Fue una avalancha de revelaciones sin precedentes. La publicación en detalle de los preparativos para un supuesto intento de golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro y sus más estrechos aliados dejó al expresidente brasileño más expuesto que nunca.

El líder ultraderechista, que se dice víctima de una “persecución”, fue impedido el jueves de salir de Brasil en el marco de la operación “Tempus veritatis”, la hora de la verdad, en latín. Otros de sus colaboradores fueron objeto de registros o detenidos.

Pero sobre todo son las 135 páginas de la decisión judicial que autorizó la operación lo que tuvo el efecto de una bomba en Brasil: se trata de un supuesto plan premeditado para garantizar que Bolsonaro siguiera en el poder.

Según los investigadores, la supuesta trama golpista empezó a urdirse mucho antes de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas disconformes con la derrota electoral de su líder frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva invadieron las sedes de poder en Brasilia.

Apoyado por ministros, consejeros y altos mandos militares, Bolsonaro habría empezado a preparar un plan B a las urnas meses antes de las elecciones de octubre de 2022. “No se trata de los delirios aislados de un colaborador, sino de una acción coordinada en presencia de varios ministros y del presidente de la República. Es extremadamente grave”, destaca Geraldo Monteiro, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

Uno de los personajes centrales de la trama es Mauro Cid, un estrecho colaborador de Bolsonaro, que firmó un acuerdo de colaboración con la justicia tras haber sido detenido y encarcelado durante cuatro meses. Las autoridades empezaron a tirar del hilo gracias en parte a la información de Cid.

La primera fase del plan consistía según la policía en desacreditar el sistema de votación electrónico en Brasil para alimentar “sospechas de fraude” electoral y “legitimar una intervención militar”.

Durante una reunión el 5 de julio de 2022, cuya grabación fue publicada el viernes, Bolsonaro exhorta a “todos los ministros” a lanzarse en esta campaña contra las urnas electrónicas. “Si reaccionamos después de las elecciones, será el caos en Brasil, una gran guerrilla”, dijo el ultraderechista.

El general Augusto Heleno, ministro del gabinete de Seguridad Institucional, añadió: “Si hay que dar un golpe sobre la mesa para revertir la situación, hay que hacerlo antes de los comicios”.

Los investigadores apuntan a preparativos de un “golpe de Estado militar para impedir que el presidente electo de forma legítima accediera al poder”.

Según la policía, Bolsonaro recibió y modificó un decreto de golpe de Estado en el que preveía detener al presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y convocar nuevas elecciones.

El texto fue presentado a militares de alto rango durante una reunión el 7 de diciembre, tres semanas antes de la investidura de Lula, pero el decreto nunca se aplicó. ¿Por qué? La pregunta sigue en el aire.

La investigación expone también “las presiones” ejercidas sobre “militares indecisos” para que se adhirieran al plan de golpe de Estado.

Bolsonaro niega las acusaciones: “Nunca existió un intento de golpe en Brasil durante mi gobierno”, dijo en una entrevista al canal Record News difundida la noche del viernes.

Según Monteiro, se trata “del golpe más duro hasta ahora” para el expresidente. “Más duro” que cuando fue inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformación, “puesto que ahora entramos en el ámbito criminal”. “Bolsonaro será seguramente detenido debido a su implicación directa en los preparativos de golpe de Estado”, prevé.

Podría ser inculpado formalmente una vez que concluya la investigación, cosa que puede suceder pronto, según la prensa brasileña. La policía baraja los delitos de “golpe de Estado” y de “abolición del Estado de derecho democrático”.

Hasta ahora, los condenados por estas acusaciones en el marco de los actos golpistas del 8 de enero de 2023 se llevaron penas de hasta 17 años de prisión.

Desde que dejó el poder hace 13 meses, Bolsonaro ha sido blanco de numerosas investigaciones, pero el excapitán del ejército ha dado muestras de resistir y se ha mantenido a la cabeza de la oposición.

Monteiro estima que este nuevo escándalo “no afectará el núcleo duro de sus partidarios”, pero cree que el electorado bolsonarista puede reducirse de forma significativa.

Datos del instituto Quaest muestran que 58 % de los mensajes en las redes sobre la operación policial del jueves fueron críticos con Bolsonaro, una rara derrota para quien sigue siendo el líder de la arena política digital en Brasil.

La investigación, entre tanto, reconforta a Lula, que no ha dejado de criticar a su predecesor “golpista”.

Fuente: AFP