El gobierno de Perú declaró este domingo una emergencia sanitaria nacional por 90 días por un brote inusual de casos del síndrome de Guillain Barré, tras la muerte de cuatro personas a causa de este mal que afecta el sistema nervioso.
Se “declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días debido al incremento inusual de casos del síndrome de Guillain Barré”, indicó un comunicado del Ministerio de Salud. La emergencia incluye a las 25 regiones del país.
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“Ha habido un incremento importante en las últimas semanas que nos obliga tomar acciones como Estado para proteger la salud y vida de la población”, dijo a la prensa el ministro de Salud, César Vásquez. El ministro explicó que esta declaratoria permitirá comprar inmunoglobulina para el tratamiento de los pacientes con la enfermedad por los próximos dos años.
El número de muertos por el síndrome se elevó a cuatro y los casos superaron los 180 entre enero y julio, según un nuevo balance del ministerio. El síndrome se manifiesta con una debilidad muscular progresiva que surge en un lapso de entre dos a cuatro semanas y que puede llegar a afectar el sistema respiratorio. Uno de sus síntomas más frecuentes son los hormigueos y la falta de fuerza en las extremidades.
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Fuente: AFP
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Perú aclara que no reconoce a Edmundo González como "presidente electo" de Venezuela
Perú aclaró el jueves que no reconoció aún como “presidente electo” de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, pese a que desconoció la reelección de Nicolás Maduro por sospechas de fraude. “No puede ser el presidente electo, no tenemos ninguna comunicación oficial del Estado peruano reconociendo esa condición al señor González Urrutia”, dijo el jefe del gabinete ministerial Gustavo Adrianzén, a la radio RPP.
La declaración marca un giro respecto a lo anunciado el 30 de julio por el entonces canciller Javier González-Olaechea cuando dijo que Perú reconocía al opositor venezolano como “presidente electo y legítimo”.
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Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Perú alegando que Lima reconoció a González Urrutia como “presidente electo”, pese a que el mandatario izquierdista Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, de línea oficialista. Sin embargo, Adrianzén sostuvo que la posición del gobierno es que se “exhiban las actas y se recuenten, en presencia de observadores internacionales”.
La aclaración se produce dos días después del repentino reemplazo del canciller Javier González-Olaechea, quien cuestionó siempre la victoria en los comicios del 28 de julio del presidente venezolano Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años.
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La oposición venezolana denunció como “fraude” el triunfo de Maduro. Por su lado el nuevo canciller peruano, Elmer Schialer, insistió este jueves que Perú exige “respeto a la voluntad expresada en los comicios del 28 de julio”. “No reconocemos por ello esos resultados”, expresó respecto a la reelección de Maduro.
Fuente: AFP.
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Conmoción en Perú: ucraniano mató a rusa tras consumir ayahuasca
El asesinato de Liudmila Lazarenko, de 44 años, a manos de Ivan Kuzmin, de 38, ha causado conmoción y centrado la atención mediática en Perú. Una corte de Perú dictó ayer lunes nueve meses de prisión preventiva contra un ucraniano que confesó haber asesinado y descuartizado a una mujer rusa tras consumir ayahuasca, una planta alucinógena de la Amazonía.
“Declaro fundado el requerimiento de la fiscalía de nueve meses de prisión preventiva por homicidio calificado con ferocidad, contra Ivan Kuzmin”, dijo la jueza de la Corte de San Martín, en el noreste del país. El crimen ocurrió el jueves en la ciudad amazónica de Yurimaguas.
Los extranjeros - que mantenían un vínculo de amistad - estaban hospedados en “Dos Mundos”, un centro donde se practican rituales de sanación de cuerpo y alma, según la descripción del lugar. En la audiencia, Kuzmin admitió que atentó contra su amiga bajo los efectos de la ayahuasca y hongos. El presunto asesino alegó que actuó “para salvar el alma” de su amiga, supuestamente poseída por fuerzas del mal.
