El Congreso de Perú bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones, cerrando una de las rutas para renovar a la presidenta y al propio parlamento, un clamor que sacude al país con protestas desde diciembre, con saldo de 48 muertos.

Tal situación se propició luego que la Comisión de Constitución parlamentaria rechazó debatir una iniciativa presentada por la mandataria Dina Boluarte, que planteaba adelantar las elecciones presidenciales y congresales a octubre de 2023, argumentando un tecnicismo procedimental.

“El reglamento del Congreso estipula bien claramente que una materia archivada no puede volver a discutirse en la comisión hasta pasada una legislatura”, dijo a periodistas Alejandro Cavero, congresista del partido derechista Avanza País, promotor de la votación con la que se descartó la propuesta del Ejecutivo.

Lea más: Maduro consolida relación con Irán ante “presiones externas”

El legislador alegó que el tema de la iniciativa ya había sido tratado en varios debates previos del Parlamento. Según las leyes peruanas, tanto la Presidencia como el Legislativo tienen un mandato legal de cinco años que se cumple en julio de 2026.

El reglamento del Congreso establece que una “misma proposición” no podrá presentarse “hasta el siguiente período anual de sesiones”, el cual comienza a finales de julio de cada año. “El adelanto de elecciones no puede tratarse hasta la próxima legislatura anual, tendría que esperarse hasta agosto de este año”, estimó Omar Cairo, constitucionalista y profesor de la privada Pontificia Universidad Católica.

Pero el ascenso de Boluarte, que en su calidad de vicepresidenta asumió el cargo en diciembre luego de que el mandatario Pedro Castillo fuera destituido y arrestado tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, provocó un estallido de protestas exigiendo su renuncia. Ante ello, Boluarte pidió al Congreso anticipar los comicios generando un desfile de iniciativas y debates legislativos infructuosos, que incluyeron adelantar los comicios a 2024 o este mismo año, o realizar un referéndum para decidir si se realiza una asamblea constituyente.

Ninguna de las propuestas ha completado el procedimiento requerido, con lo que la fecha prevista para los comicios se mantiene hasta 2026. “Políticamente no hay voluntad. El Congreso le ha dicho al país hoy que ‘nos queremos quedar hasta 2026′”, dijo Cairo a la AFP.

Por ahora, según expertos, la única opción de anticipar las elecciones sería una renuncia de Boluarte, que llevaría al presidente del Congreso, José Williams, a asumir el mando para convocar de inmediato a comicios. “Boluarte tendría que seguir hasta 2026, que para eso juramentó. O renunciar y ahí forzosamente sí asume transitoriamente el presidente del Congreso y convoca a elecciones”, explica el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga.

Lea también: Colombia informa pasaje de un presunto globo por su territorio

En tanto, las protestas en las calles de Lima continuaron este viernes. “Por culpa del Congreso el pueblo está en las calles”; “Dina y el Congreso la misma porquería”, corearon decenas durante una marcha desde la Plaza Dos de Mayo hasta la Plaza San Martín, en pleno centro histórico de Lima.

Este viernes la Conferencia Episcopal Peruana emitió una carta dirigida a los congresistas, expresando que “urge su decisión en el adelanto de las elecciones para salvaguardar nuestra institucionalidad democrática”. El sábado se prevén grandes manifestaciones en la capital y en otros puntos del país, mientras que siguen activos alrededor de 80 bloqueos de carreteras en siete regiones del país.

El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días a siete regiones del país en medio de incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que han dejado 48 muertos, informó este domingo el diario oficial. Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios (este), y de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sur-sureste del país.

El estado de excepción, que también está vigente hasta mediados de febrero en las regiones de Lima, donde se encuentra la capital, y El Callao, sede de las principales terminales marítima y aérea del país, otorga “el control del orden interno” a la policía y las fuerzas armadas.

La medida restringe o suspende “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, detalló el diario oficial. El decreto también declara la “inmovilización social obligatoria” de personas desde las 20:00 hasta las 4:00 durante 10 días en el departamento de Puno, con excepción de aquellas que lo hagan para desempeñar actividades productivas o laborales o quienes requieran atención médica urgente.

En dicha región del altiplano, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, el decreto dispone que el Comando Conjunto de las fuerzas armadas asuma el mando unificado de soldados y policías. Cruentos enfrentamientos el pasado 9 de enero en Juliaca, una de las principales ciudades puneñas, dejaron un saldo de 19 personas muertas, incluido un policía, mientras que los bloqueos de vías en la frontera con Bolivia mantienen en parálisis y tensión la vida de esa región.

En Lima, una multitudinaria marcha de campesinos, civiles y estudiantes en contra del gobierno de Boluarte y pidiendo el cierre del Congreso culminó el sábado con enfrentamientos en el centro de la ciudad. La protesta se realizó un día después de que el Parlamento bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales.

Con esta decisión, basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad de renovar la Presidencia y el Congreso en 2023, como claman los manifestantes desde diciembre. Boluarte reemplazó al expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Fuente: AFP.