La Policía Federal de Brasil ha citado para el próximo miércoles al expresidente del país Jair Bolsonaro para que comparezca en el marco de la investigación sobre los ataques a las instituciones democráticas por parte de simpatizantes bolsonaristas el pasado 8 de enero.

Bolsonaro tendrá que acudir a la sede de la Policía Federal en Brasilia, después de que el juez del Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) Alexandre de Moraes lo determinase así la semana pasada, indicando que es “indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados”.

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Moraes ha dado respuesta así a una solicitud del Ministerio Público, indicando que la Policía Federal tiene diez días para escuchar al exmandatario, según ha informado el portal G1. Según las investigaciones preliminares, Bolsonaro estaría vinculado con el asalto a las instituciones democráticas, por su responsabilidad al haber presuntamente alentado el ataque a los edificios de los tres poderes, así como por haber puesto en cuestión en repetidas ocasiones el sistema electoral brasileño.

Bolsonaro regresó a Brasil el pasado 30 de marzo tras pasar tres meses en Estados Unidos, cuando evitó estar presente en el acto de toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y mientras avanzaban las pesquisas sobre los ataques a las sedes de los tres poderes el 8 de enero.

El ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, Alexandre Padilha, considera que el expresidente Jair Bolsonaro “es responsable moral, espiritual y organizativo” de los ataques del 8 de enero y por tanto debería ser objetivo de la comisión parlamentaria mixta (CPMI) creada para investigar aquellos hechos.

“Apuntaremos hacia todos los responsables de actos terroristas (...) Durante sus cuatro años sembró el odio en este país, sembró el odio contra el Tribunal Supremo, contra la Judicatura, contra el sistema electoral brasileño. Se pasó el tiempo estimulando actitudes golpistas”, ha destacado.

Padilha también ha informado de que la comisión también investigará a aquellas personas y organismos que financiaron aquellos hechos. “Quien pagó esos ataques a la democracia debe ser castigado”, ha enfatizado, informa el diario ‘O Globo’.

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Asimismo, ha explicado que los trabajos de esta comisión tendrán un carácter más “político” y tienen el fin de complementar y ayudar a otras investigaciones ya abiertas por otras instancias, como las de la Policía Federal, o el Supremo.

“La CPMI tiene el primer objetivo de ser un espacio de confrontación política”, en donde rebatir, ha explicado, “esa tentativa de construir una narrativa conspiratoria absurda” en la que “las víctimas, el Ejecutivo, el Legislativo, o el Tribunal Supremo, la democracia, son los responsables de los actos terroristas”.

Fuente: Europa Press.