• Caracas, Venezuela. AFP.

El gobierno de Venezuela anunció ayer domingo la reducción de la jornada laboral en la administración pública debido a la “emergencia climática” reflejada en el descenso de los embalses, vitales en la producción de energía eléctrica en el país. La medida, que comenzará el lunes 24 de marzo, recuerda a las aplicadas durante los años 2016 y 2018 por el presidente Nicolás Maduro, que alertó entonces sobre la reducción del caudal en la hidroeléctica Guri, que genera 80% de la energía al país, por la sequía.

“Producto de la emergencia climática que ha conllevado al aumento de temperaturas a escala mundial, estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina”, indicó el gobierno en un comunicado.

Por ello, “se ajustará el horario laboral desde las 8:00 am hasta las 12:30 pm durante las próximas seis semanas”. Además, “se declara el 1×1, que consiste en un día laborable por un día no laborable”. De esta forma, la atención en las oficinas públicas se reducirá a tres días a la semana con jornadas de cuatro horas y media. Los organismos a cargo de servicios esenciales quedan exceptuados.

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El gobierno llamó a la población a acompañar estas acciones con medidas como el “ajuste de la temperatura de los aires acondicionados a 23°C, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos” cuando no se estén utilizando.

En 2019, luego de un apagón masivo, también se redujo la jornada laboral y se suspendieron las clases. Los racionamientos eléctricos son habituales desde hace más de 15 años en los estados del interior. Entre 2019 y 2024 el país ha quedado a oscuras por días debido a apagones que expertos atribuyen a falta de mantenimiento y el gobierno achaca a sabotajes.

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• Montevideo, Uruguay. AFP.

El nuevo gobierno de Uruguay justificó el pasado miércoles su cambio de postura sobre la situación en Venezuela, donde dejó de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo, pero tampoco valida a Nicolás Maduro como mandatario reelecto.

La administración del izquierdista Yamandú Orsi, que acaba de iniciar un periodo de cinco años, difiere así de la anterior, encabezada por el centroderechista Luis Lacalle Pou, quien recibió en Montevideo a González Urrutia días antes de que Maduro asumiera en enero un tercer mandato hasta 2031.

Según el canciller de Orsi, Mario Lubetkin, esto no significa “lavarse las manos” sobre el resultado de los comicios de julio. Entonces, Maduro se proclamó ganador sin divulgar detalles del escrutinio, mientras que la oposición publicó copias de actas electorales con las que reclama la victoria de González Urrutia, exiliado en España desde septiembre.

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“Estamos de acuerdo en que (esa elección) no se puede reconocer. Ahora, tampoco nosotros podemos ser la corte electoral de Venezuela”, declaró Lubetkin a radio Sarandí. El canciller dijo que el nuevo gobierno no es “insensible” a lo que ocurre en ese país y a su impacto en la región. Según la ONU, más de 7 millones de venezolanos abandonaron su país en la última década, la mayoría a países latinoamericanos.

“Nosotros tenemos que ayudar a que esos escenarios de inestabilidad de alguna manera se transformen en escenarios de estabilidad”, apuntó Lubetkin, y estimó que “un camino” puede ser realizar nuevas elecciones.

Para el gobierno de Orsi, Venezuela no es una “prioridad”, añadió, pero sí le preocupa proteger a los uruguayos que están en Venezuela y a los venezolanos que están en Uruguay, que estimó en unas 50.000 personas.

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“Si hay un objetivo 2025 en el tema de Venezuela, es ese”, afirmó. “Para eso hay dos aspectos fundamentales: tener diálogo con el gobierno venezolano y tener diálogo con la oposición venezolana. Lo tenemos con ambos”.

Desde fines de julio, ni Uruguay ni Venezuela tienen personal diplomático en sus embajadas respectivas, luego de que el gobierno de Maduro expulsara a los representantes uruguayos de Caracas y exigiera el regreso de los delegados venezolanos en Montevideo.

La última funcionaria administrativa uruguaya que estaba en la misión diplomática en Caracas, que oficiaba de enlace con el gobierno de Maduro, debió abandonar Venezuela en noviembre. La embajada uruguaya sigue abierta con personal local, pero con actividad restringida.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció un plan de “transformación social y económica” en la región del Catatumbo fronteriza con Venezuela, azotada por la violencia guerrillera y donde el ELN liberó horas antes a 22 secuestrados.

El nuevo plan regional se da en medio de un estado de “conmoción interior” vigente desde enero en esa región, y contempla una inversión de 2,7 billones de pesos (unos 670 millones de dólares) con el fin de erradicar unas 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

“Si la paz consiste en transformar el territorio excluido, el Catatumbo (...) está inmerso en una de las regiones más grandes en cultivo de coca”, dijo Petro en un consejo de ministros televisado, y subrayó que hay más de 50.000 hectáreas sembradas en esa región, la mitad en el municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander (noreste).

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El mandatario explicó que este plan se articula con otras medidas vigentes en la región donde la arremetida del ELN desde mediados de enero ya deja 71 muertos, 17 heridos y unos 55.200 desplazados, según cifras oficiales.

El plan también incluye “pagos por erradicación voluntaria de cultivos” de coca, titulación de tierras, proyectos de sustitución, comercialización de productos agrícolas y una carretera con conexión al resto del país, anunció el mandatario izquierdista.

