Hijo del presidente de Colombia rechaza cargos por lavado de dinero
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Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no aceptó este martes los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputaron tras su captura el sábado. “Señor juez, no acepto los cargos”, dijo el político, de 37 años, tras una exposición del fiscal Mario Burgos quien acusó al primogénito del mandatario de recibir dinero de un condenado narcotraficante, en un escándalo que salpicó la campaña presidencial.
En la audiencia transmitida en vivo por la Fiscalía, Burgos imputó a Petro por presuntamente “adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad” a dineros obtenidos de forma irregular, además de “incrementar en forma injustificada” su “patrimonio económico”. En un búnker de la Fiscalía en Bogotá, el hijo del presidente lo escuchaba sereno vistiendo un suéter.
Tras una infidelidad, la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, lo acusó de recibir grandes sumas de dinero en efectivo, supuestamente destinadas a la campaña presidencial de 2022, pero que en realidad utilizó para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla (norte). Según el fiscal Burgos, Petro recibió unos 400 millones de pesos (casi 102.000 dólares al cambio de hoy) de Samuel Santander Lopesierra, quien pagó 18 años de cárcel por tráfico de drogas en Estados Unidos.
También lo señaló de recibir la misma cantidad de manos de Alfonso “el turco” Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios. El proceso judicial contra Nicolás Petro inicia en vísperas de la celebración del primer año de su padre en el poder, que se cumple el 7 de agosto. El mandatario prometió en campaña acabar con la corrupción y atacar las finanzas de los narcos. El sábado, tras la detención de su hijo en un megaoperativo policial, Petro, aseguró que garantizará la independencia de la justicia.
”¿De dónde?”
Según Burgos, Nicolás Petro recibió otras “altas sumas de dinero” de empresarios en Bogotá, aunque no detalló las cifras ni los nombres. En cambio, si desglosó otros movimiento del mayor de los seis hijos del presidente, elegido en 2020 como diputado del departamento del Atlántico.
El fiscal aseguró que los millones supuestamente destinados para la carrera a la presidencia de Gustavo Petro fueron utilizados para comprar una mansión de 1.600 millones de pesos (casi USD 408.000) en Barranquilla. También señaló inconsistencias en sus declaraciones de renta y sus movimientos bancarios. Por ejemplo, en 2022 recibió 251,4 millones (USD 64.000) por su trabajo como diputado, pero supuestamente gastó 1.600 (unos 408.000 dólares). “¿De dónde llega ese dinero a sus arcas?”, cuestionó el fiscal. El imputado tomaba anotaciones con un bolígrafo.
Daysuris Vásquez tampoco aceptó los cargos por lavado de activos y violación de datos personales. Según la Fiscalía hizo uso de interceptaciones ilegales para descubrir la infidelidad de su expareja. La pena por blanqueo de capitales y el enriquecimiento ilícito es de unos 12 años de prisión, según Burgos.
Los profesionales pertenecen a la Asociación Paraguaya de Estructuras y colaboraron con grandes proyectos como en la Hidroeléctrica Itaipú. Foto: Rocío Gómez/NM
Gremio de ingenieros inicia investigación de planos tras derrumbe en Encarnación
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El Gremio de Ingenieros Asociados de Itapúa comenzó una investigación y análisis de los planos del edificio en construcción que se derrumbó el pasado 2 abril en la ciudad de Encarnación, donde fallecieron dos personas. Este trabajo se inició a pedido del Ministerio Público, quien también solicitó un informe para avanzar con los trabajos investigativos y llegar hasta los responsables.
Este trabajo es realizado por ingenieros calculistas que se encuentran analizando e investigando los planos del edificio derrumbado en Encarnación. Los profesionales pertenecen a la Asociación Paraguaya de Estructuras y colaboraron con grandes proyectos como en la Hidroeléctrica Itaipú, y otras obras, por lo que son de amplia trayectoria.
Según el ingeniero Jacob Oda, presidente del gremio, desde la asociación están muy preocupados por la forma en que se da autorización a las obras por parte de autoridades de las comunas. Afirmó que la Ley orgánica municipal y la “ordenanza municipal n.° 56/75: de construcciones y loteamientos de la ciudad de Encarnación” no son muy limitantes a la hora de fiscalizar planos de construcciones.
“La preocupación es sobre el tema de las leyes vigentes, nos dimos cuenta de que tenemos que tratar de separar las competencias o roles en cuanto a los ingenieros y arquitectos. Se debe poner límite en las competencias, existen más especializaciones en cuanto a estructura que puedan firmar planos para este tipo de estructuras”, detalló Oda, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.
Explicó que son los ingenieros civiles los que están capacitados para las estructuras y son los arquitectos los que se dedican al diseño. “Creemos que la falla en esta construcción fue por falta de un estudio más minucioso en todos los sentidos. Pudo ser el hormigón, el terreno o lo constructivo. La Fiscalía fue la que nos pidió ayuda para iniciar esta investigación y se conformó un grupo con los datos remitidos por la fiscal”, confirmó.
