Medios de prensa colombianos informaron que el Tribunal Superior de Cartagena remitió a la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, condenada en segunda instancia por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial es ahora la que deberá decidir si admite este trámite y revoca su condena o bien, si confirma la sentencia.

La Justicia colombiana había condenado a Chacón a 35 años de cárcel, luego que la Fiscalía general de la Nación de dicho país demostrara que fue la coordinadora logística y financiera del homicidio de Pecci. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena hizo lugar al recurso extraordinario de casación que planteó la defensa de la mujer, procesada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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Esta acción de la Sala Penal se dio en respuesta a la demanda interpuesta por la sentencia del 27 de septiembre del 2024, que ratificada la condena interpuesta inicialmente el 15 de febrero del año pasado, por el juzgado Tercero Penal del circuito judicial de Cartagena. Luego de que se diera lectura al fallo en segunda instancia, dictado en enero de este año, la defensa presentó el recurso dentro del plazo legal.

La resolución expedida este 25 de marzo fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá decidir si admite el recurso y revoca la condena o bien, si confirma la sentencia, según medios colombianos.

Chacón es considerada como pieza clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al igual que su esposo Andrés Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Pérez Hoyos. La mujer había sido sentenciada por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros.

La procesada fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas. En una de sus últimas declaraciones ante las autoridades, la mujer denunció supuestas torturas y maltratos en un búnker para declarar en contra de un expresidente, cuyo nombre nunca antes había escuchado.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Un antiguo socio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín viajó ayer viernes desde Alemania a Colombia, donde quedó en poder de la policía para verificar su situación judicial. Carlos Lehder, de 75 años, fue el primer gran capo colombiano extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una pena de 30 años de cárcel. Fue expulsado tras su liberación en 2020 a Alemania, por su doble nacionalidad, aunque había manifestado reiteradamente su voluntad de regresar a Colombia.

La autoridad migratoria publicó fotografías y videos de Lehder en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en traje y corbata. Aseguró que lo dejó “a disposición” de la policía por una “orden de captura vigente” en el país. La institución trasladó luego al excapo a una dependencia de investigación “para verificar su situación judicial”, informó en la red social X.

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Apodado El Loco por sus excentricidades, Lehder protagonizó uno de los periodos más sangrientos de la historia del país suramericano de la mano de Escobar. Figura icónica del mal, Escobar libró una guerra sin cuartel contra el Estado colombiano para evitar su extradición a Estados Unidos. Ese lapso estuvo marcado por la detonación indiscriminada de carros bomba y el secuestro o asesinato de líderes políticos, periodistas y jueces.

Pablo Escobar murió a manos de la policía colombiana el 2 de diciembre de 1993 en la ciudad de Medellín. Solo Lehder y otro de sus socios del cartel, Fabio Ochoa Vásquez, fueron extraditados a Estados Unidos. Ochoa Vásquez fue deportado en diciembre a Colombia tras cumplir una condena de más de dos décadas una prisión estadounidense. Sin cuentas pendientes con la justicia colombiana, está en libertad.

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La Dirección Nacional de Migraciones y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) avanzan en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad migratoria entre Paraguay y Estados Unidos, en una reciente reunión de sus autoridades.

Durante la reunión realizada en las instalaciones del ICE en Washington, el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter y autoridades del organismo estadounidense, abordaron temas relacionados con el intercambio de información y estrategias conjuntas para el combate a delitos transnacionales.

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El ICE es un organismo que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y que cuenta con el mayor cuerpo de investigadores criminales en esta dependencia. Su labor se enfoca en la identificación y persecución de delitos vinculados al tráfico de personas, el fraude migratorio y otras actividades ilícitas transnacionales.

En el transcurso de su estadía en Washington, el director nacional de Migraciones mantuvo además una reunión con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con quienes dialogó sobre mecanismos de cooperación interinstitucional orientados al fortalecimiento de las políticas de seguridad migratoria y el combate a delitos transnacionales que afectan a ambos países.

