El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso en duda este miércoles el funcionamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha propuesto revisar su carta democrática.
“Les propongo rehacer la carta democrática, arreglar nuestras cuentas. No solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron los derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia”, declaró el mandatario colombiano durante su intervención en Washington.
Además, Petro señaló que en varios países de Latinoamérica se están violado los derechos políticos e hizo referencia a la situación política de Venezuela, Cuba y Perú. “Estoy luchando para que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deberíamos conversarlo con Cuba que nunca estuvo”, dijo, indicando que “la crítica” no consiste en mirar hacia un lado “polarizando” la situación.
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Así, aseguró que los mandatarios “desde los cargos que tenemos en nuestros pueblos podemos o volverla a romper o fortalecerla”. En este sentido, indicó que debe agregarse el derecho a la igualdad de género a la carta y deben primar los derechos de la naturaleza.
“¿Dónde están en la Carta los derechos sociales, los derechos del trabajador, los derechos de los y las indígenas a tener su cultura, su propia autonomía ancestral para hacer parte de este mundo contemporáneo?”, enfatizó Petro.
En cuanto a la situación en Perú, el presidente colombiano instó a prestar atención a los hechos que acontecen en el país andino: “¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía de la carta democrática?”
Petro hizo referencia así a Pedro Castillo, que se encuentra detenido después de que el pasado 7 diciembre anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a la posterior detención por la Policía del país.
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Fuente: Europa Press.
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Exigen a España tesoros indígenas y Portugal podría pedir perdón por las colonias
Colombia pidió a España la devolución del Tesoro Quimbaya, una colección con cientos de piezas de oro precolombino, con la que obsequió a la corona española a finales del siglo XIX, informó este miércoles el gobierno.
Solicitamos “el retorno de los bienes de interés cultural asociados a dicha colección que en la actualidad se encuentra en el Museo de América de Madrid”, se lee en una carta de los ministros de Culturas y Relaciones Exteriores de Colombia a sus homólogos españoles, filtrada por la prensa local.
El pedido “se enmarca dentro de (...) las políticas de descolonización de los museos” y busca “reivindicar la soberanía nacional”, agrega la misiva, fechada el 9 de mayo y cuya autenticidad fue confirmada a la AFP por un portavoz del ministerio de las Culturas de Colombia.
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El Tesoro Quimbaya está compuesto por 122 objetos, en su mayoría de oro, elaborados por un pueblo indígena homónimo que habitaba en el oeste de Colombia. Un cazatesoros lo vendió en 1891 al gobierno colombiano, que dos años después lo regaló a la corona española, según un fallo de la Corte Constitucional colombiana, que en 2017 ordenó al ejecutivo “repatriar” las piezas.
Es “la colección más completa y rica en objetos de oro que habrá en América, muestra del mayor grado de adelanto de los primitivos moradores de nuestra patria”, dijo en 1892 el entonces presidente de Colombia, Carlos Holguín, quien cedió las piezas a Madrid en “agradecimiento” por la mediación de España en una disputa limítrofe con Venezuela.
España defiende su “titularidad” sobre el Tesoro. Ambos países también se disputan el Galeón San José, una embarcación española cargada con valiosas piezas precolombinas que naufragó en 1708 en aguas que hoy corresponden a Colombia, donde aún permanece.
Tras llegar al poder en 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro ha gestionado la devolución de cientos de piezas indígenas que se encontraban en Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, España, Alemania y México, entre otros países.
La mayoría fueron sacadas de Colombia cuando en el mundo no existía claridad legal sobre el tráfico de bienes arqueológicos.
Desde 1997 la ley colombiana reconoce al Estado como propietario legítimo del patrimonio arqueológico nacional.
Pedir perdón
El gobierno portugués no iniciará un “programa específico” para indemnizar por su pasado colonial, pero no descarta pedir perdón por algunos episodios, indicó el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores.
“No habrá un proceso o programa de acciones específicas para indemnizar otros países por el pasado colonial portugués”, declaró Paulo Rangel en el Parlamento en un debate sobre las reparaciones históricas.
“Pero cuando sea justo pedir perdón, lo haremos (...) como por la masacre de Wiriyamu” en Mozambique, donde unos 400 civiles fueron asesinados en 1972 durante la guerra de independencia, agregó.
