Los uruguayos acuden el domingo a las urnas para elegir entre el continuismo del gobierno de centroderecha o el cambio a la izquierda del expresidente José Mujica, en una segunda vuelta que los analistas anticipan muy reñida.

El opositor Yamandú Orsi, un profesor de historia de 57 años, y el oficialista Álvaro Delgado, un veterinario de 55, aspiran a gobernar este país de 3,4 millones de habitantes, considerado la democracia más sólida de América Latina, con un ingreso per cápita comparativamente alto y bajos niveles de pobreza.

Uno de ellos sucederá en marzo al presidente Luis Lacalle Pou, que tiene un alto índice de aprobación, pero está impedido por la Constitución de buscar un segundo mandato consecutivo. Con Orsi, el Frente Amplio apuesta a recuperar el sillón presidencial que perdió en 2020 tras 15 años de gobierno.

Silvia Martínez, una empleada doméstica de 60 años, quiere que gane Orsi porque con el Frente Amplio le fue mejor “en todo” y con la coalición, “en nada”. “Los que estamos abajo somos los que sufrimos más”, dijo a la AFP tras escuchar a Mujica en un club. El exmandatario (2010-2015) tuvo un rol protagónico en la campaña de Orsi como “estratega principal”, según el politólogo Alejandro Guedes.

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A sus 89 años y a pesar de estar recuperándose de un cáncer de esófago, el exguerrillero salió al ruedo para captar nuevas adhesiones. En recorridas y en entrevistas, hizo gala de su estilo de vida austero, que le valió en el pasado el mote de “presidente más pobre del mundo” y criticó a los políticos a quienes “les gusta mucho la plata”.

El delfín de Mujica fue el más votado el 27 de octubre, con el 43,9 % de los sufragios, insuficientes sin embargo para evitar una segunda vuelta. Delgado, exsecretario de la Presidencia de Lacalle Pou, cosechó solo el 26,7 % como candidato del Partido Nacional, pero ahora cuenta con el respaldo de todos los socios de la coalición gobernante, que juntos recogieron el 47,7 %.

“Apoyo a Álvaro Delgado porque considero que es la continuidad de este gobierno, que para mí fue positivo”, señaló a la AFP Manuel Cigliuti, un auxiliar administrativo de 24 años que resaltó el manejo de la economía, la seguridad y la pandemia. “Además, la oposición no está a la altura”, apuntó.

Los últimos sondeos muestran una leve ventaja de Orsi frente a Delgado. Pero los encuestadores advierten que la diferencia está dentro de los márgenes de error y hablan de un “empate técnico”. “Si bien Orsi ha estado arriba en todas las mediciones, la brecha con Delgado se ha acortado. Es un escenario muy competitivo”, señaló a la AFP el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum.

“El país está dividido en dos mitades” y es “razonable” estimar que la elección se defina por menos de 50.000 votos, indicó. En 2019 se saldó por apenas 37.000. “Pero aunque el triunfo sea por márgenes estrechos no se prevén cuestionamientos al resultado”, aclaró Bottinelli. “Quien pierda lo aceptará pacíficamente y se abrirá una etapa de negociación necesaria entre los dos bloques”.

El diálogo parece inevitable porque ni Orsi ni Delgado tienen mayorías parlamentarias. Tras los comicios de octubre, 16 de los 30 escaños del Senado fueron para el Frente Amplio y 49 de las 99 bancas de la Cámara de Diputados, para la coalición gobernante.

“Tenemos al Senado pronto para salir a la cancha”, prometió Orsi al cerrar su campaña, asegurando tener “gobernabilidad” para impulsar “las transformaciones que el país necesita”. “Vamos a abrir los brazos para llegar a los acuerdos necesarios”, dijo de su lado Delgado, confiado en que “una mayoría silenciosa” le dará la victoria, porque “ni los más opositores” pueden desconocer que hoy el país está “mejor” que en 2019.

Analistas no esperan cambios significativos en la política económica cualquiera sea el vencedor, aunque puede haber diferencias en el comercio, con Orsi más volcado a la región y Delgado buscando mayor apertura al mundo. Ambos candidatos quieren impulsar el crecimiento, en recuperación tras la desaceleración por la pandemia y una histórica sequía. También apuestan a reducir el déficit fiscal.

