La jueza de Nueva York que instruye la demanda de empresas perjudicadas por la nacionalización de la petrolera argentina YPF en 2012 denegó este jueves la ampliación del plazo, fijado para el 10 de enero, para que Argentina presente garantías y evite embargos.

Con esta decisión, los demandantes, el Grupo Petersen y Eton Park Capital, cuyos derechos de litigio fueron adquiridos por el fondo Budford Capital, podrán solicitar a partir de este jueves último el embargo de activos del Estado argentino en Estados Unidos y en el resto del mundo.

El argumento de Argentina, que señaló “falta de acceso a fondos” para hacer el depósito de garantías, “demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo”, señala el escrito de siete páginas de la jueza Loretta Preska, dando la razón a los demandantes.

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El 15 de septiembre pasado, la magistrada condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a las dos empresas, accionistas de YPF, que no fueron indemnizadas tras la nacionalización de la petrolera en 2012, cuando era controlada por la española Repsol.

Tras varias ampliaciones del plazo solicitadas por Argentina, la jueza reiteró este jueves el 10 de enero como fecha límite para la presentación de una fianza mientras se resuelve el recurso de apelación al fallo. La jueza había establecido que la fianza podría ser en acciones de la propia YPF.

Dos años después de la nacionalización, Repsol fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar litigios. No ocurrió lo mismo con otros accionistas minoritarios como estas dos empresas, con sede social en España, que controlaban el 25,4 % del capital de la petrolera.

En 2015, el Grupo Petersen y Eton Park Capital presentaron una demanda, alegando que el país no había hecho una oferta pública de adquisición como preveía la ley. En aquella época, el entonces titular de Economía, Axel Kicillof, aseguró que este requisito hubiera sido una “trampa” y solo un “tarado” esperaría que Argentina e YPF lo cumplieran.

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A fines del pasado año, el nuevo presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, reconoció que el país tiene “la voluntad de pagar” a los demandantes. Tras esta decisión, les aguarda ahora un complicado camino judicial para embargar activos del Estado argentino tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país, ya que, para lograrlo, es necesario que los tribunales de las jurisdicciones donde se hallen los bienes “convaliden el fallo neoyorquino”, explica a la AFP Sebastián Maril, director regional de la consultora Latam Advisors.

El país ha apelado el fallo de la jueza, un proceso que puede tardar hasta un año en resolverse, ya que Argentina no ha solictado la vía rápida para este proceso. El próximo 22 de febrero está prevista la presentación del primer escrito por parte de Argentina. “Argentina tiene 3 chances en 100 de ganar”, afirma Maril, que recuerda que el país sudamericano “ha perdido en cada una de las instancias en las que se ha presentado” hasta ahora en este largo proceso.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de Argentina para que el litigio se dirimiera en tribunales del país, y en marzo del pasado año, la jueza Preska determinó que Argentina era responsable de las pérdidas sufridas por la nacionalización de la petrolera.

“Cada año que pasa Argentina acumula cerca de mil millones de dólares en costos legales por no cerrar este juicio”, dice Maril, quien señala que, de volver a presentarse ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en caso de que el tribunal de Apelación desestime el recurso argentino, podría alargarse “otros tres años y con ello cerca de 3.000 millones de dólares de intereses”.

Argentina debe abonar un 5,4 % anual de intereses mientras no pague a los beneficiarios del fallo. “Es jugar con fuego, pero la vía legal sigue abierta”, asegura, tras recordar que un acuerdo con los demandantes necesitaría el visto bueno del Congreso argentino.

Fuente: AFP.