Los pagos serán de 1.280.000 pesos colombianos (unos 310 dólares) mensuales por un periodo de un año, equivalentes al 90 % del salario mínimo mensual vigente en Colombia. “Se busca reemplazar todo el circuito económico, asegurar la logística de transporte”, agregó durante el consejo la directora del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, Gloria Miranda.

Parte del plan se financiará con nuevos impuestos a los juegos de azar en línea, con lo que se espera recaudar unos 240 millones de dólares, así como gravámenes adicionales a la venta y extracción de carbón y petróleo y a transacciones bancarias, explicó el ministro de Hacienda, Diego Guevara. La guerrilla del ELN busca consolidar su control en esa región fronteriza, una zona clave para los negocios ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el robo de petróleo, con los que se financia.

El 16 de enero, ese grupo atacó en el Catatumbo a la población civil y a sus enemigos del llamado frente 33, una disidencia de la guerrilla FARC que no firmó la paz en 2016. El presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz con el ELN que habían iniciado a finales de 2022 y ordenó a las fuerzas militares recuperar el control en la frontera.

Más temprano el lunes y tras la mediación de la Defensoría del Pueblo, ente veedor de derechos humanos en Colombia, el ELN liberó a 22 personas que había secuestrado desde mediados de enero en el Catatumbo. Olguín Mayorga Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, dijo a la AFP que la liberación se llevó a cabo en el municipio de Convención, Norte de Santander.

“Celebramos el retorno sanos y salvos de estas 22 personas”, dijo. “Este conflicto se mantiene latente, en especial en el municipio de Tibú y la zona rural del municipio de Teorama”, añadió Mayorga. Los rehenes, entre ellos tres menores de edad, estuvieron secuestrados 45 días y fueron entregados a una comisión humanitaria conformada además por la Iglesia católica y Naciones Unidas, aseguró la Defensoría.

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El ELN tiene un músculo militar muy superior al de las disidencias, con unos 5.800 combatientes, según cifras de inteligencia militar de 2022. Según denuncias de organizaciones como Human Rights Watch, el ELN opera en ambos lados de la frontera con Venezuela con beneplácito del gobierno chavista.

A finales de febrero, esa guerrilla también perpetró ataques en Cúcuta, capital de Norte de Santander, y en la vecina localidad de Villa del Rosario. Utilizaron un coche bomba en un peaje y colocaron explosivos en estaciones de policía, dejando seis heridos.

Fuente: AFP

Durante el acto oficial en que asumía el nuevo director de la Policía de Colombia, el presidente Gustavo Petro apuntó nuevamente al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como el presunto mandante del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En su discurso, el mandatario colombiano se refería a la lucha contra las drogas en su país y en la región, citando los impactos de este flagelo en la sociedad.

“Uno de los principales narcotraficantes que mató a un fiscal paraguayo en Colombia, con impunidad de la Fiscalía (colombiana), es un uruguayo, el narcotraficante Marset, que extrañamente su nombre desapareció del proceso de investigación del asesinado fiscal (Marcelo) Pecci, del Paraguay”, fueron las expresiones del presidente en su alocución en la presentación de Carlos Fernando Triana Beltrán al frente de la fuerza policial colombiana, el pasado 18 de febrero.

Recordó que Marcelo Pecci fue asesinado mientras se encontraba con su esposa en la península de Barú, en Cartagena de Indias, al norte de Colombia, el 10 de mayo del 2022. “Asesinado salvajemente frente a su mujer cuando estaban en luna de miel, tratando de disfrutar y de construir una vida en pareja, fruto del amor. Lo mataron enamorado y en medio del amor, brutalmente, por codicia, porque el fiscal Pecci estaba investigando al narcotraficante Marset, socio de los más poderosos narcotraficantes de Colombia”, lamentó Petro.

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Esta no es la primera vez que el presidente colombiano menciona a Marset como el mandante de este crimen, en varias ocasiones ya cuestionó que el narcotraficante uruguayo haya sido descartado de la investigación que estaba llevando adelante el entonces fiscal colombiano Mario Burgos, apartado del caso en septiembre de 2024 por orden de la Fiscalía general, que señaló que sería transferido a otra área, sin ahondar en detalles.

“Muerte, muerte y muerte. Ese camino tiene que ser discutido. La guerra contra las drogas no puede pasar por más muertes en el mundo. Puede pasar por otros caminos más pacíficos y más eficaces, para que la sociedad no busque su propia muerte a través de sustancias, como está sucediendo en Norteamérica y el fentanilo”, apuntó el mandatario.

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El 4 de febrero pasado, en medio de un consejo de ministros transmitido en vivo, Petro cuestionó que el fiscal colombiano Mario Burgos, quien estuvo a cargo del caso, excluyera de la investigación a Marset, actualmente prófugo de la justicia acusado de ser un poderoso narcotraficante del Cono Sur. “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso? Que es el narcotraficante Marset”, cuestionó.

Durante una breve mención al caso el martes, el presidente añadió que Marset “es socio del narcotraficante (Julio) Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, que está matando a los esmeralderos” y “quiere matar al presidente”. Mientras que, el 12 de agosto de 2022, a través de la red social X, Pedro expresó: “La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejo de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”.