El tribunal supremo de Brasil abrió este miércoles el primero de más de 200 juicios previstos contra bolsonaristas acusados de estar involucrados en la invasión y destrucción de las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero. Dos de los once jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron este mismo miércoles a favor de condenar al primer inculpado, el primero de ellos a una pena mayor, de 17 años de prisión.

El 8 de enero, una semana después de la investidura del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, el Congreso y el STF disconformes con la derrota ajustada del ultraderechista en las presidenciales de octubre.

La fiscalía presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre quienes se incluyen los cuatro primeros que serán juzgados en los próximos días: cuatro hombres, de entre 24 y 52 años. “Ya hemos pasado página a los golpes de Estado en nuestra historia, y todos aquellos que se afilian a esa idea espuria de conquistar el poder mediante la violencia y fuera de las normas constitucionales han de responder por sus delitos”, afirmó el fiscal Carlos Frederico Santos, subprocurador general de la República.

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Santos calificó el primer juicio contra Aecio Pereira, un exempleado de 51 años de la empresa de saneamiento del estado de Sao Paulo -según la prensa local-, como un “momento clave en la historia brasileña”. El juez relator, Alexandre de Moraes, pidió 17 años de cárcel para Pereira, a quien mencionó como parte de un “delito colectivo” al participar de una “invasión criminal para la toma ilícita del poder a través de intervención militar”.

“El objetivo era tomar los tres poderes para inviabilizar su ejercicio (..) Intentarían convencer al Ejército de adherir a ese golpe de estado. Estaban seguros de que lo conseguirían”, dijo Moraes. El magistrado mostró un video de Pereira dentro del recinto del Senado en el que celebraba la invasión y la incentivaba a través de redes sociales. El segundo juez pidió una pena más blanda, de 2 años y 6 meses en régimen abierto.

Los cuatro imputados -tres de ellos presos y uno en libertad- están acusados de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y daño calificado, entre los principales cargos pedidos por la Procuraduría General de la República (PGR). Se exponen a hasta 30 años de prisión. La votación de los nueve jueces restantes empezará el jueves.

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Los abogados de Pereira sostuvieron por su parte que el imputado no estaba armado durante la asonada y que, a diferencia de otros manifestantes, no cometió “ningún acto violento”. El acusado es víctima de un “juicio político”, afirmó uno de sus defensores, Sebastiao Coelho da Silva. Además de las denuncias por los delitos más graves, la PGR analiza más de mil casos por la asonada que en vez de “persecución penal” podrían acabar en multas y contribuciones sociales si se llega a acuerdos.

Bolsonaro, declarado recientemente inelegible por ocho años por haber desinformado sobre el sistema electoral, es investigado por su presunto papel como instigador de la asonada. El expresidente, quien se encontraba en Estados Unidos en el momento de los ataques, ha negado cualquier responsabilidad.

“Existe una obsesión de algunos en involucrarme”, dijo el expresidente al diario Folha de S. Paulo. La asonada “fue un movimiento que, como mínimo, contó con la omisión del gobierno actual”, agregó el exmandatario, en referencia a la gestión de Lula. Previamente al 8 de enero, miles de sus simpatizantes convencidos de que el ultraderechista había sido víctima de fraude electoral promovieron cortes de carreteras y manifestaciones frente a cuarteles militares, pidiendo una intervención militar.

Fuente: AFP.