El expresidente brasileño Jair Bolsonaro entregó su pasaporte tras ser objeto ayer jueves, junto a varios de sus aliados, de una operación policial por “la tentativa de golpe de Estado” que culminó en los actos del 8 de enero de 2023. Las autoridades investigan una supuesta trama que habría arrancado antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, en las que el líder ultraderechista perdió por estrecho margen frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La policía lanzó la operación “Tempus Veritatis” para “investigar la organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado” para mantener al expresidente en el poder. Los agentes recibieron 33 órdenes de allanamiento y de cuatro arrestos, además de requisar pasaportes para impedir a algunos de los investigados salir del país.

El pasaporte de Bolsonaro “ya fue entregado a las autoridades competentes”, indicó en X su asesor Fabio Wajngarten. “Hace más de un año que no gobierno y continúo sufriendo una persecución implacable”, dijo Bolsonaro a una periodista del diario Folha de S. Paulo. “Olvídense de mí”, agregó el exmandatario, de 68 años.

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Ordenada por el magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes, la operación involucra asimismo cuatro generales, incluyendo Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, y Augusto Heleno, ministro del gabinete de Seguridad Institucional durante el gobierno del ultraderechista.

Hasta ahora se cumplieron tres órdenes de arresto, según la prensa: un exasesor para asuntos internacionales de Bolsonaro, Filipe Martins, y dos militares del Ejército. También fue detenido el presidente del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, al haber sido hallado en posesión ilegal de un arma.

Los investigados “difundieron la ocurrencia de fraude en las elecciones”, “incluso antes de que se celebraran, con el fin de permitir y legitimar una intervención militar”, dijo la policía. En un primer momento, el grupo diseminó información “falsa” sobre el sistema electrónico de votación en Brasil. Por este hecho, Bolsonaro ya fue inhabilitado políticamente en junio pasado hasta 2030.

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Después, los investigados “ejecutaron un plan para subvertir el Estado democrático de derecho con el objetivo de impedir la toma de posesión del gobierno” de Lula, escribió en su decisión el juez Moraes. La investigación apunta que Bolsonaro recibió un “decreto” de “golpe de Estado” en noviembre de 2022 y que este fue objeto de modificaciones durante varias reuniones en el palacio presidencial de Planalto.

Bolsonaro habría aprobado el texto, que además preveía prisión contra Moraes, al frente de varias investigaciones contra el expresidente y su entorno. También convocó una reunión con los comandantes militares para “presionarlos a adherirse” a la intentona, según el magistrado.

La policía halló el jueves en la sede del Partido Liberal en Brasilia un documento parecido a un discurso que anunciaba un estado de sitio, según una reproducción en la prensa. El documento “no coincide con las tradicionales y reconocidas declaraciones y frases” del expresidente, defendió Wajngarten, negando así que hubiese sido redactado por Bolsonaro.

Los sospechosos esperaron tener éxito hasta el inicio de 2023, “principalmente cuando se produjeron los actos golpistas del 8 de enero”, según Moraes. Ese día, miles de bolsonaristas ingresaron y saquearon el palacio presidencial y los edificios del Congreso y el Supremo Tribunal Federal para pedir una intervención militar y revocar al izquierdista del poder. El exmandatario es investigado como presunto instigador de esos actos.

Lula llamó el jueves a “aplicar el rigor de la ley” y aunque defendió la presunción de inocencia de Bolsonaro, lo acusó de haber “participado en la construcción de esa tentativa de golpe”, en declaraciones a la radio local Itatiaia. De las 2.170 personas detenidas por los actos del 8 de enero, hasta el momento unas 30 fueron condenadas por delitos como golpe de Estado, con penas de hasta 17 años de cárcel.

Las investigaciones ahora “llegan al punto decisivo” apuntando a los operadores y autores intelectuales, dijo a la AFP el analista político André Cesar. Las pruebas demuestran que “hubo de hecho un movimiento golpista” y será “difícil para la defensa justificar” las acciones del expresidente, añadió.

Paralelamente, este jueves, Bolsonaro fue multado por el Tribunal Superior Electoral con 15.000 reales (USD 3.000) por “propagar desinformación y noticias falsas” que asociaban a Lula con la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) durante la campaña.

El entorno cercano de Bolsonaro también ha sido objeto de investigaciones recientes. En enero, la policía allanó el domicilio y la oficina de uno de sus hijos, Carlos, por una presunta trama de espionaje ilegal en favor del ultraderechista.

Fuente: AFP.