Rocío San Miguel se preparaba para salir de viaje por el principal aeropuerto de Venezuela cuando fue arrestada. Sus abogados señalan que hasta ahora no la han podido representar en una causa en su contra por “terrorismo”. Su arresto fue seguido por el de cinco de sus familiares, incluida su hija y su expareja, un militar retirado, también acusado de estar vinculado en una supuesta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Esto es lo que se sabe del caso, seguido con “preocupación” por la oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. San Miguel, de 57 años y de nacionalidad venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero a las 05H00 locales (9H00 GMT) en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Al momento de su detención se encontraba con su hija Miranda, quien pudo avisar a sus allegados que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) habían detenido a su madre. La información oficial se ha conocido a cuentagotas. Pasaron más de 48 horas hasta que el fiscal general, Tarek William Saab, informó el domingo por la tarde que había una orden de detención sobre San Miguel, mediante un mensaje en la red social X.
La fiscalía la vincula con “Brazalete blanco”, un presunto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Maduro. Maduro, que suele denunciar planes para derrocarlo, dijo que su gobierno neutralizó cinco “conspiraciones” en 2023. El mandatario, en busca este año de su tercera reelección, ya había acusado a San Miguel, en 2014, de estar involucrada en “un alzamiento militar”.
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“Desaparición forzada”
El equipo legal a cargo de la defensa de San Miguel, al frente de la ONG Control Ciudadano que registra violaciones de derechos humanos, denunció la “desaparición forzada” de la activista. “Hasta las 10:30 de hoy (martes) 13 de febrero, la defensa técnica no se ha podido comunicar con Rocío San Miguel”, a quien la fiscalía le imputó los delitos de “traición a la patria”, “conspiración” y “terrorismo”, cargos por los que han sido procesados otros activistas venezolanos.
“Rocío San Miguel suma 100 horas incomunicada”, indicaron los abogados. “No contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho a la asistencia legal, como parte del debido proceso establecido en el artículo 44 de la Constitución”. A su exesposo, José Gonzales De Canales Plaza, coronel retirado de la Aviación, lo acusan de “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación” ante un tribunal con competencia en terrorismo.
Sus otros cuatro familiares, incluida su hija Miranda, fueron excarcelados tras recibir medidas cautelares que consisten en “presentaciones periódicas” en el tribunal, prohibición de salida del país y de declarar a la prensa, confirmó a la AFP el abogado Joel García.
Su equipo de prensa pudo confirmar este martes que San Miguel está detenida en El Helicoide, uno de los principales centros de detención de “presos políticos”, manejado por el SEBIN. Su exesposo, en tanto, fue recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas.
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Creciente preocupación
Estados Unidos, la Unión Europea y la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por la situación de San Miguel. “Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, señaló la ONU, en la misma línea de la UE.
La Casa Blanca ha elevado el tono varias veces en las últimas semanas contra Maduro, al que reprocha el incumplimiento del acuerdo entre gobierno y oposición para las elecciones presidenciales de este año, que incluyó un canje de “presos políticos”. El fiscal general Saab denunció una “campaña feroz” desde el extranjero por este caso, al tiempo que el canciller venezolano, Yván Gil, acusó a Washington de “proteger y amparar a los terroristas”.
Fuente: AFP.