Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.

Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.

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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.

En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.

En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.

No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.

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“Esto tiene un gran mensaje político, se da en un momento muy importante”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la visita realizada por el expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a Israel. Agregó que el acontecimiento terminó demostrando la instalación de un esquema de terrorismo de Estado y persecución política contra su cliente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Cartes fue invitado por el estado de Israel para hablar de la lucha contra el antisemitismo, justamente cuando la sanción más grave de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos se centró sobre este punto”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las sanciones aplicadas por el país norteamericano al empresario derivaron de las acusaciones sobre los presuntos vínculos que mantiene con Hezbolá. La campaña de vincular a Cartes con el grupo terrorista, considerado como uno de los principales enemigos de Israel fue impulsado por el abdismo en confabulación con poderosos medios de comunicación y una oposición sumisa.

“Se demostró que fue una campaña de denuncias falsas, montada por el exgobierno. En marzo del año 2022 ellos enviaron un informe manipulado y falso a FINCEN en EE. UU., lo que derivó en su sanción en julio del 2022″, comentó Ovelar.

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El intento de vincular a Cartes con el grupos terroristas fue desplegado con fuerza en junio del año 2022, meses antes de los comicios internos del Partido Colorado, que se desarrollaron el 18 de diciembre del mismo año. En ese entonces, el líder de Honor Colorado y el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, disputaban la titularidad de la Junta de Gobierno de la nucleación.

Llamativamente, la campaña también fue desatada en el marco de los comicios presidenciales realizados el 30 de abril del mismo año. El esquema contó con una activa participación del entonces embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, de acuerdo a las denuncias realizadas por cercanos a Cartes.

Uno de los puntos centrales del intento de vinculación a Cartes con terroristas fue la falsa denuncia impulsada por el entonces ministro de la Seprelad, René Fernández, quien sin fundamentos ni argumentos denunció a la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por posibles conexiones con el terrorismo, en el famoso caso conocido como el “avión iraní”.

La industria tabacalera tenía en ese entonces entre sus principales accionistas a Cartes. La acusación formulada en el gobierno de Abdo Benítez apuntaba a generar no solo un daño político, sino también moral y económico para sacarlo de la arena electoral.

Mediante discursos coordinados, el abdismo instaló con fuerte respaldo de medios aliados que la aeronave con matrícula venezolana YV3531 transportaba en su interior a tripulantes relacionados con supuestos grupos terroristas. Las 18 personas incluso fueron involucradas de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbolá de Líbano.

El avión hizo una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7.086 cajas de cigarrillo vendidas por la firma Tabasa a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba. Recientemente el Ministerio Público requirió la desestimación de la causa al no encontrarse elementos que sustenten la acusación.

“La desestimación de la causa ratifica la falsedad así como la persecución a un inocente orquestado desde el anterior gobierno. Acá hubo un presidente que en convivencia con el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, montaron todo este show mediático, político que está hoy en día absolutamente desbaratado”, sentenció.

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• Quito, Ecuador. AFP.

El colapso de un dique que ayudaba a contener parte de los más de 25.000 barriles de petróleo vertidos por la ruptura de un oleoducto hace casi dos semanas en el noroeste de Ecuador agravó la emergencia ambiental, donde ríos y playas del Pacífico están contaminados. El gobierno atribuyó a un sabotaje el daño en un oleoducto de propiedad estatal el 13 de marzo, que provocó el derrame de 25.116 barriles de crudo afectando tres ríos y el suministro de agua a varias poblaciones, según autoridades.

Debido a las intensas lluvias que caen desde enero en el país, el martes pasado colapsó un dique de contención en el río Caple, que se conecta con otros torrentes de la provincia costera de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, indicó el miércoles la estatal Petroecuador en un comunicado. Agregó que siete barreras de contención fueron instaladas en el río Viche, donde maquinaria retiraba palos contaminados de crudo. También se colocó material absorbente adicional en ese afluente, así como en el Caple y Esmeraldas, que desemboca en el Pacífico.

