Organizaciones sociales y sindicales argentinas dijeron que el gobierno las intimó esta semana a pagar hasta 56 millones de pesos (66.000 dólares) por los operativos de seguridad ordenados en el marco de dos manifestaciones realizadas el 22 y 27 de diciembre.
“Recibimos la intimación de pago de una suma millonaria, al igual que otras organizaciones sociales y sindicales”, asegura la organización Libres del Sur, una de las afectadas, en un comunicado divulgado el viernes donde señala haber recibido la intimación el día anterior. “Estas penas son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de (el presidente) Javier Milei”, denuncia en otro comunicado la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTAA).
Ambas organizaciones fueron multadas por dos manifestaciones distintas: la primera ocurrió el 22 de diciembre en una plaza en el centro de Buenos Aires, donde decenas de personas se movilizaron para denunciar la interrupción de la asistencia alimentaria que el estado brinda periódicamente a las organizaciones sociales.
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La segunda manifestación, que reunió decenas de miles de personas, se realizó el 27 del mismo mes, cuando las principales centrales obreras de Argentina llevaron un recurso de amparo al Palacio de Tribunales para que se declare la nulidad del ambicioso decreto de necesidad y urgencia del gobierno, que promueve una reforma laboral.
Al menos una decena de organizaciones sociales y sindicales recibieron las cartas del ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la conservadora Patricia Bullrich, en la que se reclama el dinero para subsanar los costos operativos “que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”.
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Bullrich planteó a la población desde el 10 de diciembre, día que asumió como ministra, que “el que las hace las paga”, su eslogan de política de mano dura frente a la inseguridad; así como frente a los manifestantes que incumplen la ley al bloquear el tránsito.
De esta forma, lanzó un protocolo contra el bloqueo de vías de circulación, conocido como “protocolo antipiquete”, que prevé la utilización de la fuerza necesaria para que el espacio de circulación quede libre de manifestantes u objetos que impidan el paso. Bullrich ha asegurado que “enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables” por “todos los costos vinculados a los operativos de seguridad”, y determinó que “el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad”.
Fuente: AFP.