La Fiscalía de Venezuela divulgó ayer lunes supuesta “evidencia” de la vinculación de la activista Rocío San Miguel con un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Sobre una mesa, el fiscal general, Tarek William Saab, expuso ante la prensa mapas y computadores incautados y mostró fragmentos de una “orden de operación” confiscada a un militar detenido, acusado también de participar en el plan de magnicidio, en los que “aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel”.
Según esos extractos, San Miguel debía hacer “enlaces” con medios de comunicación para divulgar “avances de la operación”, generar “afinidad comunicacional con la población militar” y “coordinar” la defensa de oficiales involucrados a través de la ONG que dirige, Control Ciudadano, especializada en temas relacionados con la Fuerza Armada.
Estados Unidos y la Unión Europea expresaron “preocupación” por el arresto de la activista el 9 de febrero, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian “una escalada” contra la sociedad civil en un año en el que están previstas elecciones presidenciales. El gobierno de Maduro ordenó la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas, que también había cuestionado la detención.
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Los mapas incautados en un allanamiento a la vivienda de San Miguel, el miércoles pasado, tenían sedes militares “demarcadas”, subrayó Saab. Uno de los abogados de la defensa, Joel García, informó aquel día que esos mapas eran usados por ella cuando daba clases en institutos militares y que databan de finales de la década de 1990. Saab acusó a la activista de recibir “pagos” de “una trasnacional petrolera” que no mencionó y de actuar como “agente” de embajadas extranjeras.
De acuerdo con Saab, la ‘Operación Brazalete Blanco’ contemplaba un ataque contra brigadas militares en el estado Táchira (fronterizo con Colombia) para “hacerse con su parque de armas” e “iniciar una escalada violenta” que acabaría con el “magnicicio” de Maduro. Se buscaba, según dijo, obtener 482 fusiles AK-103, 51 pistolas y 10 escopetas. Al rechazar denuncias de “desaparición forzada”, el fiscal aseguró que San Miguel recibió la visita de familiares el pasado fin de semana.
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Fuente: AFP.