La entidad señaló que los trabajos buscan además proteger un refugio natural de vida silvestre, con más de 250 especies como nutrias, monos aulladores, armadillos, fragatas y pelícanos. “Esto ha sido un desastre total”, dijo a la AFP Ronald Ruiz, el dirigente de los residentes del poblado de Cube, en cuya área está situado el dique. Añadió que el duro invierno “hizo que el afluente creciera, trayendo palizadas y por ende rompiera los diques que estaban conteniendo el petróleo, que estaba acumulado para su evacuación”.

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El dirigente apuntó que unas 750 familias estaban afectadas en Cube, donde la gente se dedica a la agricultura, ganadería y pesca. “Tenemos ya el río totalmente muerto por ahora, no hay actividad de pesca, no pueden regar los cultivos”, expresó Ruiz. Según el dirigente, los ganaderos debieron evacuar sus animales hacia otras zonas. “Los animales que toman agua de este afluente aparecen muertos por ahí”, dijo.

Tras el derrame, la provincia de Esmeraldas fue declarada en emergencia ambiental, durante la cual se han recolectado 30.257 barriles de crudo mezclado con agua. El colapso del dique volvió a dejar a pobladores sin agua, lo que obligó a que el miércoles se distribuyera en carrotanques, según Petroecuador. Las autoridades también reparten raciones de alimentos y kits de limpieza.

El vertido de petróleo es de los más grandes de los últimos años en el país. En 2022, unos 6.300 barriles afectaron la Amazonía ecuatoriana, donde dos años antes cerca de 16.000 contaminaron varios ríos. Ecuador explotó en 2024 unos 475.000 barriles diarios (bd) de petróleo, su principal producto de exportación. Ese año vendió un 73 % de la producción, que le generó unos 8.647 millones de dólares. El crudo es extraído en pozos de la selva amazónica y llevado por dos tuberías hasta puertos en Esmeraldas.

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Un hombre de 59 años fue hospitalizado de gravedad en principio en el hospital de Ñemby, luego de que presentara una herida entre las piernas, según un informe del Ministerio Público. Los médicos tratantes confirmaron que le fueron extirpados los testículos, ya que se presume que habría sido castrado mientras dormía en su vivienda, sin embargo se desconoce el móvil del hecho. Posteriormente, fue derivado al Hospital de Trauma, en donde fue sometido a dos cirugías de emergencia.

Según el reporte dado por la fiscal Gladys González, la víctima identificada como Patricio Bogado, de 59 años, habría sido ingresado al Hospital de Ñemby el pasado miércoles por una herida que presentaba en las partes íntimas y que este pensó que se cortó accidentalmente. Sin embargo, los doctores que lo atendieron confirmaron que no tenía ambos testículos y que este les fueron extirpados mediante la incisión que presentaba.

La víctima en ese momento cambió su relato y resaltó que estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que no recuerda qué fue lo que sucedió, solo que al despertar sintió la humedad entre sus piernas y pensó que se habría herido mientras estaba borracho, por lo que pidió ayuda a la mujer que trabaja como empleada doméstica en su vivienda y esta solicitó el servicio de plataforma de viajes para ir al hospital.

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“Entramos a la casa y no encontramos nada de alcohol o drogas. El hombre se dedicaba a vender plantas y durante esta mañana se sometió a otra cirugía”, detalló la fiscal, en entrevista con canal Trece.

Afirmó que el hombre no aporta mayores datos sobre lo ocurrido y no están avanzando en el caso. Además, en un principio se opuso a que las autoridades ingresen a la vivienda. Actualmente, presenta una infección grave en la zona por lo que su vida está en riesgo, hasta el momento se desconoce el móvil del caso. El paciente no cuenta con antecedentes penales por violencia o abuso sexual.

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