En 2022, los más altos representantes del Estado reconocieron la responsabilidad de Portugal. El ex primer ministro socialista Antonio Costa había pedido perdón por lo que calificó de “acto inexcusable”.
El asunto de eventuales reparaciones coloniales fue mencionado a finales de abril por el presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa, días antes del 50º aniversario de la Revolución de los Claveles, que instauró la democracia, puso fin a 13 años de guerras coloniales y abrió el camino a la independencia de ex colonias como Angola y Mozambique.
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“Somos responsables de lo que hicimos allá. (...) Hay que pagar los costos”, señaló entonces el presidente.
Fuente: AFP
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Colombianos realizan la mayor protesta contra Petro
Cientos de miles de personas protestan este domingo en las principales ciudades de Colombia, en la mayor manifestación que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro desde que llegó al poder hace veinte meses y en momentos en que su popularidad está en rojo.
El variopinto grupo de convocantes incluye organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro, y algunos antiguos aliados de izquierda con diversos clamores: rechazan sus proyectos para estatizar el servicio de salud, su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia.
“Yo voté por el cambio, por Petro, pero seguimos con lo mismo. Marcho porque sigo pensando que Colombia tiene alguna esperanza”, dice a la AFP Martha Estrada, pensionada de 64 años con un sombrero tricolor en Bogotá. En la capital la lluvia no detuvo a los manifestantes y decenas de miles se congregan en la central Plaza de Bolívar, vecina de la sede presidencial, constató la AFP.
Petro llegó al poder en agosto de 2020 como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras. Con 60% de desaprobación, según la encuestadora Invamer, el mandatario ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la plaza pública donde suele ser muy activo. En Cali (suroeste), Medellín (noroeste), Barranquilla (norte), Bucaramanga (noreste) y otras capitales, los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia, camisetas blancas y un grito al unísono: “¡Fuera Petro!”.
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“Marcha de las batas blancas”
Aunque el presidente no se ha pronunciado directamente, publicó en la red X el video de una vieja sátira de televisión, en el que la “clase dominante” protestaba. No es la primera manifestación contra el gobierno, pero sí la más multitudinaria. Uno de sus proyectos de reformas, el de la salud, dividió al país cuando el mandatario empezó a implementar por vía administrativa varios de sus ejes centrales ante las dificultades de lograr apoyos en el Congreso. El presidente aspira a reducir la participación de privados en la prestación de servicios sanitarios, y en los últimos días intervino varias de las entidades que sirven de intermediarias de los recursos entre el Estado y los hospitales, para controlar su presupuesto.
Expertos coinciden en que el sistema está en bancarrota y debe reformarse, pero algunos cuestionan la manera en que el gobierno pretende hacerlo. Con el nombre de “marcha de las batas blancas”, los médicos manifestaron su “desacuerdo con el actual manejo del sistema de salud por parte del gobierno”.
Según Invamer, el 56% de los encuestados en abril rechazaron que el gobierno “esté interviniendo algunas de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en Colombia para administrar directamente el sistema”. “Estoy aquí como ciudadano, médico y colombiano. (…) Como médico se ve el deterioro porque no hay medicamentos para dar a los pacientes, porque los pacientes demoran en la atención”, relata el doctor Julio Rivero, de 35 años, en Bogotá.
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Paz maltrecha
Manifestantes en distintas ciudades llevaban pancartas alusivas a la inseguridad, y a la violencia de rebeldes y narcos en el campo. “Este señor protege más a los malandros (criminales) de la guerrilla que a la gente buena de este país. (...) Es el momento de unirnos para que sienta que no somos los ricos, somos todos, la clase media trabajadora, que necesitamos un cambio”, dice Betty Ospina, manifestante de 67 años.
La ambiciosa política de “Paz Total” con la que el gobierno aspira desactivar seis décadas de conflicto armado sufre reveses. Sus detractores rechazan las concesiones que reciben los grupos armados en medio de las negociaciones de paz, pese a las frecuentes violaciones a lo pactado y las pocas muestras de voluntad de deponer las armas.
Las negociaciones con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sufrido varias crisis por asesinatos, secuestros y ataques a la fuerza pública.
