El Gobierno de Colombia anunció que intentará controlar con castraciones la expansión de la población de hipopótamos, derivada de la importación de ejemplares por parte del narcotraficante Pablo Escobar, después de un debate de varios años entre autoridades, científicos y activistas ambientales sobre posibles fórmulas para contener lo que está ya considerado como una especie invasora.
Escobar importó en 1981 tres hipopótamos machos y una hembra pero, más de cuatro décadas después, la cifra de animales supera ya el centenar. Los animales quedaron libres en Antioquia tras la muerte del narcotraficante en 1993 y se han reproducido sin control en la cuenca del río Magdalena, lo que representa una amenaza para los ecosistemas locales.
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La ministra de Ambiente compareció ayer jueves ante los medios para confirmar un acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare y el Gobierno de Antioquía que permitirá iniciar la próxima semana los primeros procedimientos de castración. En una primera fase, 20 ejemplares serán esterilizados, con un coste total del proceso de 40 millones de pesos (unos 9.300 euros).
El proceso dura por cada ejemplar entre seis y siete horas, por lo que se realizará uno por día. La ministra advirtió además de que conlleva riesgos, no sólo para el propio animal, sino también para los trabajadores que lo lleven a cabo, según informó la institución.
Entre las especies amenazadas por los hipopótamos de Escobar está el manatí, en riesgo de extinción, así como algunos peces de la zona que no sobreviven a la reducción de los niveles de oxígeno derivada de las heces de los ejemplares exóticos. También se han dado casos de ataques a personas.
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Fuente: Europa Press
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Bogotá: explosión de granada provoca tres muertos y nueve heridos
- Bogotá, Colombia. AFP.
La explosión de una granada en pleno centro de Bogotá dejó la noche del miércoles tres muertos y otros nueve heridos, informó el alcalde de la capital colombiana, escenario hace unas semanas de un ataque similar en la misma zona.
“Esta noche, un nuevo artefacto explosivo fue lanzado contra una aglomeración de personas en la Calle 3 con Carrera 10, dejando, lamentablemente, 3 muertos y, al menos, 9 heridos”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán, en una publicación en X el miércoles poco antes de medianoche (05:00 GMT).
La explosión, registrada en el barrio de San Bernardo, fue causada por una granada, confirmó el general Giovanni Cristancho, comandante de la policía de Bogotá, en declaraciones a medios cerca del lugar de los hechos. El ataque responde a “una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales organizados” locales que se disputan la zona conocidos como “Los Venecos” y “Los Costeños”, agregó el general.
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Este céntrico barrio de la capital, que todavía es conocido por ser una tradicional zona de fabricantes de muebles, se ha convertido en los últimos años en un punto de microtráfico y consumo de drogas en el que se concentran masivas aglomeraciones de habitantes de calle y adictos.
Para el alcalde Galán, que busca la “recuperación” del sector, la detonación es una “reacción de bandas criminales que buscan sobrevivir al asedio” de la policía, a la que solicitó “intensificar la presión sobre las bandas que allí operan (...) para lograr la captura de sus cabecillas”. Hace apenas tres semanas, un habitante de calle murió y otras siete personas quedaron heridas por otra explosión de granada en el mismo barrio.
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Colombia: cinco soldados muertos por ataque guerrillero
- Bogotá, Colombia. AFP.
Al menos cinco soldados murieron y otros tres resultaron heridos de gravedad el martes por un ataque con explosivos perpetrado por guerrilleros disidentes de las FARC en una región del suroeste de Colombia, clave para la producción de cocaína, informó el ejército.
“Lamento, condeno y rechazo el vil ataque terrorista de la Estructura Carlos Patiño en la Vereda la Esperanza, Balboa, (departamento del) Cauca” contra una caravana del Ejército, escribió el martes en la red social X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El ataque “deja al momento dos suboficiales y tres soldados profesionales asesinados, tres soldados profesionales heridos de gravedad y 13 más que no presentan afectaciones de consideración”, detalló el ejército poco antes de las 00:00 locales (05:00 GMT). El convoy se trasladaba desde el municipio de Balboa hacia el sector de La Hacienda, un pueblo rural de ese mismo departamento ubicado en una conflictiva región conocida como el Cañón del Micay.
Los soldados emprendían un viaje de unos 100 kilómetros para reinstalar en La Hacienda un puente que a inicios de marzo había sido destruido por rebeldes del Frente Carlos Patiño adscritos al Estado Mayor Central (EMC), una agrupación de disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que no se acogieron al histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
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Micay, un enclave crítico
En esa zona, que alberga una de las mayores concentraciones de cultivos de coca en el país, la semana pasada fueron retenidos durante tres días 28 policías y un militar hasta su liberación el sábado por medio de intensas negociaciones, luego de una violenta jornada de enfrentamientos entre pobladores y la fuerza pública.
Luego de la evacuación en helicópteros de los uniformados retenidos, la AFP presenció el sábado nuevas tensiones en la zona que terminaron con el arrinconamiento y expulsión de soldados de una base militar cercana.
El presidente izquierdista Gustavo Petro expresó el lunes durante una reunión con sus ministros su intención de recuperar “el total del Micay”, uno de los principales bastiones de los rebeldes bajo el mando de alias Iván Mordisco. Este antiguo comandante de las FARC se apartó en 2024 de las negociaciones de paz que el EMC había iniciado con el gobierno de Petro un año antes. Otra facción de esa agrupación, al mando de alias Calarcá, se mantiene en las conversaciones.
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Guerra contra el Estado
Tras la ruptura de las negociaciones con Mordisco, el ejército lanzó en el Cañón del Micay la operación Perseo en octubre, con la intención de recuperar la región. Luego de la incursión militar, una comitiva de ministros visitó la zona por órdenes de Petro, que busca instalar una presencia del Estado en la zona.
