Singapur ejecutó el miércoles a un preso condenado a muerte por el tráfico de un kilo de cannabis, anunciaron las autoridades de la ciudad-Estado, que ignoraron los pedidos internacionales de clemencia. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU para Singapur había solicitado al país que “reconsiderara urgentemente” la ejecución.

El singapurense Tangaraju Suppiah, de 46 años, fue ejecutado en el Complejo Penitenciario de Changi, dijo este miércoles un portavoz del servicio de prisiones de Singapur a la AFP. Tangaraju había sido condenado en 2017 por “participar en una conspiración de tráfico” de 1.017,9 gramos de cannabis, el doble del volumen mínimo necesario para la pena capital en Singapur.

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Un año después fue sentenciado a muerte y el Tribunal de Apelación mantuvo la decisión, aunque oenegés de defensa de derechos humanos señalaron que el caso presentaba dudas. Las pruebas “estaban lejos de ser claras, dado que nunca tocó la marihuana en cuestión, fue interrogado por la policía sin un abogado y se le negó el acceso a un traductor de tamil cuando pidió uno”, dijo el subdirector para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson.

También apuntó que el ahorcamiento “genera serias preocupaciones de que Singapur esté lanzando una nueva oleada de ejecuciones para vaciar su corredor de la muerte en un equivocado esfuerzo de disuasión”. La subdirectora regional de Amnistía Internacional, Ming Yu Hah, estimó que había “muchos errores” en el caso y que la ejecución demostraba “el abrumador fracaso de la obstinación de Singapur en abrazar la pena capital”.

El multimillonario británico Richard Brandson, miembro de la Comisión Mundial de Lucha contra las Drogas, pidió el lunes a Singapur que reconsiderara la ejecución y aseguró que “se trata en gran parte de un caso basado en presunciones”. El Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable.

El ministerio señaló que dos teléfonos móviles, que según la fiscalía pertenecían a él, fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos. “La evidencia muestra claramente que era la persona coordinando la entrega de drogas, con el propósito de traficar”, aseguró. En numerosas partes del mundo, incluida la cercana Tailandia, el cannabis se ha regularizado.

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Pero este centro financiero asiático mantiene una de las leyes antidrogas más estrictas del mundo y asegura que la pena capital funciona como un disuasivo efectivo ante el narcotráfico. Sin embargo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU asegura que esta creencia es “un mito”.

La familia de Tangaraju pidió clemencia e intentó vanamente que se repitiera el juicio. Su ejecución es la primera en seis meses en Singapur y la duodécima desde marzo de 2022, cuando el país volvió a aplicar estas penas tras un paréntesis de más de dos años. Entre estas causó especial criticismo la sentencia contra Nagaenthran K. Dharmalingam, un malasio con discapacidad mental condenado por llevar 43 gramos de heroína.

Fuente: AFP.