Un 70% de los colombianos cree que el país está “empeorando”, según Invamer. Las protestas llegan además en medio de una crisis hídrica debido a una grave sequía que tiene a más de 10 millones de personas en racionamiento de agua en Bogotá. El fin de semana volvieron las lluvias, pero no han sido suficientes, según autoridades.
El presidente ordenó suspender la exportación de energía a Ecuador y el viernes decretó un “día cívico” con la solicitud de ahorrar agua y energía y “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo” en Bogotá. La medida fue vista por algunos críticos de Petro como un golpe a la convocatoria de protestas de este domingo.
Fuente: AFP.
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Argentina y Colombia anuncian vuelta de sus embajadores tras crisis
Los gobiernos de Colombia y de Argentina anunciaron este domingo por la noche la vuelta de sus respectivos embajadores para “superar cualquier diferencia” surgida tras la polémica riña entre el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo argentino, Javier Milei, que provocó una crisis a nivel diplomático.
“El gobierno colombiano ha dado indicaciones para que el embajador Camilo Romero regrese a Buenos Aires, al tiempo que concede el beneplácito al nuevo embajador propuesto por el gobierno argentino en Bogotá. El gobierno argentino, por su parte, ha anunciado la visita a Colombia de su ministra de Exteriores, Diana Mondino”, reza un comunicado conjunto.
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Los dos Ministerios de Exteriores mantuvieron conversaciones para “afianzar las relaciones diplomáticas”, de acuerdo a sus “tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos pueblos”, construidas por las respectivas diásporas que residen en sendos territorios.
La crisis comenzó después de que Milei tildase a Petro de “terrorista y asesino”, a lo que las autoridades colombianas respondieron con acusaciones contra el presidente argentino de “matón del pueblo” y con la expulsión de varios diplomáticos argentinos, entre los que destaca el embajador, Gustavo Alejandro Dzugala, en el cargo desde 2021 y nombrado por el expresidente Alberto Fernández.
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Fuente: Europa Press
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Reactivan oficina de Cicsi sobre DD. HH.
La Vicepresidencia de la República, bajo la administración de Pedro Alliana, tiene la presidencia de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva Responsable de la Ejecución de Acción de Cumplimiento de las Sentencias, Recomendaciones, Solicitudes y otros compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (Cicsi). La Vicepresidencia reactivó los trabajos en torno a esta comisión, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, del cual está al frente María Teresa Peralta.
La titular de esta dirección explicó cuáles son las funciones y las acciones que están llevando adelante, bajo las estrictas indicaciones del vicepresidente Pedro Alliana. La Cicsi fue reactivada en una reunión realizada el 6 de febrero entre Alliana y altas autoridades del Poder Ejecutivo.
“Nosotros tenemos un lineamiento técnico de funcionamiento y la Vicepresidencia de la República del Paraguay ostenta la presidencia de la Cicsi, la Comisión Interinstitucional Ejecutiva y responsable del cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene el país en materia de Derechos Humanos, llámese sentencias, recomendaciones, solicitudes, acuerdos, resoluciones amistosas, también que tenemos”, explicó en entrevista para La Nación/ Nación Media.
Peralta explicó que esta Dirección de Derechos Humanos funciona en dos niveles integradas por máximas autoridades, que son los ministros de las distintas carteras del Estado y el Consejo Asesor Consultivo, que son los asesores técnicos operativos de la dirección. “Todos estamos compelidos al cumplimiento de un decreto, que es como nuestra biblia, que es el que crea el Cicsi, dando cumplimiento a lo que ordena ese decreto. El pasado 6 de febrero, el vicepresidente Alliana, a fin de darle seguimiento a todos los casos, convocó a una reunión del Cicsi. Se trataron varios temas”, indicó.
Asimismo, detalló que el objetivo es dar seguimiento y soluciones concretas a fin de dar la imagen a Paraguay del cumplimiento pleno de las sentencias y recomendaciones dictadas por las instancias internacionales. “La idea es darle ese seguimiento y la solución concreta, como nos indica el vicepresidente Pedro Alliana. Nosotros lo que queremos es darle esa imagen a nuestro país de cumplimiento de las sentencias; de hecho, se están dando cumplimientos a las sentencias que emanan, ya sea de la Corte Interamericana o las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó. Además, se abarcan los casos que se encuentran y son dictadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).