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En el único debate de la campaña, Orsi y Delgado se comprometieron a no aumentar la carga impositiva y a combatir la delincuencia y el narcotráfico. La seguridad pública es la mayor preocupación de los votantes según las encuestas.

En Uruguay, el sufragio es secreto y obligatorio y no existe el voto consular. Para ganar el balotaje no es necesario superar el 50 % de los sufragios, como se requiere en la primera vuelta, sino que basta una mayoría simple.

Fuente: AFP

El izquierdista Yamandú Orsi, del opositor Frente Amplio, y Álvaro Delgado, del Partido Nacional que lidera la coalición de gobierno de centroderecha, chocaron el domingo sobre seguridad e impuestos en el debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay. Los candidatos se comprometieron a no elevar los impuestos.

Los candidatos a suceder al presidente Luis Lacalle Pou discutieron durante 90 minutos sobre desarrollo humano, seguridad, economía, educación e innovación y trabajo, en una instancia televisada obligatoria por ley antes del balotaje del 24 de noviembre.

Aunque el formato fue esencialmente expositivo, el eje temático sobre seguridad, la mayor preocupación de los votantes uruguayos según las encuestas, provocó recriminaciones mutuas. Delgado, exsecretario de la Presidencia de Lacalle Pou, acusó al Frente Amplio, que gobernó de 2005 a 2020, de “fracasar” en el combate a las “causas y consecuencias” de la criminalidad.

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“El 22 % de los que están en las cárceles con delitos graves tienen menos de 26 años”, dijo, y destacó el “respaldo” del actual gobierno a la policía, la baja de los delitos y el “equipo creíble” con que cuenta para seguir en esa senda.

De su lado, Orsi, un exjefe de gobierno del departamento de Canelones que está apadrinado por el exmandatario José “Pepe” Mujica, afirmó que “en Uruguay estamos viendo cosas que solo veíamos en las películas o en otros países de América Latina”, y puso como ejemplo maestras que “les enseñan a sus alumnos qué hacer cuando en la puerta de la escuela hay una balacera”.

“Eso es hoy, no es de hace 15 años. El narcotráfico existe y hay que enfrentarlo”, urgió, y recordó el “escándalo” de la emisión del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que provocó una crisis política en el gobierno de Lacalle Pou.

El tema impositivo también generó roces. “No vamos a aumentar los impuestos”, aseguró Orsi, aunque Gabriel Oddone, su propuesto ministro de Economía, consideró el mes pasado “irresponsable” afirmar algo así. Delgado cuestionó la promesa de Orsi, y se comprometió a su vez a no aumentar la carga tributaria.

“El Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa. Nosotros no vamos a subir los impuestos, vamos a generar los estímulos a la inversión y vamos a abrir el Uruguay al mundo con pragmatismo y sin ideología”, aseveró.

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De cara al próximo domingo, los últimos sondeos muestran a Orsi con leve ventaja frente a Delgado ((45-48,5 % contra 41-45,1 %), aunque indican un desenlace incierto dado que las diferencias están dentro de los márgenes de error y sigue habiendo votantes indecisos.

Fuente: AFP

Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

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“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP

El bitcóin rozó los 85.000 dólares ayer lunes, todavía impulsado por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Alrededor de las 17:00 GMT la criptomoneda seguía subiendo, hasta los 84.548,06 dólares, tras superar el domingo último el umbral histórico de 80.000 dólares.

El miércoles de la semana pasada había alcanzado la marca de los 75.000 dólares, superando su récord de marzo, que se situaba en 73.797,98 dólares. Las criptomonedas siguen disparándose con el regreso a la Casa Blanca de Trump, que ha prometido desregular este sector, a contracorriente de la política más restrictiva del actual presidente Joe Biden.

El republicano calificaba inicialmente a las criptomonedas como una “estafa”, aunque luego se convirtió en uno de sus defensores y lanzó recientemente su propia plataforma para operar con ellas. Trump también prometió reemplazar a Gary Gensler, el jefe de la SEC, la agencia federal que regula los mercados de valores. Según Stéphane Ifrah, analista de Coinhouse, Gensler “impidió cualquier lanzamiento de nuevos productos relacionados con las criptomonedas sin justificación”.

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Fuente: AFP.