Por Ricardo Rivas. Corresponsal en Argentina. X: @RtrivasRivas

Con pequeñas demoras en algunos lugares y sin mayores inconvenientes, en la Argentina se iniciaron las elecciones primarias abiertas simultaneas y obligatorias (PASO) para definir quiénes serán el próximo domingo 22 de octubre los candidatos y candidatas que competirán para las presidenciales que se realizarán ese día.

El largo -larguísimo- proceso electoral argentino se inició en febrero pasado en la provincia de La Pampa y, según los resultados que se verifiquen en octubre venidero, la última podría ser una segunda vuelta que se celebraría el 19 de noviembre.

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Si bien se presentan hoy un total de 27 candidaturas para la presidencia, las mayores expectativas ciudadanas se centran en cuál será el resultado que en las urnas exhiba la actual coalición de gobierno -Frente de Todos- que reciclada por expertos en marketing político se presenta a la consideración popular como Unión por la Patria (UP) que, por decisión unipersonal de la vicepresidenta Cristina Fernández, lidera el ministro de Economía Sergio Massa (centroderechista).

En ese contexto, la coalición opositora Juntos por el Cambio, con sus dos precandidatos presidenciales -Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta- atrae las miradas públicas porque, según coincidentes encuestas como espacio podrían imponerse al oficialismo en el comicio aunque, en el marco interno, ambas precandidaturas se encuentran muy parejas en las preferencias populares.

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Patricia Bullrich, Horacio Rodriguez Larreta, Sergio Massa, Javier Milei y Juan Grabois. Foto: AFP

Pero más allá de los datos consignados es necesario apuntar algunas situaciones relevantes que se dirimen en el marco del actual proceso electoral. La primera de ellas tiene que ver con la concurrencia a las urnas ya que, pese a la obligatoriedad, de los sondeos de opinión previos y lo sucedido en sucesivas elecciones provinciales emerge que la asistencia ciudadana se ubica entre el 60 y el 65% del total de los padrones electorales. El dato es relevante porque para cualquier mandatario además de la legalidad de origen que se alcanza en las urnas, la adhesión ciudadana al voto es la que otorga legitimidad.

La segunda particularidad a observar es que, en el oficialista Frente de Todos -como se dijo devenido en UP como consecuencia de una operación de rebranding- Sergio Massa, actual ministro de Economía fue ungido con la candidatura presidencial por la vicepresidenta Cristina Fernández que, en junio 2019, también lo había hecho con el actual presidente Alberto Fernández.

Aun en ese contexto, se puede afirmar que Massa apunta a alcanzar con el resultado electoral -si lo favoreciera- tres objetivos que, en principio, aparecen como difíciles: 1) ser el candidato individualmente más votado para instalarse -de cara a las elecciones del 22 de octubre- como un postulante competitivo para llegar, como Cristina F. lo dijera públicamente semanas atrás, a una segunda vuelta electoral; y, 2) de alcanzar los objetivos precedentes, constituirse en el jefe del peronismo después de las urnas. Habrá que ver.

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Porque, además, también a partir de estas PASO y su resultado también se sellará el futuro político de Cristina Fernández que ostensiblemente opera para mostrarse como alejada de la gestión gubernamental y sus decepcionantes resultados. Difícil el intento, por cierto, dado que el presidente Alberto F. y ella misma constituyen el binomio que en octubre 2019 el 41% de la ciudadanía eligió para gobernar juntos. Ergo, son corresponsables y, en esa particular situación, la vicemandataria pareciera estar en el centro de la escena porque Massa, sin mencionarlo, disputa su liderazgo. Mucho está en juego.

Hoy, entonces, hasta las 18 horas, casi 36 millones de electores habilitados para sufragar serán los que decidan no solo sobre el destino final de las 27 fórmulas presidenciales que disputan por alcanzar el poder, de las cuales sólo unas pocas podrán continuar en competencia porque en las PASO deben obtener al menos el 1,5% de los votos total padrón electoral, sino que podrían decidir el final de las carreras políticas profesionales de varios actores públicos relevantes en los últimos 25 años.

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