Agregó que los controles se tienen que intensificar a partir de esta tragedia y que una situación como esta no se vuelva a repetir. “Nosotros como gremio nos pusimos a disposición de la municipalidad como de la gobernación para poder hacer estos controles y poder actualizar las ordenanzas. Así también, buscamos modificar la ley que es muy generalizada y no especifica”, puntualizó.
El analista político Caio Manhanelli señaló que Brasil investiga a la Abin, que operó manera paralela y no de forma oficial basada en acciones de investigación que se rijan en parámetros legales, por mandato de Jair Bolsonaro. Foto: AFP
Caio Manhanelli, consultor político del Brasil, brindó su parecer respecto al caso de espionaje que llevó a cabo la Agencia Brasileña de Investigación (Abin) durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Explicó que la publicación de este hecho se debió a una investigación que actualmente lleva adelante el gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, ante las evidencias que el gobierno de Bolsonaro utilizaba la Abin para intereses personales.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el analista brindó detalles sobre cómo repercutió este tema en las esferas políticas y sociales en su país. Por un lado, señaló que la Abin por mandato de Bolsonaro operó de manera paralela y no de forma oficial, basado en acciones de investigación que se rijan en parámetros legales. Lamentó que este hecho se concretó poco antes de la fecha de caducidad para la renegociación del acuerdo del Anexo C del Tratado de Itaipú.
Explicó que la Policía Federal actualmente está investigando la existencia de una especie de agencia paralela a la Abin, que opera de manera legal, como otras agencias de inteligencia en otros países como la CIA (Agencia Central de Inteligencia en EE.UU), o KGB (Comité para la Seguridad del Estado, conocido por sus siglas en ruso).
Indicó que esta agencia funciona como un órgano de información y de actuación a nivel nacional como internacionales. Dijo además que lo normal, es cuando se tiene un agente de inteligencia desplazado de un país para el otro, si es un país amigo, las autoridades saben de la presencia de este agente en su país.
Caio Manhanelli, consultor político del Brasil brindó detalles sobre cómo ha repercutido el tema del espionaje del Brasil a Paraguay, en las esferas políticas y sociales en su país. Foto: Gentileza
“Con Paraguay no había ningún motivo en verdad, para llevar estas acciones de inteligencia en el país que el propio gobierno paraguayo no pudiera saber. Entonces, lo que se está indagando ahora es por qué en el gobierno de Bolsonaro se empezó a crear una especie de agencia paralela que al revés de trabajar para la nación brasileña trabajaba para los intereses personales del propio presidente Bolsonaro”, explicó.
Demostrar poderío
A su criterio, la acción de Bolsonaro era para demostrar su poderío, generando conflictos sin razón de existir, alimentando su propio ego o la de su entorno político. Insistió que no había ningún motivo para hacer una incursión investigativa contra Paraguay.
“Desde mi perspectiva analítica, hay que mirar lo que fue el gobierno de Bolsonaro en el sentido de acciones hacia afuera de Brasil, es un tipo que igual a Donald Trump, igual a Javier Milei, y a algunos otros de estos actores, pero en especial, estos dos de américa, Milei y Trump, que son personas que, en vez de crear sinergia entre los países entre los Estados, busca en verdad crear conflicto sin razón de existir”, acotó.
Agregó que, el gobierno de Bolsonaro en relación a lo que fue las acciones internacionales se puede observar una actitud posible, muy posible, para la cabeza de Bolsonaro y la cabeza del gobierno pasado. “Una actitud que no se basa en motivos factibles o reales. Era el único hecho de hacerlo porque siente que podría hacerlo. No había justificativo para hacer una incursión investigativa al Paraguay, parte de la Abin”, remacó.
Resulta llamativa la diplomacia que había entre Brasil - Paraguay y viceversa en ese tiempo, ya que los dos países son bastantes transparentes y cercanos uno al otro. Eran gobiernos alineados, de cierta manera Mario Abdo Benítez, tenía una cierta relación positivo con Bolsonaro, dijo el analista.
“Existía de hecho la perspectiva y el horizonte en la negociación con Paraguay, que no sería una negociación tan sencilla, en relación a la tarifa energética y claro, tener informaciones, hasta en el nivel personal, lo que sea de la vida pública de la vida personal, privada de ciertos actores del prokceso, podría dar algún tipo en la mesa argumentos que no serían oficiales, argumentos torpes, pero argumentos al fin, adentro de la negociación. Solo en la cabeza de un tipo que no tiene noción de lo que es gobernar un país y de lo que es vivir en democracia, esto podría pasar y que finalmente pasó”, remarcó.
