Cientos de militares y policías ingresaron ayer jueves a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil, epicentro de la guerra contra el narco en Ecuador, tras el asesinato la víspera de un fiscal antimafia, por el cual fueron detenidos dos sospechosos.

“Hemos aprehendido a 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, en #GYE (Guayaquil, ndlr), tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal”, dijo el comandante de la Policía, general César Zapata, a través de la red social X.

El fiscal Suárez, que investigaba un reciente ataque armado contra un canal de televisión en el marco de una sangrienta escalada de violencia de parte de organizaciones criminales, fue asesinado a tiros el miércoles cuando circulaba en su vehículo por un barrio del puerto de Guayaquil (suroeste).

En fotografías de la captura difundidas por el comandante se observan fusiles, pistolas, municiones, uniformes de instituciones públicas y otras prendas de vestir. En la mañana del jueves, cientos de policías y militares ingresaron a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil. Uniformados “realizan una nueva intervención en el Centro de Privación de Libertad #Guayas, controlando el perímetro externo e interno del centro penitenciario”, señalaron las Fuerzas Armadas en su cuenta de la red social X.

Se trata del mismo centro carcelario de donde fugó hace casi dos semanas Adolfo Macías, alias “Fito”, el jefe de una de las más grandes y temidas bandas narco y cuya huida recrudeció la violencia en el país. Reporteros de la AFP registraron tanquetas y escuadrones fuertemente armados en los alrededores de la cárcel. En los corredores externos de la prisión se observaban militares formados y autos blindados. Los militares ingresaron con armas largas y rostros cubiertos, según un video compartido por las Fuerzas Armadas.

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La espectacular toma en plena transmisión de un programa del canal TC el pasado 9 de enero conmocionó al país y llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un “conflicto armado interno” y ordenar una lucha sin tregua contra una veintena de bandas.

“Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez (...) voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana”, expresó el miércoles la fiscal general Diana Salazar, en un video difundido por X. Semanas antes de la arremetida violenta, Salazar había revelado los nexos entre las bandas y las más altas esferas del poder.

La investigación Metástasis señaló a jueces, políticos, fiscales, policías, un exdirector de la autoridad penitenciaria, entre otros, de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, prostitutas, apartamentos y lujos. “Que el país esté preparado (...) la respuesta a este operativo será una escalada de violencia”, anticipó entonces Salazar.

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Entre el 9 y el 17 de enero, fuerzas policiales y militares han ejecutado más de 20.800 operativos y han detenido a 1.975 personas de las cuales 158 están señaladas de “terrorismo”, según las Fuerzas Armadas. Las intervenciones en calles y cárceles también están en la mira de organizaciones de derechos humanos que exigen garantías a los derechos fundamentales de los presos.

El fiscal Suárez dirigió investigaciones que destaparon la infiltración de mafias en el sistema judicial y escándalos de corrupción en la compra de insumos médicos durante la pandemia de covid-19. Luego del asesinato de Suárez, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó el “fuerte compromiso del gobierno nacional en apoyar a las instancias de la administración de justicia”.

La fiscal general también ha denunciado amenazas de muerte en su contra por parte de uno de los líderes de la banda Los Lobos, quien fugó de prisión en medio de los desmanes ocurridos en las prisiones la semana pasada.

Fuente: AFP.