el plazo.

En sus alegatos, Jack Smith subrayó la “importancia nacional única de este caso penal”, en el que un expresidente es “procesado penalmente por haber intentado permanecer en el poder impidiendo al legítimo ganador de las elecciones asumir sus funciones”. Los abogados de Trump aducen “inmunidad absoluta”.

“A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con las mismas protecciones que cualquier otro acusado. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que podría haberlo protegido cuando era presidente en el cargo, ya no lo protege”, escribieron los tres jueces de apelación en su fallo, confirmando uno emitido en diciembre en primera instancia por la jueza Chutkan. Si gana las elecciones de noviembre Trump podría ordenar el fin de los procedimientos federales abiertos contra él una vez que tomara posesión del cargo en enero de 2025.

Fuente: AFP.