Manhanelli indicó que resulta llamativa la diplomacia que había entre Brasil - Paraguay y viceversa, ya que existía una cierta relación positiva entre Mario Abdo y Jair Bolsonaro. Foto: Archivo
Impacto político y social
El analista brasileño señaló que en su país se percibe que el gobierno de Lula está muy seguro de que se llegará pronto a una solución para retomar la negociación sobre el Anexo C, sobre este punto, consideró que el mayor perdedor fue el gobierno de Brasil, por trabarse esta negociación. No obstante, indicó que a nivel político interno esta situación no está generando ningún daño político, ni social para el gobierno de Lula, ni tampoco fue abordada de manera profunda por la clase política.
El gobierno de Lula Da Silva, con el actual ministro de Justicia no tienen problema en ser transparente; obviamente expone estos hechos, señalando que realmente se pasó la raya. Bien podría el Gobierno dejar en cubierto esto; pero no, es una investigación sigilosa es una investigación pública y se mantuvo público los hechos que recién se descubrieron. Infelizmente fue en el mismo tiempo del cierre del acuerdo sobre el Anexo C.
“Ni en lo político, ni en lo social está afectando el tema, se está tratando de una manera muy técnica. No existe, no hay un ruido tan intenso que podría molestar a la aprobación del gobierno Lula, ya que su gestión tiene una aprobación de al rededor del 50 %; pero esto no tiene que ver con el tema Paraguay, porque no toca la opinión pública de una manera contundente en Brasil, ni la suspensión de la negociación del Anexo C. Lo que hizo de hecho fue nuevamente dar la oportunidad a que se enseñe la buena intención de este gobierno en relación a sus pares internacionales”, precisó.
No obstante, resaltó que el gobierno pierde con esto; pero está muy seguro de poder transparentar esto, sin preocupaciones. “El gobierno de Brasil está muy seguro de que los gobernantes paraguayos también van a comprender la situación y llegaran a un buen término”, acotó.
Finalmente, lamentó lo que está sucediendo, porque una vez más, sale a luz las cosas que el gobierno de Bolsonaro les perjudica en términos de Nación. “Fueron muchas cosas desde que entró la persecución política, el mal hecho durante la Pandemia, la mala gestión, las malas posturas en relación a autoridades internacionales y este es una más de un largo resumen de los resultados negativos que la gestión Bolsonaro dejó en el país”, concluyó.
Detienen a dos personas con órdenes de captura por tentativa de homicidio y robo agravado
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Luego de una labor investigativa y en prosecución a un supuesto hecho punible contra la vida, donde fue víctima un hombre de 32 años de edad, la Policía Nacional logró la captura de un sospechoso de 26 años de edad, sobre las calles Licenciado Ángel Pane y Los Ficus del barrio 3 de Mayo de la ciudad de Luque. La víctima recibió una herida producida por arma blanca, aunque según informaron, ya se encuentra fuera de peligro.
Del poder del detenido fue incautada una camioneta de la marca Mitsubishi, entre otros elementos. El procedimiento fue realizado por el personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Central con apoyo del personal de la Comisaría 3ª Central de Luque.
Toda la evidencia y lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que tendrá que convocar al detenido para una audiencia indagatoria, en la que tendrá que brindar su versión sobre los hechos que está siendo indagado.
Igualmente la Policía Nacional, tras tarea investigativa, detuvo sobre las calles Santo Tomás del barrio María Auxiliadora de la ciudad de San Lorenzo, a un hombre de 20 años, por tener dos órdenes de captura por los delitos de robo agravado. La intervención fue realizada por personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles.
El detenido está a disposición del Ministerio Público, que tendrá que comunicar sobre la detención al Juzgado Penal de Garantía, el cual deberá decidir si el aprehendido estará privado de su libertad o si será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
El Rolexgate refiere “a tres relojes marca Rolex que la presidenta habría recibido en calidad de donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima”. Foto: Archivo
El Congreso de Perú desistió de investigar a la presidenta Dina Boluarte por un escándalo de corrupción al archivar una acusación fiscal que amenazaba la estabilidad del Gobierno, allanando así el camino para que pueda acabar su mandato sin riesgo a ser destituida.
Boluarte había sido denunciada ante la subcomisión de acusaciones del parlamento por recibir de manera presuntamente indebida unos relojes de lujo.
La subcomisión recomendó archivar el caso, conocido como Rolexgate.
Boluarte, una de las presidentas más impopulares del mundo, también es investigada por la Fiscalía en un caso de cirugía de nariz que la tiene al filo del abismo debido a que omitió delegar funciones durante la operación a la que fue sometida, que mantuvo en reserva. El parlamento, controlado por bancadas de derecha afines a Boluarte, debe aún evaluar ese caso.
El llamado Rolexgate, iniciado por una denuncia de prensa, remonta a marzo de 2024, en momentos en que la Fiscalía investigaba a la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en documentos. Según la subcomisión de acusaciones del parlamento, “es constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio declarar el archivo por no proceder formular acusación contra la presidenta de conformidad al artículo 117 de la Constitución”. Boluarte, de 62 años, culminará su mandato en julio de 2026. La denuncia en el Congreso es el paso previo a un antejuicio político.