La presidenta de Perú, Dina Boluarte, será interrogada el martes en persona por la fiscalía en el marco de la investigación para determinar su responsabilidad en las muertes en las protestas contra su gobierno, informó el domingo la defensa de la mandataria. Boluarte tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto, dijo su abogada defensora Kelly Montenegro al diario El Comercio. “Si la fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial”, agregó al diario El Comercio.

“Nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público”, dijo la letrada. Boluarte había dicho el viernes que “yo estaré asistiendo con sumo agrado para contestar las preguntas que me hicieran”. La fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

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El jefe de gabinete, Alberto Otárola (exministro de Defensa), el exministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete Pedro Angulo, también están incluidos en la investigación a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El día de su comparecencia, Boluarte cumple tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta al mandatario Pedro Castillo, quien fue detenido tras ser destituido por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido golpe de Estado, en momentos que que era sometido a investigaciones por presunta corrupción.

Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Su caída tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023.

Una comisaría incendiada

Al menos 16 heridos, diez civiles y seis militares, y una comisaría incendiada dejó este sábado un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante protestas en la región andina de Puno contra la presidenta Dina Boluarte, informaron las autoridades. Las acciones ocurrieron en la ciudad de Juli cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Boluarte, quien éste siete de marzo cumple tres meses en el poder tras asumir en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo destituido por el Congreso tras un fallido golpe de Estado el pasado siete de diciembre.

La Defensoría del Pueblo instó a la calma y a evitar actos de violencia en un comunicado difundió a través de la red social Twitter luego que los primeros reportes de las autoridades señalaran cinco heridos. “Hacemos un llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli. Hasta el momento hemos verificado 16 heridos (10 civiles y 6 de FF. AA.) tras enfrentamientos entre pobladores y fuerzas del orden y el incendio de la Comisaría PNP de Juli”.

El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad, conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar a una masiva manifestación. Dicha acción provocó la reacción de una turba que atacó e incendió la comisaría, según imágenes difundidas por las redes sociales. La red de Salud de la provincia de Chucuito, dependiente del ministerio de Salud, indicó que los heridos fueron dirigidos al hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, aunque sin precisar el estado en que se hallaban ni el tipo de heridas.

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La Policía Nacional de Perú señaló en un comunicado que “personas desconocidas atacaron las instalaciones de la Comisaría de Juli en Chucuito-Puno, generando disturbios y ataques a las fuerzas del orden. Pedimos respeto a la población; asimismo, rechazamos actos de violencia que ponga en riesgo a la ciudadanía”. La comisaría estaba vacía al momento del ataque con bombas incendiarias y el fuego se expandió a toda la sede, según un canal de televisión local.

Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones al 2023. Castillo, un maestro rural de 53 años y líder gremial, cumple desde diciembre 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. El expresidente peruano, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre cuando llevaba 17 meses en el poder.

Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional. La policía lo detuvo cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder desde entonces.

Fuente: AFP.

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