La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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La Dirección Nacional de Migraciones y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) avanzan en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad migratoria entre Paraguay y Estados Unidos, en una reciente reunión de sus autoridades.

Durante la reunión realizada en las instalaciones del ICE en Washington, el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter y autoridades del organismo estadounidense, abordaron temas relacionados con el intercambio de información y estrategias conjuntas para el combate a delitos transnacionales.

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El ICE es un organismo que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y que cuenta con el mayor cuerpo de investigadores criminales en esta dependencia. Su labor se enfoca en la identificación y persecución de delitos vinculados al tráfico de personas, el fraude migratorio y otras actividades ilícitas transnacionales.

En el transcurso de su estadía en Washington, el director nacional de Migraciones mantuvo además una reunión con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con quienes dialogó sobre mecanismos de cooperación interinstitucional orientados al fortalecimiento de las políticas de seguridad migratoria y el combate a delitos transnacionales que afectan a ambos países.

Estos encuentros reflejan el interés de ambas instituciones en estrechar lazos con el propósito de mejorar los controles migratorios y reforzar la cooperación entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado a nivel global.

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• Quito, Ecuador. AFP.

El colapso de un dique que ayudaba a contener parte de los más de 25.000 barriles de petróleo vertidos por la ruptura de un oleoducto hace casi dos semanas en el noroeste de Ecuador agravó la emergencia ambiental, donde ríos y playas del Pacífico están contaminados. El gobierno atribuyó a un sabotaje el daño en un oleoducto de propiedad estatal el 13 de marzo, que provocó el derrame de 25.116 barriles de crudo afectando tres ríos y el suministro de agua a varias poblaciones, según autoridades.

Debido a las intensas lluvias que caen desde enero en el país, el martes pasado colapsó un dique de contención en el río Caple, que se conecta con otros torrentes de la provincia costera de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, indicó el miércoles la estatal Petroecuador en un comunicado. Agregó que siete barreras de contención fueron instaladas en el río Viche, donde maquinaria retiraba palos contaminados de crudo. También se colocó material absorbente adicional en ese afluente, así como en el Caple y Esmeraldas, que desemboca en el Pacífico.

La entidad señaló que los trabajos buscan además proteger un refugio natural de vida silvestre, con más de 250 especies como nutrias, monos aulladores, armadillos, fragatas y pelícanos. “Esto ha sido un desastre total”, dijo a la AFP Ronald Ruiz, el dirigente de los residentes del poblado de Cube, en cuya área está situado el dique. Añadió que el duro invierno “hizo que el afluente creciera, trayendo palizadas y por ende rompiera los diques que estaban conteniendo el petróleo, que estaba acumulado para su evacuación”.

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El dirigente apuntó que unas 750 familias estaban afectadas en Cube, donde la gente se dedica a la agricultura, ganadería y pesca. “Tenemos ya el río totalmente muerto por ahora, no hay actividad de pesca, no pueden regar los cultivos”, expresó Ruiz. Según el dirigente, los ganaderos debieron evacuar sus animales hacia otras zonas. “Los animales que toman agua de este afluente aparecen muertos por ahí”, dijo.

Tras el derrame, la provincia de Esmeraldas fue declarada en emergencia ambiental, durante la cual se han recolectado 30.257 barriles de crudo mezclado con agua. El colapso del dique volvió a dejar a pobladores sin agua, lo que obligó a que el miércoles se distribuyera en carrotanques, según Petroecuador. Las autoridades también reparten raciones de alimentos y kits de limpieza.

El vertido de petróleo es de los más grandes de los últimos años en el país. En 2022, unos 6.300 barriles afectaron la Amazonía ecuatoriana, donde dos años antes cerca de 16.000 contaminaron varios ríos. Ecuador explotó en 2024 unos 475.000 barriles diarios (bd) de petróleo, su principal producto de exportación. Ese año vendió un 73 % de la producción, que le generó unos 8.647 millones de dólares. El crudo es extraído en pozos de la selva amazónica y llevado por dos tuberías hasta puertos en Esmeraldas.

