• Caracas, Venezuela. AFP.

El ‘dólar negro’ se dispara en Venezuela y con ello se reavivan los temores de un repunte de la inflación y el recuerdo de los peores años de la crisis económica que forzó a migrar a millones de venezolanos. Mientras reina la incertidumbre por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, la cotización del dólar rompió esta semana la barrera de los 100 bolívares en el mercado paralelo que nació a la sombra de un férreo control cambiario que estuvo vigente por 15 años.

La tasa oficial, en contraste, es de 69,5 bolívares por dólar. La brecha entre ambas cotizaciones, que bordea el 50 %, genera presión sobre los precios, mientras las autoridades obligan a los comercios a regirse por el cambio oficial bajo amenazas de cierres y multas.

Ya había comenzado a abrirse en el segundo semestre de 2024, rondando 20 %, pero el fenómeno se agravó tras la decisión de la administración de Donald Trump de suprimir la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela pese a las sanciones, coinciden expertos. La compañía energética tiene plazo hasta el 27 de mayo para permanecer en el país caribeño.

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“El anuncio” de la salida de Chevron “generó de inmediato una inquietud muy grande”, dice a la AFP César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados. Ello derivó en un aumento de la demanda de dólares, con los venezolanos buscando cubrirse las espaldas, en un momento en el que la oferta en el mercado formal ha disminuido. “Hoy tenemos una demanda que excede muchísimo la oferta”, apunta Aristimuño.

“Nos está afectando”, lamenta Darwin Contreras, de 40 años, vendedor en una tienda de ropa en Caracas. “Aumenta la comida, aumenta todo”. “Es algo insoportable”, añade este hombre, que rememora la grave crisis vivida durante los ocho años de recesión que encadenó este país entre 2013 y 2020, en los que la economía se redujo 80 % y los venezolanos remaban contra la hiperinflación, que llegó a 130.000 % en 2018, y una aguda escasez de alimentos y medicinas.

Con el fin de dar estabilidad a la tasa oficial, el gobierno inyecta periódicamente dólares en el mercado cambiario. Solo en 2024 fueron colocados 5.000 millones de dólares, según datos de Aristimuño Herrera & Asociados. Las llamadas “intervenciones cambiarias”, sin embargo, han caído para ubicarse de acuerdo con esta firma en 634 millones de dólares en 2025 frente a los 934 millones que sumaban a estas alturas en el año anterior.

En ese contexto, llegó el anuncio del fin de la licencia a Chevron, así como la amenaza de Washington de imponer aranceles a los compradores de crudo venezolano. Aristimuño cree que la violenta alza del dólar paralelo es “coyuntural”, producto de lo que denomina “efecto Chevron”.

“Chevron es uno de los proveedores importantes de divisas (...), que fortalecía y complementaba de una u otra manera las divisas que viene dando el Banco Central de Venezuela (BCV) vía intervención cambiaria”, explica. Un 25 % de la producción petrolera venezolana, actualmente alrededor de los 900.000 barriles diarios, proviene de las operaciones de Chevron, según estimaciones privadas.

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Maduro, en el pico de la crisis hace unos años, sostenía que Venezuela era víctima de “una guerra económica”, en la que enmarcó las sanciones estadounidenses para presionar, sin éxito, por su salida del poder. El gobernante izquierdista, cuya reelección en 2024 es desconocida por Trump entre denuncias de fraude de la oposición, retomó ese discurso este viernes al referirse al aumento del dólar paralelo y reconocer que la demanda de divisas en el mercado formal aumentó 40 % en las últimas semanas.

“El dólar de guerra” es “un viejo enemigo de la economía venezolana”, dijo en un acto transmitido en cadena de radio y televisión. “Tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para superar la perturbación que ha creado los dos anuncios de guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”, lanzó el mandatario. La inflación venía cayendo. Cerró en 48 % el año pasado, según Maduro, después de ubicarse en 189,8 % en 2023, 234 % en 2022 y 686,4 % en 2021 de acuerdo con el BCV, que dejó de publicar reportes sobre este indicador en octubre.

En el salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional se desarrolló un análisis crítico “Al poder disciplinario ejercido por la Corte Suprema de Justicia contra los abogados litigantes”, donde se contó con la presencia de renombrados disertantes. Seis de los exponentes coincidieron de que la Corte no puede sancionar a los abogados que no trabajan para ellos.

Según el profesor doctor Nicolás Gaona Irún hubo coincidencia entre los colegios de abogados de que la Corte no tiene facultades disciplinarias que está ejerciendo sobre los abogados que no dependientes o funcionarios judiciales. Sin embargo, uno de los disertantes se mostró renuente a la situación y demostró su apoyo a la Corte, afirmando que sí tiene la potestad contra los litigantes.

“La postura de seis de los exponentes es que la Corte no puede juzgar disciplinariamente a quien no es su dependiente. Cada uno dio su punto de vista y fue socializado con el auditorio”, detalló Gaona en entrevista con La Nación/Nación Media. El evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) contó con una alta participación al tratarse de una situación que compete a los abogados del territorio nacional.

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Confirmó que uno de los expositores se mostró a favor de la Corte Suprema de Justicia y se excusó ante una ley que ya fue derogada. “Excepto el colegio de abogados de Villarrica representado por el doctor David Bogado, quien dijo que cree que la Corte tiene facultades e infundo su punto de vista, pero en una Ley que está derogada que es la 879″, señaló.

Indicó que el auditorio realizó sus preguntas como puntos de vistas, en el que muchos coincidieron en que la corte se extralimita y que no tiene la facultad disciplinaria con los abogados independientes. “En todos los casos hubo coincidencia que no puede disciplinar y que son inconstitucionales las medidas aplicadas por la Corte. Además, se habló de que la colegiatura obligatoria era una salida que había fracasado”, puntualizó.

Agregó que se resolvió hacer un informe sobre la exposición realizada y que será publicada dentro de un mes en formato de libro, que tendrá una presentación en formato digital y más adelante en impreso. “Yo creo que la corte se extralimita que funda la existencia del Consejo de Superintendencia así como la Ley 609 y el mal entendido sobre la vigencia de la ley 879 que fue derogada en el año 1992, sin embargo ellos están poniendo en vigencia”, sentenció.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas tras una explosión en una barcaza petrolera en el Lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, según un informe del equipo de seguridad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El estallido ocurrió durante la madrugada y las causas aún se desconocen.

La barcaza pertenecía a una empresa de mantenimiento de pozos que opera en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia. Fueron encontrados tres cuerpos “lamentablemente sin signos vitales” y “hay 06 heridos de los cuales 04 fueron trasladados a Ciudad Ojeda y 02 a Maracaibo”, señaló el informe sin añadir más detalles.

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Hace seis meses dos personas murieron y otras cuatro desaparecieron tras hundirse otra barcaza de la misma empresa en el lago de Maracaibo. En esa oportunidad, PDVSA atribuyó el incidente a “malas condiciones climáticas”.

El Lago de Maracaibo fue epicentro de la industria petrolera, golpeada en los últimos años por la corrupción, la falta de inversión y el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos. La producción venezolana de petróleo, que sobrepasaba los 3 millones de barriles diarios hace 25 años, está hoy alrededor de 1 millón, después de caer a mínimos históricos.

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Fuente: AFP