El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió modificar o derogar mediante un megadecreto más de 300 leyes y normas, en lo que constituye un proyecto tan ambicioso como polémico para intentar desregular la segunda economía de Sudamérica. La historia argentina no registra un cambio tan drástico y vasto como el que pretende imponer Milei con su “motosierra”, convertida en símbolo de la determinación a desguazar el Estado argentino, sus regulaciones y feudos, mediante enormes recortes al gasto público.
No había sucedido en los gobiernos democráticos de cualquier color político, ni tampoco en dictaduras que asolaron a Argentina, país rico en recursos naturales y gran exportador de alimentos, hoy sumido en una crisis de inflación mayor al 160 % interanual y una insatisfacción social generalizada entre sus 46 millones de habitantes.
Diez días después de asumir la presidencia, en vísperas de las fiestas de Navidad y con el Congreso en receso, Milei presentó al país su Decreto de Necesidad y Urgencia, con 366 artículos. Este deroga la ley de alquileres, con lo que queda liberada por completo la relación entre propietario e inquilino, sin plazos, sin límites en los aumentos e incluso permite pagos en cualquier moneda, lo que el propio Milei reconoció como una “pre-dolarización” de la economía.
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Se elimina la ley de abastecimiento que intentaba impedir la especulación de los grandes proveedores de alimentos, justo cuando los precios de artículos de primera necesidad están fuera de control. Se derogan normas de protección a los trabajadores: aumentan de tres a ocho meses los períodos de prueba. Se modifican a favor de las empresas los regímenes de indemnizaciones por despido sin causa y quedarán suprimidos los convenios laborales en vigor desde 1975 para discutir nuevas disposiciones.
La “motosierra” de Milei también entra al negocio del fútbol con la creación de Sociedades Anónimas Deportivas, pese a que la reciente asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reafirmó el régimen de sociedades civiles sin fines de lucro, con el voto de más de un millar de entidades y sólo una disidencia. Queda prohibido limitar exportaciones de cualquier índole y se liberan los servicios de internet digital, abriendo explícitamente la puerta a la empresa Starlink que maneja el magnate Elon Musk, fan del presidente argentino en su red social X.
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¿Qué busca el decreto?
Economista y libertario, Milei prometió durante su campaña abrir la economía por completo a las importaciones, sin proteger ningún sector, ni siquiera el de la pequeña y mediana empresa, en momentos en que la pobreza es de más de 40 %. “El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción del país, devolverle la libertad y autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han detenido, entorpecido e impedido el crecimiento económico”, explicó Milei.
A las protestas rebate: “Puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. Están enamorados del modelo que los empobrece”. Los bancos podrán cobrar sin límite las tasas de interés por moras en tarjetas de crédito, en momentos en que gran parte de la población está endeudada para financiar hasta sus compras alimentarias.
Deroga la ley de movilidad jubilatoria: los eventuales reajustes quedarán a discreción del gobierno. El derecho a huelga, consagrado en la Constitución, queda de hecho limitado al mínimo con la exigencia de cumplimiento de entre 50 % y 75 % de las actividades.
¿Es constitucional?
“Lo que dice la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es que en principio las leyes no se pueden modificar por decreto y el presidente no puede reemplazar al Congreso”, explicó a la AFP el abogado constitucionalista Emiliano Vitaliani. El decreto es fuertemente criticado por la oposición, que lo considera el exabrupto de un mandatario que no cuenta con mayoría en el Congreso.
Germán Martínez, jefe de la bancada opositora Unión por la Patria (peronista) aseveró que “ese no es el camino” y pidió al presidente que llame a sesiones parlamentarias extraordinarias. “Envíe las reformas como proyectos de leyes. No le tenga miedo al debate democrático”, dijo.
La Libertad Avanza, el partido de extrema derecha de Milei, cuenta apenas con 40 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y siete de los 72 asientos del Senado. El ahora opositor peronismo conserva la primera minoría en ambas cámaras, pero la dispersión predomina con la creación de nuevos bloques. Para la politóloga Lara Goyburu, la decisión “se salta todos los límites, decretando en muchas materias que necesitan acuerdos políticos del Congreso y de las provincias”.
¿Puede ser rechazado?
Basta con que un decreto de necesidad y urgencia sea publicado para que entre en vigor, aunque debe cumplir con el trámite de ser presentado ante el parlamento, explicó Vitaliani. Para invalidarlo, es requisito que lo rechacen tanto la Cámara de Diputados como la del Senado. Si una de las dos cámaras lo aprueba, o incluso si no se trata, mantiene su validez, que entraría en vigor el 29 de diciembre.
La otra forma de anularlo es por la vía judicial. Este mecanismo permite presentar recursos sobre cada una de las regulaciones. La Confederación General del Trabajo estudia esa posibilidad, al igual que la convocatoria a un paro general.
Fuente: AFP.