El exmandatario de 53 años Pedro Castillo deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos. Este jueves pasado, la justicia peruana extendió a 36 meses la prisión preventiva por presunta corrupción al expresidente, quien responde desde la cárcel por cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre.

En una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso. “Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, señaló el Poder Judicial en Twitter.

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Castillo hizo una corta intervención ante la cámara desde la cárcel para expresar su desacuerdo con la medida: “Vamos a hacer lo que la ley me faculta: apelaremos”, dijo. El magistrado también dispuso 36 meses de prisión preventiva al exministro de Transportes Juan Silva, prófugo de la justicia, mientras que un exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, seguirá el proceso en libertad.

Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando supuestamente intentaban huir de manifestantes que los atacaron a pedradas en la región de Puno.

El martes, durante una audiencia previa, Castillo dijo sentirse “secuestrado injustamente” al negar ante un juez los cargos de corrupción por los que seguirá preso. “Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la república”, afirmó.

Con tono vehemente se defendió de los señalamientos en contra: “Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!”, agregó. La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigen su renuncia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.

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Fuente: AFP.