El gobierno mexicano prometió a los padres de 43 jóvenes desaparecidos en 2014 entregarles toda la información disponible sobre el caso, que según una comisión de expertos internacionales salpica al ejército. A pocos días de que se cumplan nueve años de la desaparición, los familiares fueron recibidos por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien niega que su gobierno esté ocultando pruebas que incriminarían a militares.
Se “entregará a padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur) toda la información relacionada con el caso. No se oculta nada ni se protege a las personas involucradas”, dijo en X (antes Twitter) el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, luego del encuentro.
Un grupo de investigadores, conformado tras un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido. Esa comisión concluyó el pasado 26 de julio las pesquisas iniciadas en 2015, alegando que el estamento militar se niega a entregar información sensible, por lo que resultaba “imposible” seguir adelante con su labor.
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Emiliano Navarrete, padre del estudiante José Ángel Navarrete, declaró a periodistas que reiteró al mandatario la exigencia de que las indagaciones sigan las líneas trazadas por el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). “El presidente ha protegido mucho a las fuerzas armadas”, afirmó Navarrete. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas.
Este miércoles temprano, López Obrador defendió la actuación de su gobierno, que concluirá en 2024, recordando que por el caso están presos dos generales, otros 20 integrantes del ejército entre oficiales y soldados, un exfiscal general y unas 120 personas más.
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Los normalistas desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 tras dirigirse al municipio de Iguala, para tomar autobuses con los que pretendían viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación. Las versiones oficiales apuntan a que fueron detenidos por policías coludidos con criminales. El cartel Guerreros Unidos los habría asesinado para luego desaparecer sus cuerpos.
Las familias rechazaron la investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que sostenía, entre otras cosas, que los jóvenes fueron confundidos con miembros de otro cartel, por lo que se conformó el GIEI. Posteriormente, López Obrador instauró una comisión de la verdad para esclarecerlo. Hace un año, un informe de dicha comisión sostuvo que militares y funcionarios permitieron el secuestro y asesinato de los estudiantes.
Fuente: AFP.