Estos encuentros reflejan el interés de ambas instituciones en estrechar lazos con el propósito de mejorar los controles migratorios y reforzar la cooperación entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado a nivel global.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció este jueves que los militares que custodiaban el Centro Penitenciario de Minga Guazú serán sometidos a la prueba del polígrafo, como una de las medidas que están siendo implementadas debido a la fuga de ocho personas privadas de libertad, que se registró anoche en el citado recinto.

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, a las 6:30, el titular del Ministerio de Justicia indicó que estuvo en comunicación con el general Pedro Martínez de las Fuerzas Militares y “se dispuso el uso del polígrafo para los militares encargados de la custodia perimetral del Centro Penitenciario”. Nicora llegó cerca de las 2:00 de este jueves el recinto penal, donde ya lo aguardaba el coronel Rubén Pela, director de Institutos Penales.

Igualmente, confirmó la existencia de elementos relevantes que comprometen a los agentes penitenciarios ya detenidos como consecuencia de la fuga. “Se pudo determinar que se cuenta con indicios importantes de la complicidad de agentes penitenciarios que facilitaron o son responsables en gran medida de la fuga de las ocho personas privadas de libertad (PPL)”, expresó el ministro de Justicia.

Aclaró que la detención ordenada por el Ministerio Público es de cuatro agentes penitenciarios y de un personal encargado del monitoreo del centro de video-vigilancia del sitio. Otro indicio expuesto por Nicora es el horario de recreo de las personas privadas de libertad.

“El horario en que estas PPL se encontraban en los lugares de soleo, en el momento de la fuga, es irregular; son cubículos individuales donde salen dos horas al día a recrearse y hacer un poco de ejercicio y la hora en que estaban, no está contemplado en el protocolo diario del sistema de seguridad”, explicó el ministro.

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Aclaró que el horario establecido es hasta las 17:00 como máximo y las PPL estaban a las 19:00 en el sitio. La fuga se produjo a las 19:18, según confirmó, al igual que la entrega de la llave por parte de uno de los agentes.

“Se pudo constatar que, uno de los agentes penitenciarios, en el momento de abandonar el lugar que tenía que estar custodiando, junto a los otros agentes penitenciarios, hoy detenidos, entregó algún elemento para que estas personas puedan abrir las rejas”, manifestó, aclarando que pudo ser la llave. Informó que se está analizando los materiales audiovisuales “para para ver quién entregó la llave, hay un trabajo de inteligencia al respecto”.

El ministro Rodrigo Nicora detalló sobre los pasos realizados por las PPL para fugarse. “A la zona de soleo fueron ingresando los ocho internos, uno de los agentes entrega lo que sería una llave a uno de ellos, posteriormente los agentes, abandonan el lugar, dejan sin custodia. A partir de allí, el primer interno que tiene la llave proceder a abrir estas rejas y permite la salida de las demás PPL”, explicó.

“Luego toman el techo, pasan al primer muro perimetral interno del módulo de régimen cerrado especial (Pabellón de máxima seguridad), después vulneran un cerco de reja perimetral, luego ya suben por la escalera de la garita de control para ganar el muro principal que da a la calle”, concluyó el titular del Ministerio de Justicia.

Rodrigo Nicora mencionó también que el director del Centro Penitenciario, César Careaga, hoy apartado del cargo, argumentó la falta de personal suficiente como la causa por la cual la garita por donde se fugaron las PPL, estaba sin custodia. Sin embargo, el secretario de Estado rechazó lo expuesto por el director ya apartado, señalando que no es ninguna justificación aceptada.

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• Intervención del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
• Separación del cargo del director y agentes penitenciarios.
• Prueba del polígrafo a militares que realizaban custodia.
• Auditoria y peritaje del sistema de seguridad del centro penitenciario.
• Remisión de antecedentes al Ministerio Público sobre los funcionarios responsables de la vigilancia.
• Refuerzo, custodia y rastrillaje en la zona del centro penitenciario.
• Coordinación con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de todos los centros penitenciarios.
• Detención de cuatro guardias y un personal del centro de monitoreo.