La opositora venezolana María Corina Machado descartó ayer lunes abandonar su candidatura presidencial, pese a un fallo judicial que la hace inelegible en los comicios de este año y por el cual Estados Unidos reactivó sanciones a la estatal minera de extracción de oro, Minerven. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, selló el viernes una inhabilitación política por 15 años, que en la práctica le impediría participar en las elecciones.

“Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto”, dijo Machado ante seguidores, tres días después de la sentencia, que tachó de “decisión grotesca”. “Yo recibí el mandato de casi tres millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre” en unas primarias en las que arrasó (92 % del escrutinio).

“Represento a esa mayor soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí”, sentenció, y descartó designar a un sustituto. Por su parte, Estados Unidos reimpuso sanciones a la estatal Minerven después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantuviera la inhabilitación política de la opositora.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó en una nota que dio plazo hasta el próximo 13 de febrero para “liquidar cualquier transacción” pendiente con la estatal Minerven, modificando una licencia otorgada en octubre para promover elecciones justas y libres en el país caribeño. Más temprano, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que Washington “tiene opciones disponibles” para presionar a Caracas en relación a sanciones económicas.

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El TSJ tomó la decisión dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los candidatos inhabilitados pudieran impugnar la sanción, en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega. Esos acuerdos incluyen además la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año -aún sin fecha- con observación de la Unión Europa y otros actores internacionales.

Maduro, en el poder desde 2013, aparece como candidato natural a la reelección. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo en contra de sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.

Tras la decisión de la justicia, Estados Unidos indicó este lunes que analiza reinstaurar sanciones. “Tenemos opciones con respecto a sanciones”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, que recordó que en abril vence un levantamiento parcial del embargo de Estados Unidos al petróleo, gas y oro de Venezuela.

La Unión Europea por su parte se mostró igualmente “muy preocupada” por la decisión de la máxima corte, que “impide que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales” y no hace sino “socavar la democracia y el Estado de Derecho”.

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Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían “la salida” de Maduro y dejaron 40 muertos. Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.

La Sala Político Administrativa del TSJ validó los argumentos de la Contraloría para sancionar a la política liberal de 56 años por ser “partícipe de la trama de corrupción”, vinculada al dirigente Juan Guaidó, reconocido como presidente por Estados Unidos entre 2019 y 2023 con manejo de recursos bloqueados en el exterior.

Machado, que niega las acusaciones, sostiene además que “nunca” fue notificada del acto administrativo y no pudo defenderse. La delegación opositora en la mesa de negociación exigió el sábado que la decisión fuera revertida, y adelantó que denunciaría la situación ante Noruega, así como ante gobiernos involucrados en el proceso de diálogo.

El chavismo, en tanto, considera el fallo como “cosa juzgada” y pasó la página sobre Machado. “Esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme, ¡listo!”, afirmó el presidente Maduro este lunes durante su programa semanal Con Maduro. “Eso sucedió, fueron un grupo, creo que nueve dirigentes opositores con problemas de inhabilitación (…) metieron sus recursos, libre y voluntariamente, nadie los obligó, yo no obligué a ninguno de ellos a ir a la sala (del TSJ)”, subrayó el mandatario, al recordar que la revisión de las inhabilitaciones se derivó del Acuerdo de Barbados.

El importante dirigente chavista Diosdado Cabello garantizó este lunes “elecciones libres, transparentes, creíbles, universales, directas y secretas sin la presencia de los Estados Unidos, sin la presencia de la OEA”. El diálogo entre el gobierno y la oposición comenzó en agosto de 2021 y fue paralizado en dos oportunidades, antes de la firma del acuerdo en Barbados. Ninguna de las partes ha expresado intención de levantarse de la mesa por ahora.

Fuente: AFP.