Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

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“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP

El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y el Ministerio de Cultura de El Salvador han iniciado un diálogo clave para fortalecer la cooperación cultural entre ambos países, destacando el impulso a la cinematografía paraguaya y la preservación de patrimonio cultural.

En una reunión virtual celebrada el 23 de octubre, el director ejecutivo del INAP, Christian Gayoso, y el director general de Comunicaciones Institucionales del Ministerio de Cultura de El Salvador, Jairo Walberto Molina Castro, acordaron acciones concretas para promover el cine paraguayo en El Salvador.

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Entre las iniciativas sobresale la organización de un ciclo de cine paraguayo, que permitirá al público salvadoreño disfrutar de una selección de películas nacionales, generando un intercambio cultural entre ambos países y ampliando el acceso a las producciones paraguayas en el ámbito internacional.

Además, se abordaron los avances del proyecto de restauración del documental sobre Agustín Pío Barrios, Mangoré, una pieza audiovisual que homenajea al icónico guitarrista y compositor paraguayo. Este esfuerzo de restauración no solo busca preservar un material histórico invaluable, sino también resaltar la figura de uno de los más grandes exponentes de la música paraguaya. Carlos Molina, experto en la restauración, presentó los detalles técnicos de este trabajo que busca revitalizar el legado de Barrios para futuras generaciones.

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Un mercado de abasto de alimentos fue habilitado ayer miércoles por el presidente Nayib Bukele para tratar de contener las alzas en los precios en El Salvador.

La flamante Central de Abastos “sale al paso del alza inmoderada de precios, porque rompe con la distorsión y especulación en el mercado mayorista de productos alimenticios”, declaró el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.

El mercado de frutas, verduras y otros productos fue instalado en el distrito de Soyapango, en la periferia de San Salvador, y se suma a 50 pequeños agromercados que operan desde julio para contener las alzas inéditas en los precios en este país con economía dolarizada, que importa muchos alimentos de países vecinos.

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Tras apaciguar El Salvador con una “guerra” contra las pandillas criminales, Bukele prometió mejorar la economía al iniciar su segundo mandato de cinco años el 1 de junio, pero los aumentos de precios han generado inquietud entre la población.

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, declaró con el nuevo mercado se beneficiarán “pequeños comercios” con insumos a “buen precio”. “La Central de Abastos conectará directamente a productores e importadores con los comerciantes permitiendo que los salvadoreños accedan a alimentos de mejor calidad y a mejor precio”, afirmó Bukele en la red social X.

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Fuente: AFP

Luego de que agentes de la Policía Nacional llevaran adelante cateos a menores para el ingreso a un encuentro de fútbol en el marco de un operativo de seguridad, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia decidió intervenir y desplegar un equipo de trabajo que acompaña los controles durante el encuentro entre los clubes Cerro Porteño y Olimpia.

El objetivo principal de este trabajo es evitar que los derechos de los menores sean vulnerados, al tiempo de cumplir con todas las normativas de seguridad que permitan que los mismos puedan disfrutar de un espacio seguro.

“Los chalecos rojos del dispositivo de respuesta inmediata del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia estarán presentes, acompañando a los efectivos policiales para salvaguardar la integridad y seguridad de los niños y adolescentes que asistan al partido del superclásico”, señala parte del comunicado socializado por la institución.

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Los fiscalizadores, quienes estarán debidamente identificados, trabajan de manera coordinada con la Policía Nacional para que los menores puedan ir a alentar a sus equipos sin tener mayores inconvenientes, en especial a la hora de entrar y salir del estadio.

“Rogamos a la ciudadanía cumplir con los protocolos de seguridad, no comprometiendo ni exponiendo a los niños y adolescentes a situaciones de vulnerabilidad. Igualmente, ante cualquier situación de violencia o abuso hacia la niñez, acudir a alguno de los chalecos rojos para identificar y brindar respuesta”, resalta el comunicado.

Como parte de la campaña de prevención de violencia hacia los niños hay que destacar que las líneas de ayuda inmediata como 147 Fono Ayuda y 911 de la Policía Nacional se encuentran disponibles todo el tiempo para la ciudadanía que tenga datos respecto a hechos que atañen a la vulneración de los derechos del niño.

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