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“Tiene conciencia que su acción es sancionada penalmente”, dijo el defensor público que le fue asignado. El atacante fue hallado totalmente fuera de sí con un cuchillo en la mano en la habitación de la ciudadana rusa cuando fue detenido, declararon testigos a la fiscalía. El cuerpo estaba cercenado. “Ellos, al parecer, tuvieron una discusión y, producto de ello, el hombre agredió a la agraviada (...)”, dijo a la prensa Llesenia del Mar, fiscal provincial de Alto Amazonas, al canal de televisión Latina.
El director del centro de sanación, Pepe Ordoñez, cuyo local fue clausurado mientras se aclara el crimen, aseguró a la prensa que la pareja se hallaba de paso y negó haberles proporcionado alucinógenos. Lazarenko vivía en Tailandia con su esposo y dos hijas. Estaba de vacaciones en Perú al igual que su atacante.
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Fuente: AFP.
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Perú promulga la ley que prescribe delitos de lesa humanidad antes de 2002
El Congreso de la República de Perú ha promulgado el viernes pasado la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra perpetrados antes de 2002 en medio de las críticas de Naciones Unidas. La ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
“Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, reza la legislación publicada el viernes en el diario oficial ‘El Peruano’.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió a Perú que no siguiera adelante con la legislación, ya que ello paralizaría cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990, como el de las esterilizaciones forzadas de indígenas, en el que está siendo procesado el expresidente Alberto Fujimori.
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La CIDH requirió al Estado peruano que tomase, a través de sus tres Poderes, “las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto” a fin de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas” de casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta.
De la misma forma, la legislación anulará las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana.
Fujimori ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2026 por el partido político Fuerza Popular, fundado por su hija, Keiko. El caso de las esterilizaciones forzadas afectó a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
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“Preocupante”, según Turk
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha lamentado que la ley “contraviene” las “obligaciones” de Perú con respecto al Derecho Internacional y ha dicho que esto es “preocupante”, puesto que se produce “en medio de una reacción más amplia contra los Derechos Humanos y el Estado de Derecho”.
“Los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra están entre las más serias violaciones de las leyes internacionales y ni las amnistías ni los plazos de prescripción deberían extenderse a ellos”, ha señalado en un comunicado.
En este sentido, Turk ha indicado que aquellos responsables de estos “crímenes atroces” deben “rendir cuentas” de conformidad con el Derecho Internacional, ya que de no ocurrir esto se corre el riesgo “de poner en peligro los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de miles de víctimas.
Fuente: Europa Press.
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Ordenan reiniciar el proceso judicial contra Alberto Fujimori
La Cuarta Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Perú ha anulado la denuncia presentada contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas durante su mandato.
El tribunal considera que la denuncia contra Fujimori y sus ministros de Salud no puede tramitarse bajo las normas del Código de Procedimientos Penales de 1940 y da preferencia así al Nuevo Código Procesal Penal, de 2004, lo que supone el reinicio de la causa, según recoge el diario peruano ‘La República’.
Se pierde así la investigación judicial realizada entre 2021 y 2023 y ahora la Fiscalía deberá replantear el caso, formalizar la investigación preparatoria, presentarlo a un juzgado del nuevo Código y llevar a cabo las diligencias necesarias para reunir elementos para una eventual acusación contra Fujimori y sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong por presunta autoría mediata del delito de lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
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El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) ha reaccionado en un comunicado en el que destaca que el caso no ha sido archivado ni se ha excluido a Fujimori. Unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres del interior del país, la gran mayoría indígenas, fueron sometidas contra su voluntad al procedimiento de anticoncepción quirúrgica que promovió el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Fujimori, de 86 años, está en libertad desde el 7 de diciembre de 2023 por un indulto concedido por razones humanitarias pese a las objeciones de la justicia interamericana. Había sido condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. El pasado 14 de julio fue designado candidato presidencial por el partido político Fuerza Popular, fundado por su hija, Keiko, para las elecciones presidenciales de 2026.
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Fuente: Europa Press.