Un juez de Brasil revirtió este sábado pasado la suspensión del servicio de mensajería Telegram, determinada la semana pasada en el marco de una investigación sobre violencia en las escuelas y grupos neonazis que actúan en la plataforma, informó un tribunal federal.

El magistrado de segunda instancia Flávio Lucas consideró que la suspensión de la aplicación en todo el país “no es razonable”, ya que afecta “la libertad de comunicación de miles de personas absolutamente ajenas a los hechos investigados”, pero mantuvo la multa diaria de un millón de reales (USD 198.000) impuesta a la empresa en la primera instancia, informó en un comunicado el Tribunal Regional Federal-2 (TRF-2), con sede en Rio de Janeiro.

La Policía Federal y la fiscalía brasileña habían solicitado a Telegram datos personales de todos los integrantes de los canales “Movimiento antisemita brasileño” y “Frente Anti-Semita”, que las autoridades asocian a ataques en escuelas brasileñas en los últimos meses.

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En noviembre pasado, un adolescente de 16 años mató a tiros a cuatro personas e hirió a más de diez en dos escuelas del estado brasileño Espirito Santo (sureste). El joven “sería integrante de grupos extremistas en Telegram, donde se compartía material de apología neonazi (...) con divulgación de tutoriales de asesinato y fabricación de artefactos explosivos, y videos de muertes violentas”, detalló el TRF-2.

Según la primera instancia judicial, Telegram solo entregó “parcialmente” los datos solicitados. La empresa, con sede en Dubai y registrada en las Islas Vírgenes Británicas, alegó el jueves en un comunicado que la información solicitada es “tecnológicamente imposible de obtener” y anunció que apelaría ante la justicia.

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“No importa el costo, defenderemos a nuestros usuarios en Brasil y su derecho a la comunicación privada”, dijo entonces su director ejecutivo, Pavel Durov. El servicio de mensajes, que empezó a mostrar inestabilidad para los usuarios brasileños luego de la orden de bloqueo el miércoles, continuaba sin funcionar correctamente el sábado por la tarde, constató la AFP.

Telegram ya fue objeto de una orden de suspensión en Brasil en marzo de 2022, cuando un juez de la Corte Suprema determinó su bloqueo por considerar que la compañía incumplía reiteradamente órdenes judiciales de combate a la desinformación en un año electoral, y no cooperaba con las autoridades en la represión de otros delitos.

Brasil registró en los últimos meses una serie de ataques en centros educativos que conmocionaron al país y encendieron las alarmas del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A principios de abril, cuatro niños de entre 4 y 7 años fueron asesinados en una guardería del estado de Santa Catarina (sur) por un hombre que irrumpió armado con un hacha.

En los días posteriores, el país registró dos nuevos atentados en escuelas, sin víctimas fatales. Tras los episodios, el gobierno anunció medidas para obligar a las plataformas de redes sociales a cohibir contenidos y perfiles que propaguen o hagan apología de ataques contra escuelas.

E intensificó su campaña para que haya una nueva ley que regule la actividad de las plataformas, actualmente en debate en el Congreso. “Es preciso que las empresas de tecnología comprendan que el ciberespacio no puede ser un territorio libre, un mundo distinto (...) con reglas propias, creadas y administradas por los propios agentes que lo explotan comercialmente”, defendió el juez Flávio Lucas en su escrito, citado por el tribunal.

Fuente: AFP.