Venezuela suspendió las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, instalada en 2019, una medida que sigue al arresto de la activista Rocío San Miguel por “terrorismo”. El canciller Yvan Gil anunció ante la prensa la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que incluye la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría, que deberá dejar el país en las próximas 72 horas.

El arresto de San Miguel -a quien vinculan con un supuesto plan de magnicidio- fue visto en estos días con “profunda preocupación” por el Alto Comisionado, además de Estados Unidos y la Unión Europea. “Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, dijo Gil al leer un comunicado.

La suspensión se mantendrá “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”, añadió el canciller. La Oficina del Alto Comisionado en Ginebra lamentó la decisión y señaló que está “evaluando” qué pasos seguir.

“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos”, dijo en un comunicado enviado a la AFP la portavoz Ravina Shamdasani.

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La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba el cargo. Su labor principal consiste en “brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas” en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre Venezuela.

Gil señaló que el gobierno hará “una revisión integral de los términos de cooperación técnica” con esa oficina en los próximos 30 días. Antes de dejar el cargo, en agosto de 2022, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba “mucho por hacer”.

Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina operaría por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas “arbitrariamente” e insistió en tomar medidas para poner fin a la tortura.

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El comisionado se reunió con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Dijo, no obstante, que hubo restricciones para acceder a centros de detención en el país.

Gil aclaró que Venezuela va “a seguir teniendo cooperación con la oficina del alto comisionado en Ginebra”. Oenegés venezolanas de derechos humanos como Provea condenaron la decisión del gobierno, que “aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales”.

El miércoles, decenas de activistas se concentraron a las afueras de la sede de la ONU en Caracas para exigir la liberación de San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares, y además una autoridad en asuntos militares.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también fue detenida, pero quedó en libertad condicional. La fiscalía la acusó de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, al vincularla “de manera directa” con un supuesto plan para asesinar a Maduro. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, fue capturado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”. Sus dos hermanos y el padre de su hija fueron igualmente detenidos y luego excarcelados.

“Si está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos lo primero que tiene que hacer (la representación de la ONU) es cooperar de manera estrecha con el gobierno”, manifestó Gil, que tachó a la representación de “oficina hemipléjica”. “Solo piensa hacia un lado, al lado derecho, al lado de la extrema derecha, solo protege a personas que han intentado subvertir no solamente el orden constitucional sino generar violencia generalizada en Venezuela”, añadió.

Fuente: AFP.