La Justicia de Ecuador ha denegado este viernes pasado el recurso ‘habeas corpus’ que habían solicitado el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, con el que pretendían no tener que presentarse periódicamente en una sala penal del Tribunal Nacional de Ecuador y hacerlo en cambio en la Embajada de Ecuador en Paraguay, donde se encuentran actualmente.

A Moreno y González se les investiga, junto con otras 35 personas, por presuntos delitos de cohecho en el caso ‘Ina Papers’ y cuyo perjurio económico asciende a más de 70 millones de euros. La defensa del expresidente presentó esta solicitud alegando que la mala salud del exmandatario no le permite realizar el viaje a Quito.

El recurso ‘habeas corpus’ permite que una persona detenida o privada de su libertad, que considere que su arresto es ilegal o no está lo suficientemente justificado, pueda ser llevado de inmediato ante la autoridad jurídica correspondiente para que resuelva la situación de legalidad o ilegalidad de la detención.

Los magistrados a cargo de este caso, sin embargo, han negado que Moreno o González se encuentren privados de su libertad, como informa el diario ‘La República’, ni están incomunicados o sufren trato degradante y no corresponde la solicitud del ‘habeas corpus’, por lo que a partir del lunes 20 de marzo deberán comenzar a presentarse a la sala correspondiente cada 15 días. Asimismo, el lunes se tendrá también lugar una audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas contra Moreno y otros seis procesados.

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La Fiscalía General de Ecuador ha solicitado prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno y seis familiares, así como otras 30 personas por la supuesta comisión de un delito de cohecho en el caso ‘Ina Papers’ y cuyo perjurio económico asciende a más de 70 millones de euros.

Alegando un riesgo de fuga para los investigados, el Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares contra los imputados para “garantizar su presencia en las siguientes etapas del proceso penal”. No obstante, 14 de los 37 procesados --entre los que se encuentra el exmandatario-- deberían sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, pues tienen más de 65 años, ha informado ‘El Comercio’.

La Constitución de Ecuador recoge que a las personas de la tercera edad se les debe dictar arresto domiciliario y no prisión preventiva, como es en el caso de Lenín Moreno, quien tiene 69 años. Ahora la decisión cae en mano del juez encargado del caso ‘Ina Papers’, Adrián Rojas, quien debe analizar si acepta o no la petición de la Fiscalía tomando en consideración la opinión de los abogados de los procesados.

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El caso ‘Ina Papers’ estalló en 2019, cuando se conocieron supuestas irregularidades relacionadas con empresas ‘offshore’ y con personas del entorno cercano de Moreno, entonces presidente del país y quien en aquel momento ya negó su participación en la presunta trama de corrupción.

Según la fiscal general, Diana Salazar, los 37 procesados se beneficiaron supuestamente con cerca de 76 millones de dólares (71 millones de euros) dentro de un entramado de corrupción de carácter “interestatal y transnacional” relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Las pesquisas señalan que las acciones ilícitas se habrían perpetrado entre 2009 y 2018.

En el listado de personas contra las que se presentarán cargos destaca Rocío González, esposa del exmandatario, e Irina Moreno, hija en común de la pareja. Las investigaciones también salpican a dos hermanos y dos cuñadas del expresidente, así como al exembajador chino en Quito Cai Rungo.

Fuente: Europa Press.