El Estado chileno asumirá por primera vez la búsqueda de 1.162 detenidos desaparecidos durante la dictadura, anunció este miércoles el presidente Gabriel Boric, para saldar una de las principales deudas de justicia a 50 años del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet. Durante décadas, la búsqueda de los desaparecidos corrió a cargo casi exclusivamente de las familias, apenas hallando los restos de 307. Todavía falta encontrar a 1.162 personas.

“Esta cifra nos debe doler y hacer arder la sangre, porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad”, dijo el presidente Boric, al lanzar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera iniciativa oficial de este tipo, y una de sus principales promesas de gobierno.

Boric firmó el decreto que oficializa este plan durante una ceremonia en las afueras del palacio presidencial de La Moneda, a la que asistieron ministros y familiares de las víctimas, pero no las fuerzas opositoras de derecha. A días de que se cumplan cinco décadas del golpe de Estado que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende y estableció los 17 años de dictadura de Pinochet, el oficialismo y la oposición se muestran divididos sobre cómo abordar este aniversario.

“El presidente Boric en cada hito que se relaciona con esta fecha (...) comete un error adicional”, criticó Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente, uno de los principales partidos de la oposición tras asegurar no haber sido invitado a la ceremonia. El homenaje a las víctimas terminó por la noche con los familiares poniendo decenas de velas en el frontis de La Moneda y los rostros de los desaparecidos proyectados en el edificio presidencial con la frase: “¿Dónde están?”

Con financiamiento estatal, el plan busca reconstruir el recorrido de las víctimas tras su detención y desaparición. También busca garantizar el acceso a la información de los familiares e implementar medidas de reparación. La búsqueda ahora será un deber permanente del Estado y no sólo de las familias, aseguró Boric, que emocionado reconoció que “la justicia ha tardado demasiado”.

En la elaboración del plan participaron los familiares de las víctimas, que después de años de denunciar abandono del Estado agradecieron el esfuerzo del gobierno de Boric. “Ningún otro gobierno tuvo esta voluntad política que era necesaria para que este calvario no sea solamente de los familiares”, dijo en la ceremonia Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La mayoría de los desaparecidos eran obreros y campesinos con una edad promedio de 29 años. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el alzamiento militar, el 11 de septiembre de 1973. El principal obstáculo para encontrar hasta ahora a los desaparecidos ha sido la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que los familiares atribuyen a un “pacto de silencio” que se mantiene desde la dictadura (1973-1990).

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En una mesa de diálogo instalada a fines de los 90, los militares aportaron datos de unos 200 detenidos cuyos cadáveres, aseguraron, habían sido lanzados al mar. Sin embargo, algunos de esos restos fueron hallados en fosas comunes.

Entre los compromisos suscritos en esa instancia, estuvo la designación de jueces especiales para casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura. Las pistas que se lograron a partir de esos procesos judiciales son la base de la información que pretende sintetizar el plan de búsqueda anunciado el miércoles.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró el miércoles que dentro de las Fuerzas Armadas “es evidente que hay personas que tienen información sobre el destino de los desaparecidos”. En 1990, cuando retornó la democracia, se instauró una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que reconoció a las más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura. En 2003, se abrió otra Comisión oficial que reconoció a cerca de 38.000 torturados.

En un pequeño bote alquilado, Luz Encina, de 94 años, lleva un puñado de flores rojas. En el mar cree que puede estar su hijo, uno de los miles de desparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Desde hace tres décadas, la mujer -hoy físicamente disminuida por la edad y que depende de su familia para trasladarse- viaja unos 110 kilómetros desde Santiago hasta el puerto de San Antonio, en Valparaíso, para cumplir con su ritual de agosto: arrojar claveles al mar con el deseo de que Mauricio “esté bien donde esté”.

“Los militares dijeron que tiraron varias personas al mar y ahí podría estar mi hijo”, señala Encina, una de las pocas madres aún con vida de detenidos desaparecidos. El 5 de agosto de 1974, Mauricio Jorquera cumplió 19 años. Fue la última vez que Encina vio a su hijo, un universitario militante de izquierda.

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Jorquera fue capturado por la policía política de Pinochet. Su madre lo buscó sin éxito en los centros adonde eran llevados y torturados los detenidos. Ni los militares ni la justicia le dieron respuesta. Encina, con la foto de Mauricio adherida al pecho, presiente que su hijo fue arrojado al mar, quizá desde uno de los “vuelos de la muerte” organizados por el ejército para hacer desaparecer los cuerpos de los prisioneros detenidos.

El miércoles, el Estado chileno se comprometió por primera vez a asumir la búsqueda de poco más de un millar de detenidos desaparecidos, a través de un plan lanzando por el presidente Gabriel Boric en vísperas de los 50 años del golpe militar que instaló la dictadura de Pinochet (1973-1990) por casi dos décadas.

Durante décadas, la búsqueda de los desaparecidos corrió a cargo casi exclusivamente de las familias, apenas hallando los restos de 307. Todavía se desconoce el paradero de otras 1.162 víctimas. Encina fue una de las invitadas al acto que encabezó Boric. Aun con pocas esperanzas, cree que podrá recibir alguna noticia sobre su hijo.

“Tengo mucha fe, yo creo que todo va a salir bien”, señaló la mujer a la AFP tras el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. En Santiago, Emilia Vásquez, de 87 años, camina por la calle donde vio crecer a sus cinco hijos. En el final del pasaje hay un mural con el rostro de su primogénito, Miguel Heredia, desaparecido el 26 de diciembre de 1973, cuando tenía 23 años.

Efectivos de la Fuerza Aérea lo sacaron de su lugar de trabajo y lo trasladaron a un centro de detención, adonde llegó Emilia para darle frazadas y medicamentos, pero no pudo verlo. Heredia militaba en las juventudes comunistas, de niño sufrió una enfermedad que le dañó el pulmón de por vida. Fue bombero voluntario.

Tras la detención de su hijo, los militares allanaron la casa familiar y se llevaron casi todas sus pertenencias, incluido el traje de bombero, evoca Vásquez. La mujer se enteró luego que Heredia fue entregado al Ejército y recluido en el regimiento de Tejas Verdes, en San Antonio, uno de los principales centros de detención y torturas de la dictadura.

Hasta allá también fue su madre, pero tampoco le dieron noticias sobre la suerte de su hijo. Vásquez recuerda haber llorado amargamente frente a la sede militar. Casi cinco décadas después siente que se le secaron las lágrimas. Apenas le brillan los ojos. “Este es mi llanto, el que usted ve”, se lamenta.

Sin el hallazgo de los cuerpos, la justicia chilena comenzó a tratar el caso de los desaparecidos a la fuerza como un “secuestro permanente”, para evitar que quedaran cobijados por una Ley de Amnistía para el período 1973-1978, cuando se cometieron los crímenes más cruentos de la dictadura, que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.

En 2014, seis militares en retiro fueron condenados a entre 5 y 15 años de cárcel por el secuestro de Miguel Heredia. En marzo pasado, la Corte Suprema condenó a 59 exmilitares por el “secuestro y tortura” de 16 militantes de izquierda, entre ellos Mauricio Jorquera. Sin embargo, no se pudo determinar dónde están. “Yo no tengo esperanza, porque a mi hijo lo lanzaron al mar, más no se puede hacer”, se resigna Emilia Vásquez.

Fuente: AFP.