La Justicia argentina solicitó a nuestro país la extradición del exsenador Edgardo Darío Kueider e Iara Magdalena Guinsel Costa, investigados en el vecino país por el hecho de enriquecimiento ilícito. El pedido fue recepcionado por la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay quien ya envió a mesa de entrada de los juzgados penales de garantía para el sorteo correspondiente.

El caso está en el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y la causa caratulada es “sobre enriquecimiento Ilícito”. Igualmente se pidió la detención con fines de extradición del exparlamentario argentino.

Una vez que se tenga al magistrado del presente caso se tendrá que convocar a una audiencia donde se decidirá si Kueider y Guinsel son remitidos a una penitenciaria de nuestro país.

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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, a pedido del fiscal interviniente otorgó el arresto domiciliario del senador argentino Kueider y de su secretaria Guinsel. La resolución del magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas.

El citado magistrado decidió que el legislador guarde arresto domiciliario bajo una fianza del abogado Ricardo Preda de USD 150 mil para el senador Kueider y otros USD 150 mil para Guinsel, secretaria del legislador. Asimismo, tienen prohibido salir del país. El arresto domiciliario de los dos imputados deberán cumplir en un departamento ubicado en Asunción.

El hoy exsenador argentino fue detenido luego de que se hallara en su poder unos USD 200.000 en efectivo sin justificación.

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• Por Tomás Viola. Fuente: Agencia AFP

Argentina denunció a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la “detención arbitraria y desaparición forzada” de un gendarme argentino detenido y acusado de “terrorismo” por la fiscalía venezolana, informó este jueves la cancillería.

La denuncia fue presentada ante el tribunal con sede en La Haya por el caso de Nahuel Gallo, ocurrido “el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela”, y señaló “al fiscal general Tarek William Saab”, detalló en un comunicado.

Para el gobierno argentino, la detención constituye “una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”.

Según las autoridades argentinas, Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), de 33 años, fue detenido en Venezuela tras ingresar desde Colombia para visitar a su pareja y al hijo de ambos, que cumple dos años en enero.

Pero Saab aseguró en un comunicado el viernes pasado que Gallo había “intentado ingresar irregularmente (...) ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.

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Gallo será imputado por “conspiración” y “asociación para delinquir”, dijo el fiscal, que confirmó a la AFP ese día que el uniformado estaba recluido en Caracas. El fiscal venezolano acusa a Gallo de intentar “una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas” y de contar “con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional”.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, cuestionó las afirmaciones de Saab y aseguró que Gallo “ingresó a Venezuela en forma absolutamente legal y lo que no fue legal fue la forma en que lo secuestraron en la frontera”. El canciller argentino, Gerardo Werthein, le respondió al fiscal el viernes a través de un comunicado: “Su retórica vacía y sus agravios infundados no podrán ocultar la gravedad de este caso ni justificar las atrocidades que legitima desde su cargo”, escribió.

“El caso de Nahuel Gallo será llevado a todas las instancias necesarias hasta garantizar su liberación y demostrar que las violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes”, añadió.

La relación diplomática entre el presidente argentino Javier Milei y su par venezolano Nicolás Maduro ya era tensa, pero se terminó de romper cuando el líder ultraliberal desconoció la reelección de Maduro el 28 de julio para un tercer mandato consecutivo de seis años.

Tras la ruptura de relaciones, la embajada argentina en Caracas es custodiada por Brasil. En esa sede diplomática se refugiaron en marzo seis colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, acusados de “terrorismo”. Uno de ellos renunció al asilo el 20 de diciembre y abandonó la embajada para ponerse a la orden de las autoridades. Los cinco que restan esperan un salvoconducto para abandonar el país.

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El gobierno argentino anunció en noviembre de 2024 el llamado a licitación para entregar en concesión por 30 años la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, clave para la salida de buques de carga de varios países hacia el Atlántico. El proceso para adjudicar a un operador privado la concesión por peaje de la hidrovía será llevado adelante por la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina, que recibirá ofertas hasta el 29 de enero de 2025.

Al respecto, el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANPP), Julio Vera, explicó que de momento solo se tienen informaciones extra oficiales sobre los detalles de esta licitación y que con ayuda de Cancillería pedirán formalmente un informe sobre el alcance de este proceso.

“Ahora llaman a la licitación, se estima que se van a presentar dos empresas holandesas, y la empresa que será adjudicada recuperará la inversión que realiza, a través del cobro de peaje”, indicó Julio Vera a Universo 970 AM/Nación Media. Seguido, recordó que el gobierno de Javier Milei había solicitado un incremento del peaje en el tramo Océano Santa Fe del 63 %, tras protestas, se bajó a un 43 %, pero que aún así seguía afectando al comercio local.

“Nos afecta en alguna medida porque como nosotros importamos combustibles, ellos vienen y descargan en el km 171 los buques de ultramar, hacen la travesía del puerto de Buenos Aires y ese segmento de recorrido tiene un mayor costo que se nos traslada”, comentó. Sobre los costos que se tendrán a partir de la nueva licitación, dijo que no se puede discutir sobre “posibles” por eso pedirán un informe oficial al gobierno argentino sobre las implicancias de la licitación.

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Acerca de la anterior crisis, expuso que los 4 países miembros del Comité de la Hidrovía Paraguay-Paraná, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay habían reclamado el cobro de USD 1,47 neta por registro de carga en el tramo Santa Fe-Confluencia. Ese monto se cobró desde febrero de 2023 hasta agosto de 2024, cuando se logró reducir la tasa a USD 0,8 centavos. Desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2028 la tasa se fijó nuevamente en USD 1,20. El nuevo costo regirá desde el 1 de marzo de este año, y estará en manos de la nueva empresa que será adjudicada.

“Todo ese periodo de tiempo, se transportó la mayor parte de nuestras importaciones (más 24 mil toneladas). Desde el 1 de marzo se aplicarían otras tazas emergentes del cálculo de una mesa técnica. Eso va a colisionar cuando al consorcio adjudicado se le permita aplicar una tasa de diferente, y todo eso amerita una intervención nuestra”, sostuvo Julio Vera.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), junto al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), impulsan jornadas de documentaciones con la finalidad de asegurar una alta participación de nativos rumbo a los comicios municipales previstos para el 2026 y las presidenciales en el 2028.

Los servicios brindados por ambos entes en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional fueron la facilitación del carnet indígena, la expedición de certificados de nacimiento así como la emisión de cédulas de identidad, por primera vez o renovación.

La jornada fue desplegada en comunidades indígenas del departamento de Itapúa. La actividad contó con el respaldo de los funcionarios de la Dirección General del Registro del Estado Civil y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

Desde la institución electoral sostuvieron que “este esfuerzo en conjunto no solo busca garantizar el acceso a la documentación a las comunidades indígenas, sino también fortalecer su identidad y derechos, y así promover la inclusión y el bienestar de estas comunidades garantizando su participación en los procesos electorales”.

En las pasadas elecciones generales de 2023, el sector indígena contó con solo 9 candidatos para el Congreso Nacional con apoyo de las organizaciones políticas independientes y del sector opositor. A la vez, se presentaron 10 nativos para competir por un espacio en las juntas departamentales. Esto no representó ni siquiera el 1 % del total de candidatos que participaron en los últimos comicios.