El gobierno de Bolivia anunció que tomó el control del banco privado Fassil, el cuarto más grande del país por volumen de depósitos, a causa de problemas de liquidez, mientras cuatro de sus directivos están presos acusados de mala administración. Este jueves pasado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) garantizó la devolución del dinero a los 1,3 millones de clientes de la entidad en proceso de liquidación, con sede en Santa Cruz, la capital económica de Bolivia.
“Se dispuso la intervención del banco Fassil y hemos comenzado a trabajar rápidamente para revisar los estados financieros” de la institución, dijo a la prensa el interventor Carlos Alberto Colodro. Las 189 sucursales y agencias bancarias de Fassil ya fueron cerradas, y a las afueras apenas se acercaban unos cuantos clientes, según un reportero de la AFP en Santa Cruz.
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La autoridad que regula el sistema financiero anunció la medida, aduciendo la falta de liquidez del banco para “atender los requerimientos de los ahorristas”, y denunció una “mala administración” de la entidad. Cuatro ejecutivos de Fassil fueron detenidos, según la policía, mientras unos 4.500 empleados perderán sus puestos.
Con 2.789 millones de dólares y 1,3 millones de cuentas, el Fassil era el cuarto banco más grande de Bolivia por volumen de depósitos, según se desprende de los datos de ASFI a fines de 2022. Este jueves, centenares de trabajadores del banco en liquidación llegaron a protestar a las afueras de las oficinas principales de la entidad bancaria en la ciudad de Santa Cruz.
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“¡Queremos trabajar, queremos trabajar!”, gritaban los manifestantes frente a las sedes ocupadas por policías y en cuyas puertas se exhibe el aviso de “entidad intervenida”. Los trabajadores anunciaron para este viernes nuevas movilizaciones. Horas después, la jueza Marianela Salazar determinó en Santa Cruz el encarcelamiento preventivo de cuatro ejecutivos del Banco Fassil, procesados por delitos financieros, informó el fiscal asignado al caso, Julio César Porras.
“Se ha determinado 90 días de detención preventiva, estábamos pidiendo 180 días”, dijo Porras a la prensa y anunció que ahora corresponde “seguir investigando”. Los ejecutivos de la entidad bancaria, Juan Ricardo M.O. (presidente ejecutivo), Hernán S.V. (gestor de negocios), Jorge Arturo Ch.V. (gerente) y Hermes Hugo S.C. (subgerente), fueron detenidos por la policía el martes y puestos a disposición judicial.
Fuente: AFP.