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El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, encabezó este lunes una conferencia de prensa dando los detalles de la operación de seguridad que se realizará durante la marcha anual campesina, indígena y popular, ente los días 25, 26 y 27 de marzo. El comandante, aseguró que el Estado paraguayo garantiza la seguridad y la libre movilización de los participantes, como también la seguridad y la circulación de la ciudadanía en general.

“El Estado garantiza la realización de las diferentes actividades que va tener espectro en la capital, Asunción. Por un lado, se garantiza la realización de las manifestaciones, la libre expresión de las personas, grupos o asociaciones que van a estar participando en nuestra capital entre el 25, 26 y 27″, expresó el comandante de la Policía Nacional.

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De igual manera, se garantiza la libre actividad de tránsito de las personas que no tengan que ver con ninguna de las marchas o las movilizaciones. “Como Policía Nacional del Paraguay y como mandato que tenemos a través de la Constitución Nacional, una vez más vamos a encargarnos de la prevención, la seguridad, el acompañamiento y, por sobre todas las cosas, de la seguridad y la integridad de la vida de las personas que van a estar en los alrededores como así también el de sus bienes”, apuntó.

Explicó que en un trabajo conjunto con varias instituciones del Estado se cuenta con un plan de operaciones de los sitios y el recorrido donde se desarrollarán las marchas y movilizaciones, como así también las operaciones que estará a caro de la jefatura de Planificación de Operaciones, que tendrá a su cargo cuáles son las calles y las arterias que deben utilizarse durante esta marcha.

Se estima que alrededor de 5.500 a 6.000 personas lleguen hasta la capital para participar de estas actividades por tres días, para lo cual se desplegará a 12.000 policías en las calles para la seguridad de los manifestantes y la sociedad. Se estableció un trabajo coordinado entre varias instituciones del Estado, encabezado por la Policía Nacional, y que involucra también al Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Defensoría del Pueblo, Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Patrulla Caminera, y la Policía Municipal de Tránsito de varios municipios.

“Esta actividad está siendo liderada, como todos los años, por la Policía Nacional atendiendo la masa de personas que estarán movilizadas. El epicentro será el microcentro de Asunción, pero no se descarta las actividades en el interior del país, en los diferentes departamentos, donde cada grupo va estar también acompañando desde la distancia al principal grupo que va estar en Asunción”, señaló Benítez.

Por otra parte, también se refirió a las situaciones de violencia a través de las redes sociales, que están siendo investigadas a través del departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, en particular por Cibercrimen, y todos los antecedentes están siendo elevados al Ministerio Público de manera a que se pueda tomar cartas en el asunto.

“Aquellas personas que, escudadas por las redes sociales, que están emitiendo un mensaje con una narrativa bastante violenta, instando a la violencia en estos días de movilizaciones, ya hemos tenido reuniones con diferentes grupos, ya sea de la Federación Nacional Campesina, también representantes de partidos políticos, donde estos representantes se desprenden de cualquier tipo de actividad violenta que pueda sobrevenir en estos días”, sentenció.

El itinerario iniciará desde ex Seminario Metropolitano, la salida será por la avenida Kubitschek hasta la avenida Eusebio Ayala, desde ese punto la movilización continuará hasta el microcentro de Asunción hasta la calle General Aquino, tomando Azara hasta la calle Nuestra Señora de la Asunción para llegar a la Plaza de la Democracia.

Este itinerario estará totalmente cubierto por personal policial, acompañando la movilización. En el tramo de la avenida Eusebio Ayala, tanto vehículos de transporte público como particulares utilizarán un sentido de esta avenida que se convertirá en doble sentido, mientras que en los demás tramos serán utilizadas calles alternativas. También estará habilitado el tránsito por la Costanera Sur y la Costanera Norte, y se recomienda a la ciudadanía utilizar estos tramos para evitar las calles utilizadas para la movilización e ingresar al microcentro de Asunción.

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