Pero esos esfuerzos son constantemente saboteados por los rebeldes. En febrero, por ejemplo, el EMC atacó con drones cargados de explosivos un hospital temporal instalado por el gobierno en el corregimiento de El Plateado. El EMC “no es una insurgencia, es un ejército privado del narcotráfico”, aseguró el lunes Petro, que vincula al grupo con “una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái (...) que incluso quiere matar al presidente”.
El año pasado, Petro ya había relacionado a Mordisco con un grupo denominado la Nueva Junta del Narcotráfico, cuyos cabecillas, según él, se instalaron en Dubái y planean asesinarlo. El gobierno propone además un ambicioso programa de sustitución de narcocultivos por otros en varias regiones cocaleras del país que más produce cocaína en el mundo.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta de su primer gobierno de izquierda por lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar, mediante el diálogo, un conflicto interno de seis décadas.
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Disidentes de las FARC retienen a un grupo de militares y policías en Colombia
Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico, informaron el viernes las autoridades.
El ministerio de Defensa indicó que “la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública” tuvo lugar en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.
Según la cartera, “pobladores instrumentalizados” por los guerrilleros participaron en la retención de los uniformados, una represalia contra el gobierno que presiona al EMC tras los frustrados intentos de negociaciones para alcanzar su posible desarme.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
Los hechos se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde hay una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU. Allí el ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar “Perseo” para retomar el control de la región.
El gobierno asegura que el EMC es responsable de las acciones “ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad” de los uniformados.
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Imágenes difundidas en medios locales la tarde del viernes muestran a los uniformados retenidos en un centro comunitario para reuniones, rodeados de pobladores y en aparente buen estado de salud, sentados en sillas plásticas y recibiendo cada uno un plato de comida.
En un comunicado, pobladores del Cañón del Micay rechazaron lo que denuncian como una campaña de “erradicación forzada” de cultivos de coca y una intención del estado de “militarizar el territorio”. Exigen al gobierno del izquierdista Gustavo Petro “entablar el diálogo y la concertación directa con las comunidades”.
“Inmediata liberación”
En un mensaje en la red social X, Petro sostuvo que el EMC actúa con “desespero y por eso utiliza la población civil”. “La manera como el frente (Carlos Patiño) logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria”, agregó Petro más tarde en otra publicación.
El Frente Carlos Patiño, que opera en esta conflictiva zona, es una de las principales estructuras armadas adscritas al EMC y mantiene una fuerte presencia en el Cañón del Micay.
El Ministerio de Defensa aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan “constantes amenazas” de esta disidencia de las FARC “que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales”.
“¡Exigimos su inmediata liberación! Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado (Cauca), a manos de la organización criminal Carlos Patiño, a la cual hacemos responsable de su integridad”, escribió el viernes también en X el general Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana.
“Crímenes de guerra”
El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil”, denunció el ministerio.
La Fiscalía investiga lo ocurrido y “avanza en la identificación” de los responsables de varios “delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”, según el boletín.
El sábado se realizará una reunión en Popayán, capital del Cauca, con miembros del gobierno y la comunidad para evaluar la situación. Los disidentes “no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, añadió el ministerio.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar un conflicto interno de seis décadas.
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La migración por la selva del Darién se redujo 60 %
- Bogotá, Colombia. AFP.
La migración hacia Estados Unidos a través de la peligrosa selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se redujo 60 %, aseguró la Cancillería colombiana ayer miércoles sin precisar desde cuándo disminuyó el flujo. En una rueda de prensa en Bogotá, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, también informó sobre una nueva “migración inversa” en la que “muchas personas están decidiendo, por voluntad propia, retornar al país de manera segura y ordenada”.
Aunque la titular de la cartera no explicó las razones de este fenómeno, las autoridades de Estados Unidos coinciden en registrar un menor flujo de migrantes hacia su país, que adjudican a las políticas de masivas deportaciones y mayores restricciones ordenadas por el presidente republicano Donald Trump. En el municipio de Necoclí, puerta de entrada a la selva del Darién en la frontera con Panamá, las autoridades locales ven el cambio.
“Estamos evidenciando el último mes un nuevo fenómeno, el fenómeno de los retornados (...) dadas las políticas rigurosas de Estados Unidos”, aseguró a la AFP el secretario de Gobierno de Necoclí, Johann Wachert. “Tenemos unos flujos diarios de aproximadamente 30 a 50 personas retornadas y hay unos picos altos de unas 200 personas como pasó el último fin de semana”, añadió.
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Desde su regreso al poder, el 20 de enero, Trump lanzó una operación de expulsión masiva de migrantes en situación irregular y ha declarado una emergencia nacional en la frontera con México para impedir la entrada de personas sin visa, pues considera que el país sufre una “invasión”.
Unos 2.000 colombianos han regresado al país “en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos”, según Sarabia. Parte del flujo inverso “se da por vuelos comerciales y se da por solicitud propia de los colombianos que están fuera del país”, afirmó. Según la ministra, la prioridad del gobierno de izquierda colombiano es “la protección” a los derechos de los migrantes y la “atención integral por parte del Estado”.
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En 2024, cerca de 300.000 personas atravesaron el Darién con destino a Estados Unidos, de acuerdo a cifras de la autoridad migratoria panameña. Casi el 70 % eran venezolanos, seguidos por los colombianos con más de 17.000 personas que cruzaron la frontera.
Colombia, que comparte una porosa frontera con Venezuela, ha sido el principal receptor del éxodo de venezolanos, con unos 3 millones. Tras las medidas tomadas por la administración Trump, Panamá, Costa Rica y Guatemala aceptaron servir de “puente” para las deportaciones desde Estados Unidos.