El Estado uruguayo admitió públicamente el jueves su responsabilidad por la ejecución extrajudicial de las llamadas “muchachas de abril” y por dos desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura (1973-1985). Se trata del segundo acto de reconocimiento de actuación estatal ilegítima durante el régimen cívico-militar ordenado a Uruguay por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Manifiesto el compromiso del Estado de cumplir con la sentencia y dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso”, prometió la vicepresidenta, Beatriz Argimón.

Centenares de personas asistieron a la ceremonia en el Palacio Legislativo, realizada tras un fallo de la Corte IDH de noviembre de 2021, que culminó un proceso iniciado por los familiares de las víctimas en 2007. En primera fila se encontraba al ministro de Defensa, Javier García, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Rodolfo Pereyra, protocolarmente la máxima jerarquía militar del país. Pero el presidente Luis Lacalle Pou estaba ausente.

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“Su presencia era fundamental en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, lamentó Karina Tassino, representante de las víctimas, en medio de fuertes aplausos. Tassino, hija de Óscar Tassino, uno de los desaparecidos de este caso, exigió a las “altas autoridades” uruguayas tomar “acciones contundentes” que “encaminen” a la verdad.

Su discurso, leído con voz quebrada y varias veces ovacionado de pie, terminó con una arenga “por memoria, verdad, justicia, nunca más”, el lema de la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Al cerrar el acto, Argimón urgió dos veces a “toda persona que tenga conocimiento sobre el posible paradero de restos humanos a que por favor brinde información”.

El 7 de junio, los restos de una persona probablemente detenida y desaparecida durante la última dictadura fueron encontrados en excavaciones dispuestas en un predio militar cerca de Montevideo. Continúan las pericias para identificarlos.

El caso de las “muchachas de abril” involucra a Diana Maidanik y Silvia Reyes, de 21 años, y a Laura Raggio, de 19, acribilladas a balazos el 21 de abril de 1974 durante un operativo militar y policial en Montevideo. Según la Corte IDH, la investigación judicial pudo “desvirtuar la versión oficial referente al enfrentamiento”.

Las tres jóvenes militaban en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla urbana de izquierda que se levantó en armas contra el Estado a mediados de los años 1960 y fue derrotada en 1972. Pero el operativo se cree que iba dirigido contra Washington Barrios, también integrante del MLN-T, detenido en 1974 en Argentina y aún desaparecido. Reyes era su esposa y estaba embarazada.

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La matanza está vinculada con las desapariciones de dos militantes comunistas, Luis Eduardo González, de 22 años, y Óscar Tassino, de 40, detenidos en la capital uruguaya el 13 de diciembre de 1974 y el 19 de julio de 1977, respectivamente. Por el caso de las “muchachas de abril”, la Suprema Corte de Justicia ratificó en abril el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército Juan Rebollo, en prisión domiciliaria. También fueron involucrados en la causa los militares José Gavazzo y Eduardo Klastornik, pero fallecieron durante el proceso judicial.

“La lucha sigue (...) queda mucho por hacer para que se cumpla esta sentencia” de la Corte IDH, dijo a periodistas Elena Zaffaroni, esposa de González, al final del acto. En 2012, tras otro fallo de la Corte IDH, el Estado uruguayo asumió su responsabilidad por la desaparición en 1976 de la argentina María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman. El entonces presidente José Mujica, un exguerrillero del MLN-T encarcelado de 1972 a 1985, encabezó el acto.

Hasta ahora, en Uruguay fueron identificados los restos de cinco detenidos desaparecidos enterrados en sitios militares. Oficialmente hay 197 personas desaparecidas por acciones atribuidas al Estado uruguayo entre 1968 y 1985, periodo que incluye la dictadura y la agitación social previa. La gran mayoría fueron detenidos en Argentina, en el marco del Plan Cóndor de colaboración entre los regímenes militares.

Fuente: AFP.