Cinco personas han sido detenidas por el incendio en un centro de detención migratorio de la mexicana Ciudad Juárez (fronteriza con Estados Unidos), que dejó 39 muertos y 27 heridos el pasado lunes, informó este jueves la Fiscalía General.

“Ya se ejecutaron cinco” órdenes de aprehensión, dijo la fiscal especializada en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, en una conferencia de prensa en la que se detalló que los fallecidos fueron 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano. “En el transcurso del día se da la audiencia de imputación y vinculación, eso quiere decir que ya fueron puestos a disposición del juez”, añadió la fiscal.

La funcionaria precisó que un juez giró en total seis órdenes de arresto contra tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos vigilantes privados y un migrante que habría iniciado el incendio, señalados de homicidio doloso y lesiones. Sin embargo, no especificó quiénes fueron los detenidos.

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En la misma conferencia, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, reveló la nacionalidad de las víctimas mortales y dijo que los heridos son 5 salvadoreños, 10 guatemaltecos, 8 hondureños y 5 venezolanos. De ellos, solo uno fue dado de alta. Rodríguez anunció que el gobierno evalúa la ayuda que prestará a las familias de las víctimas, al tiempo que inició un proceso administrativo para revocar el contrato e imponerle una multa a la empresa a cargo de la seguridad del recinto.

El incendio en la estación del INM se desató la noche del lunes, luego de que al menos un migrante prendiera fuego a colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades. El miércoles, las autoridades señalaron que el personal a cargo del centro de detención no hizo nada para evacuar a los migrantes y que ocho personas habían sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión.

A la indagatoria de las autoridades fue incorporado también un video de vigilancia en el que se observa cuando inician las llamas sin que aparentemente los encargados abrieran la celda donde estaban los migrantes detenidos. La tragedia puso de relieve el duro trato que reciben los migrantes. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala que desde 2014 unas 4.400 personas han muerto o desaparecido en la frontera de 3.180 km entre México y Estados Unidos.

Las políticas del presidente Joe Biden obligan a los ciudadanos de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití a pedir asilo desde los países por los que transitan o a gestionar citas en línea. El demócrata es acusado por la oposición republicana de haber perdido el control de la frontera, con más de 4,5 millones de personas sin papeles interceptadas en esa región desde que asumió el cargo.

Las circunstancias del incendio del lunes pasado evidencian los costos que México asumió para aplicar las políticas que Washington impuso durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021) y que persisten bajo el de Joe Biden.

“Lo que pasó en Ciudad Juárez es la olla de presión de las políticas de Estados Unidos”, dijo a la AFP Eunice Rendón, especialista en migración. Se refiere a la acumulación de decenas de miles de extranjeros en la frontera como consecuencia de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP o “Quédate en México”) y el Título 42, decretos de la era Trump.

Como parte de esas medidas, México recibe a las personas rechazadas por autoridades estadounidenses o que aguardan sus audiencias. El Título 42, que expira en mayo, autoriza expulsiones exprés bajo la excusa de la pandemia, mientras el MPP -ya desactivado- obligaba a los migrantes a esperar en México respuesta a sus solicitudes de asilo o refugio.

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Como excepción al Título 42, Biden activó una aplicación móvil -CBP One- para pedir citas de asilo, que según los migrantes está saturada. Solo en el año fiscal 2022 se contabilizaron 2,3 millones de arrestos y expulsiones, cinco veces más que en 2020. Los migrantes permanecen en las ciudades fronterizas sin empleo ni recursos, lo que incluso ha “dañado” su salud mental, advierte Rendón.

Los albergues están desbordados y muchos viven en la calle, poniendo presión en localidades como Ciudad Juárez o Matamoros. Aun así, prefieren esperar en la frontera por una respuesta o para intentar un cruce ilegal. México registró el ingreso de 388.611 indocumentados entre enero y noviembre de 2022, 34% más que en el mismo periodo de 2021.

Días antes de la catástrofe, que dejó además 27 heridos graves, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, advirtió que la “paciencia” hacia los migrantes se estaba “agotando”. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que desde 2014 unas 4.400 personas han muerto o desaparecido en esta frontera de 3.180 kilómetros.

Desde 2019, el gobierno mexicano desplegó más de 20.000 militares en sus fronteras, bajo la amenaza de sanciones comerciales de Trump. Así buscaba contener el ingreso de migrantes desde Centroamérica y que se repitieran caravanas como las de 2018.

“Las autoridades mexicanas siguieron colaborando con las estadounidenses para impedir que personas de otros países buscaran seguridad en Estados Unidos”, señaló Amnistía Internacional en su informe anual sobre los derechos humanos publicado esta semana. Según esa organización, agentes mexicanos recluyeron al menos a 281.149 personas en “centros de detención migratoria masificados” y expulsaron a unas 98.299, mayoritariamente centroamericanas, incluyendo a “miles” de menores no acompañados.

A México “le está tocando ese papel de hacer el trabajo sucio”, dice Rendón, quien reconoce, no obstante, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado una política “más humanista” hacia los migrantes, como en el otorgamiento de asilo. También financia programas sociales en países centroamericanos y ha apoyado planes estadounidenses para admitir a miles de venezolanos.

La tragedia en Ciudad Juárez puede ser un hito para que México renegocie los términos de cooperación migratoria y exija más apoyo a Washington, coinciden analistas. “Otros países que han tenido que hacerles el trabajo sucio a sus vecinos más poderosos (...) negocian de un modo que les permite desempeñar ese amargo papel de una manera mínimamente digna”, declaró el analista político Carlos Bravo Regidor al canal ForoTV.

Turquía, el caso más citado por los expertos, logró en 2016 que la Unión Europea le pague miles de millones de euros por acoger a 3,5 millones de sirios. Reconocen, no obstante, que López Obrador ha rentabilizado este papel en coyunturas como la pandemia, cuando recibió vacunas de Estados Unidos, y negociaciones internacionales sobre reducción de cuotas petroleras. “Lo más importante en este caso no debería ser el gobierno, sino los propios migrantes que son los que terminan pagando todo el costo de esa mala negociación mexicana”, apunta Bravo Regidor.

Rendón sugiere, por su parte, que mecanismos de cooperación vigentes como el “acuerdo bicentenario” -enfocado en combatir el tráfico de drogas y armas- sirvan para obtener recursos para oenegés que apoyan a migrantes y para el propio gobierno, que está “rebasado en su capacidad para atender los flujos” migratorios. De hecho, López Obrador ha sido particularmente crítico con la negativa del Congreso estadounidense de otorgar fondos a Biden para enfrentar la crisis.

Fuente: AFP.